El Senado y Cámara de Diputados...

LEY DE INCREMENTO PRESUPUESTARIO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Artículo 1°: La presente Ley tiene por objeto establecer un incremento progresivo y continuo del gasto de la Administración Pública Nacional –APN- destinado a financiar la función “ciencia y técnica” a los efectos de alcanzar en el año 2025 la meta del 1% del PBI reafirmando el rol estratégico de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social del país.

Artículo 2°: A partir de la promulgación de la presente Ley el porcentaje del presupuesto nacional anual destinado a la función “ciencia y técnica” de cada ejercicio deberá contemplar los incrementos previstos en el artículo 4° de esta Ley.

Artículo 3°: El incremento del presupuesto anual asignado a la función “ciencia y técnica” será utilizado para:

i) Contribuir al cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley 25.467

ii) Aumentar y mejorar la infraestructura y el equipamiento destinados a las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

iii) Fortalecer y desarrollar nuevos instrumentos de financiamiento de proyectos orientados a la investigación científica, tecnológica, y la innovación productiva.

iv) Promover la formación e inserción apropiada de recursos humanos altamente calificados.

v) Desarrollar las condiciones de trabajo adecuadas para que esos recursos humanos altamente calificados generen conocimiento que mejoren la calidad de vida de nuestra sociedad.

vi) Fomentar las vocaciones científicas promoviendo la investigación en las carreras de grado de las universidades nacionales

vii) Impulsar la federalización de la producción y apropiación del conocimiento científico y tecnológico priorizando aquellas zonas menos favorecidas del territorio nacional.

viii) Fomentar la innovación productiva y la aplicación de la ciencia y la tecnología para su empleo por la industria nacional, para satisfacer las necesidades de la población, así como para incrementar las exportaciones de productos nacionales.

ix) Impulsar la innovación inclusiva destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y facilitar la integración social de sectores excluidos de la población.

x) Desarrollar instrumentos que fomenten el desarrollo de empresas de base tecnológica, así como la creación de aglomerados productivos destinados a generar bienes y servicios intensivos en conocimiento.

xi) Impulsar los mecanismos para incrementar la inversión del sector privado en actividades de Investigación y el Desarrollo (I+D).

xii) Contribuir al cambio de la matriz productiva incorporando conocimientos y tecnologías que generen agregado de valor en la producción.

Artículo 4°: A los efectos de alcanzar la meta del 1% del Producto Bruto Interno establecida en el artículo 1° de la presente Ley, la función “ciencia y técnica” del presupuesto nacional se incrementará anualmente en un porcentaje no menor a 0,08 del PBI calculado sobre el ejercicio del año anterior.

Artículo 5°: En los ejercicios fiscales en donde no haya aumento del PBI la meta anual del incremento del gasto de la APN en la función “ciencia y técnica” no podrá experimentar ninguna modificación por fuera de lo establecido en esta Ley.

Artículo 6°: La Autoridad de Aplicación de la presente Ley acordará con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), la implementación e instrumentación de políticas destinadas a cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 3° de la presente Ley.

A tal fin, se establecerán los programas, actividades y acciones que serán desarrollados para coadyuvar al cumplimiento de dichos objetivos, así como para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comiencen a financiar al sector científico-tecnológico hasta llegar hacia el mismo año establecido en el artículo 1° de esta Ley, al 0,5% de cada PBI provincial.

Artículo 7°: La Autoridad de Aplicación de esta ley llevará a cabo convenios bilaterales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que podrá disponer, durante los primeros 5 (cinco) años de la implementación de esta Ley, de los recursos financieros necesarios para contribuir al desarrollo de organismos e instrumentos de política de jurisdicción provincial que sirvan al cumplimiento posterior de la meta de 0,5% previsto en el artículo anterior.

Artículo 8°: El Poder Ejecutivo Nacional designará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Artículo 9°: El titular de la Autoridad de Aplicación deberá informar a las Comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas Cámaras al menos una vez por año sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. La reglamentación de la presente debe generar un mecanismo de publicidad que asegure amplio acceso y difusión de la evolución y resultados de su aplicación.

