La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar para su interpelación -de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación- al Ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, y al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una sesión abierta de la Cámara de Diputados, a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores nacionales sobre la reforma de Defensa que le dará mayor poder y atributos al Estado Mayor Conjunto de las tres Fuerzas Armadas para la intervención en materia de seguridad interior, en el territorio nacional, bajo el pretexto del combate al terrorismo y el crimen organizado. Se solicita asimismo que informe acerca de los planes de compra de nuevos armamentos y la posibilidad de tercerización y despidos de trabajadores (personal no militar) de dicho Ministerio.

Señor presidente:

El presidente Macri aprobó una reforma de la Defensa que fue presentada como una vía para “establecer una fuerte unidad entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas, dándole más atributos al Estado Mayor Conjunto”. También se anunció que esta reforma “se irá implementando a partir de una serie de pasos, que incluirán igual decretos parciales o resoluciones específicas del presidente y su ministro, Oscar Aguad” (Clarín; 12/03/2018). En sintonía con ello, se informó que el gobierno “prestará cada vez más apoyo logístico a una serie de actividades para combatir el llamado crimen organizado, por aire, tierra, agua y el ciberespacio”. Aunque dicho pomposamente, estas palabras no son más que el sambenito repetido por todos los gobiernos para reforzar la intervención de las FFAA en materia de seguridad interior, es decir, en la represión a las luchas populares dentro de las fronteras nacionales.

El fortalecimiento de las FFAA, en el marco de un plan de guerra contra los trabajadores (reforma previsional, laboral, despidos), persigue el objetivo de reforzar el papel represivo del Estado ante los reclamos y crecientes movilizaciones de quienes viven de su trabajo en todo el país. Macri busca de esta manera continuar el trabajo iniciado por el kirchnerismo para reforzar la injerencia del Ejército y el resto de las armas en la vida política y social. Antes con la excusa de la “ayuda humanitaria” en los barrios y sectores carenciados, ahora en nombre de la participación de las FFAA en el “combate contra el terrorismo y el crimen organizado”: precisamente lo que reclama el imperialismo yanqui en toda América Latina para legalizar su participación en materia de seguridad interior.

“El cambio en la concepción del enemigo” reconoce explícitamente que la defensa nacional no estará orientada a combatir un posible ataque de un Estado extranjero, sino a enfrentar una “guerra híbrida” –un eufemismo para aclarar que no habrá acciones beligerantes contra otros Estados, sino hacia el interior de las fronteras nacionales. Traducido: volvemos al relato del combate contra el “enemigo interno” –ahora denominado “híbrido”. Este giro represivo y el retorno a las tesis más trágicas que guiaron el accionar del Ejército y las FFAA durante la última dictadura cívico-militar no son casuales. Las reformas en Defensa que anunció el presidente han sido precedidas por el pedido de su gobierno a la Justicia para que 96 genocidas sean excarcelados, entre ellos personajes emblemáticos como el ‘Tigre’ Acosta o Alfredo Astiz – lo que de ser aprobado significaría un beneficio a los genocidas de mayor alcance que el indulto menemista. Estos hechos están inevitablemente conectados porque la impunidad que pretenden para los militares juzgados por delitos de lesa humanidad es una condición necesaria de su política para reinsertar a las FFAA en acciones de represión interior.

Desde el Ministerio de Defensa han informado asimismo que ahora los militares pasarán a ser custodios de “zonas estratégicas políticas y económicas, entre ellas las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares”. También las áreas mineras y petroleras son zonas estratégicas de este tipo. Tenemos entonces que los militares custodiarían recursos naturales como Vaca Muerta – una de las “zonas estratégicas” que están siendo saqueadas por parte de grandes grupos capitalistas amparados por el gobierno. ¿Contra quién van a defenderlo? ¿Contra los mapuches que reclaman el derecho a sus tierras ancestrales y denuncian la expulsión que sufren y la depredación ambiental? ¿Contra los obreros petroleros que luchan por recuperar salarios y conquistas arrebatadas por este gobierno en colusión con una burocracia sindical corrupta? Lo mismo sucede con la minería a cielo abierto, que ha motivado importantes puebladas en regiones como Catamarca y San Juan, contra las terribles consecuencias de esta actividad sobre el medio ambiente y la salud y condiciones de vida de quienes habitan en estas regiones. ¿Tendremos a los militares combatiendo a los lugareños que reclaman por su derecho a una vida saludable y libre de contaminación? ¿Este es el “nuevo enemigo” que enfrentarán las FFAA en defensa de la Barrik Gold, Chevron y otros pulpos monopólicos? Recordemos que Patricia Bullrich calificó a las comunidades mapuches de la Patagonia como terroristas, para justificar la represión que terminó con el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. “El enemigo híbrido” va tomando forma.

