La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento del procedimiento y destino de mercaderías sin titular conocido, sin declarar, en situación de rezago o abandono a favor del Estado Nacional, destinadas en la Dirección General de Aduanas conforme al régimen de la ley 25.603 y sus normas reglamentarias, desde el año 2002, en especial detalle:

a) Mercaderías puestas a disposición de la Secretaría General de la Presidencia: detalle los procedimientos, pormenorizando objetos y cantidad;

b) Destino de las mercaderías: detalle por provincia, repartición, organismo y organización civil que hayan sido destinatarios;

c) Casos de distribución de juguetes que contienen el químico ftalato: detalle la intervención de la Justicia Federal;

d) Sentencias dictadas contra el Estado Nacional: detalle los montos indemnizatorios y costos y costas judiciales;

e) Denuncias presentadas por comerciantes que no pudieron recuperar mercadería no comprendida en el régimen: detalle procedimientos administrativos y judiciales, pormenorizando objetos y cantidad;

f) Destino que se le dio a la mercadería que quedó como no comprendida en el régimen; y

g) Procedimientos de control y auditorías llevadas a cabo en la Dirección General de Aduanas, respecto del objeto de este pedido de informes.

Señor presidente:

Ponemos a consideración de nuestros pares este pedido de informes, para conocer la información oficial que obre respecto de las mercaderías sin titular conocido, sin declarar, o en situación de rezago o de abandono a favor del Estado Nacional, destinadas en la Dirección General de Aduanas conforme al régimen de la ley 25.603.

La ley 25.603 establece en sus artículos 4 y 5 un sistema por el que la Aduana pone a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación toda mercadería básica y de primera necesidad (alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir, calzados y medicamentos) y aquella que sea útil a las actividades del Estado, cuando estén sin titular conocido, sin declarar, en situación de rezago o abandono a favor del Estado Nacional. El objetivo de esta puesta a disposición de las mercaderías es que éstas sean afectadas para su utilización por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a su ejecución.

Pese a que la ley estaba vigente desde el año 2002, su reglamentación se perfeccionó con el decreto 1805/2007 y la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 2608/2009; esta última creó el "Sistema de Registro y Reporte de la Mercadería puesta a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación" (SIREME), procedimiento mediante el cual la Secretaría acepta las mercaderías y las pone a disposición del organismo que determine.

Sin embargo, el 8 de marzo fuimos sorprendidos con una noticia del diario La Nación, que reportaba el secuestro por la Aduana de una remesa de 49.000 artículos en locales para niños, entre los que habría algunos con contenido de una sustancia tóxica, el ftalato (usado en la plastificación de juguetes), así como otros que no habían sido contrabandeados, por lo que no estaban comprendidos en el SIREME. El hecho es que los artículos habrían sido distribuidos por la Secretaría General de la Presidencia y que un Juzgado Federal de Córdoba habría condenado al Estado porque los comerciantes no pudieron recuperar la mercadería.

En este marco, solicitamos la información sobre la posible distribución de objetos con contenido tóxico para los niños y el eventual mal desempeño de funcionarios que dispusieron de mercadería que no estaba comprendida en el sistema de la ley 25.603.

Asimismo nos parece importante preguntar sobre toda la operatoria del sistema de disposición de este tipo de mercadería, considerando que la discreción con que parece decidirse su destino, nos impulsaría a generar modificaciones que adecuen el régimen legal a criterios objetivos.

Por los motivos expuestos, pedimos el acompañamiento de nuestros pares en la aprobación de este pedido de informes.