Artículo 10°: La presente Ley debe reglamentarse en un plazo de noventa (90) días, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Artículo 11°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Luego de la profunda crisis política, económica y social por la que atravesó la Argentina durante los años 2001-2002, y a partir del proceso de recuperación económica comenzado en 2003, el presupuesto para ciencia y tecnología aumentó sostenidamente, lo que ha constituido uno de las características del período que se extiende hasta el año 2015.

Paralelamente al proceso de recuperación económica se produjo un proceso de recuperación institucional. Luego del largo período de enfrentamiento político entre la conducción de la SECYT, el CONICET y las universidades se inauguró un período de reconciliación entre los actores. El proceso de recuperación institucional fue particularmente destacable en el caso del CONICET. Luego de haber tenido diez presidentes en poco más de una década , el CONICET comenzó una nueva gestión en 2002 encabezada por el investigador Eduardo Charreau, que culminaría en 2008 luego de un proceso de ampliación y fortalecimiento institucional del principal organismo ejecutor de I+D del país.

La nueva gestión de la SECYT asumió la elaboración de planes estratégicos de mediano y largo plazo. La SECYT encargó al Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva la elaboración de las Bases para un Plan Estratégico de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación que fueron incorporadas en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Bicentenario 2006-2010”. Posteriormente, en el año 2012, sería lanzado su sucedáneo, el Plan Argentina Innovadora 2020.

Con la llegada al poder del gobierno de Cristina Fernández fue creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) en 2007. La creación por primera vez de un Ministerio de Ciencia y Tecnología fue festejada por la propia comunidad científica como un indicador del otorgamiento de mayor prioridad política a la actividad científica.

Por otra parte, la inversión en Investigación y Desarrollo registró su piso histórico en 2002, cuando cayó al 0,39% del PBI. Desde ese momento comenzó un proceso de recuperación hasta alcanzar en 2004 los valores previos a la crisis, y a partir de allí un proceso de crecimiento hasta alcanzar el 0,52% del PBI en 2008 y el 0.58% en 2014, el último año con datos disponibles. Si se analiza la inversión medida en dólares corrientes según la paridad del poder de compra (PPC) resulta que la misma cayó en 2002 a los niveles históricos más bajos de la serie y que a partir de entonces comenzó un proceso de recuperación que es aún más marcado que cuando es medido como porcentaje del PBI. En 2008 la inversión fue de casi 3000 millones de dólares PPC, un 157% superior a la inversión de 2002 para llegar a 5900 millones en el año 2014. Aún así, el recurrente objetivo de alcanzar el 1% del Producto en inversión en I+D fijado en el Plan Estratégico Bicentenario no fue alcanzado, lo que señala la dificultad constatada para aumentar la inversión pública en esta área y la inexistencia de un acuerdo por un incremento en el gasto de la administración pública teniendo en vista el mediano plazo.

En relación al financiamiento externo, este ha desempeñado un papel destacado en la financiación de los programas de ciencia, tecnología e innovación en la Argentina. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en especial, desempeñó un papel importante, desde las reformas de los noventa hasta el presente. Varios programas recibieron recursos de esa fuente de financiamiento. En los últimos años también el Banco Mundial a otorgado préstamos para financiar diversos instrumentos. No obstante eso, es deseable que hacia el mediano plazo, se pueda avanzar en un esquema de financiamiento del sector que pueda prescindir del aporte de estos organismos internacionales, más allá de que cada préstamos otorgado, supone una contraparte a cargo del Estado Nacional.