Se ha anunciado asimismo que habrá cambios en “la administración de los recursos humanos, su educación, los distintos sistemas de armas, los sistemas de adiestramiento, la logística, la gestión de la información, los sistemas de comando y control, la ciberdefensa y la doctrina", y “en la educación militar, en la que el factor del entrenamiento físico no será el central”. El aspecto educativo no es para nada menor, cuando venimos de un Decreto (721/2016) que, entre otras atribuciones, ha autorizado a que los altos mandos de las FFAA incorporen “personal retirado” para realizar tarea docente -categoría dentro de la cual están cobijados muchos militares acusados de haber sido parte del genocidio de la dictadura. (Esto va acompañado de proyectos similares para el Sistema Penitenciario e Institutos de menores, donde serán excluidos personal docente de carrera por personal penitenciario ‘capacitado’ a tal fin).

Esto se inscribe en el operativo de “reconciliación” con los militares genocidas, que en el pasado reciente llevó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a designar a César Milani al frente del Ejército, y ahora se expresa en múltiples intentos de avanzar con beneficios a los represores de la dictadura, como los ya citados pedidos de excarcelación.

Por otro lado, esta reforma tiene sus costos: para 2019 se espera un aumento del presupuesto en Defensa del 0.85% a 1% del PBI, que podría llegar al 1.3%, ¡en un país que no tiene ninguna hipótesis de conflicto militar con algún Estado extranjero! Lo que abunda en este país es el conflicto social y la lucha de los trabajadores ante el plan de guerra que Macri y los gobernadores de todos los bloques políticos quieren llevar adelante contra la clase obrera. Esto, y la penetración represiva del imperialismo dentro de nuestro territorio nacional, son los verdaderos motivos de fondo detrás de esta política.

Tenemos entonces que, en un contexto de ajuste, despidos y recorte presupuestario de áreas sensibles, el gobierno anuncia un aumento presupuestario para una inversión en tecnología, equipamiento y armas para estos objetivos de represión interior. Se ha informado asimismo que “Israel, Estados Unidos, China, son los países que la administración actual considera como fuentes de compras o convenios de cooperación para la adquisición de tecnología y software”. No es un dato menor, porque el relato de “la lucha contra el terrorismo” es precisamente el discurso que baja desde los EEUU para justificar la penetración de sus fuerzas armadas y su diplomacia en los países de la región. Desde que asumió, la ministra Patricia Bullrich ha suscripto distintos acuerdos con el Estado de Israel en materia de seguridad. Detrás de estos acuerdos comerciales, que le garantizan a las empresas sionistas la compra de armamentos y material para espionaje, está el visto bueno de la DEA y el Pentágono.

Mientras incrementan el poder del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ya han hecho trascender un ajuste contra los trabajadores del Ministerio de Defensa. Según Clarín, hay áreas –las que integran personal no militar- que serán tercerizadas. Se trata de trabajadores que se desempeñan como técnicos, profesionales y administrativos que serán despedidos o tercerizados. Es la política de la “reforma laboral” contra los derechos laborales. El antecedente más directo de ello son los más de 70 despidos de dicho ministerio producidos en diciembre del año pasado -hace apenas tres meses.

Esta reforma forma parte de toda una política en la que se ha empeñado el gobierno nacional de rescate de las FFAA para la represión interior y de reforzamiento de la penetración del imperialismo en la región. Hemos solicitado recientemente en esta misma cámara la interpelación a la Ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, para que brinde explicaciones por la intención de instalar bases de la DEA norteamericana en la provincia de Misiones. Anterior en el tiempo, tenemos el nefasto decreto 721/2016, mediante el cual se restringió el control político y civil sobre las Fuerzas Armadas, profundizando la política pro-impunidad, de “reconciliación” con los militares genocidas, y de reforzamiento del papel de las FFAA en la esfera política y social interna del país –sobre el cual hemos presentado un proyecto de ley que determina su anulación.

Por todos estos motivos, solicitamos a los señores diputados que acompañen el presente pedido de interpelación.