Respecto de la política de recursos humanos, el CONICET fue un actor central. A partir de 2003 fueron incorporados más de mil becarios doctorales y posdoctorales anuales. Paralelamente, se reabrió el ingreso a la Carrera de Investigador Científico (CIC), que había estado congelado desde mediados de la década de 1990, lo que habilitó la incorporación de un promedio de más de trescientos cincuenta investigadores por año. Desde 2003 a 2010 el cuerpo de investigadores del CONICET aumentó en un 67%, pasando de 3.804 investigadores a 6.350 en 2010, mientras que el número de becarios aumentó un 242%, de 2.378 becarios en 2003 a 8.122 en 2010. En 2003, los investigadores representaban el 42% del personal del CONICET, los becarios el 26%, el personal de apoyo a la investigación el 27%, mientras que el personal administrativo representaba el 5%. La incorporación de jóvenes investigadores al sistema no sólo permitió ampliar la base de recursos humanos sino también mejorar la proporción entre las distintas categorías etarias y comenzar a revertir el envejecimiento de la base de recursos humanos en ciencia y tecnología. Actualmente, los investigadores representan el 36% del personal del CONICET, los becarios el 46% y el personal de apoyo el 13%, mientras que el personal administrativo se ha mantenido en torno al 4-5%.

Asimismo, en relación a la política de recursos humanos, cabe destacar la experiencia del programa RAICES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el exterior), creado en el año 2000, y relanzado en 2003. El propósito del Programa RAICES es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país por medio del desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior, así como de acciones destinadas a promover la permanencia de investigadores en el país y el retorno de aquellos interesados en desarrollar sus actividades en la Argentina. En el año 2008 el Programa RAICES fue declarado Política de Estado por esta Honorable Cámara, con el objetivo de garantizar su continuidad en el tiempo.

El proceso de recuperación institucional y presupuestaria alcanzó también a otros históricos organismos ejecutores de I+D descentralizados, tales como el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y en menor medida el Instituto de Tecnología Industrial (INTI). La autonomía operativa y financiera del INTA que había sido quitada en 1991 fue restituida en 2002, cuando se estableció que su presupuesto estaría ligado al cobro del 0,5% del valor CIF de las importaciones, lo que permitió un importante crecimiento presupuestario. Esta estabilidad institucional y financiera permitió que hacia fines de 2004 el INTA lanzara el Plan Estratégico Institucional 2005-2015 (PEI), en el que se establecieron tres objetivos generales: competitividad, salud ambiental y equidad social. El lanzamiento del PEI 2005-2015 buscó dotar al accionar del instituto de una mayor coherencia interna.

Asimismo, la investigación nuclear experimentó una reactivación a partir de 2006, en el marco de un aumento del interés por la actividad nuclear, en el contexto del encarecimiento mundial del precio de la energía, anterior al accidente nuclear japonés. El Poder Ejecutivo decidió continuar con las actividades de diseño, construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear Atucha II, cuya construcción había comenzado en 1981 y sufrido innumerables retrasos y cancelaciones. En lo que hace específicamente a las tareas de I+D llevadas a cabo por la CNEA, en 2009 se encargó a esa comisión la construcción del prototipo del reactor CAREM, un reactor de baja potencia y características relativamente sencillas en cuanto a su construcción, operación y mantenimiento. Se trata de un proyecto que data de la década de 1980, originalmente previsto como alternativa de propulsión para submarinos. La futura puesta en marcha del CAREM significaría la producción del primer reactor de potencia diseñado y construido en el país, una evolución respecto a la experiencia acumulada por la CNEA e INVAP en reactores de investigación. El objetivo que guía a estos desarrollos es el de construir reactores de mediana potencia en ciudades de hasta 100.000 habitantes con el fin de diversificar la matriz energética. En 2010 se anunció que la Argentina volvería a producir uranio enriquecido a partir de 2011, lo que le permitiría volver a controlar el denominado ciclo del combustible nuclear.

En el campo de la investigación espacial, la CONAE avanzó en el desarrollo de satélites como no se lo había hecho antes en el país. En abril de 2006 surge la empresa estatal ARSAT para hacerse cargo del servicio satelital, en reemplazo de Nahuelsat, un consorcio privado encabezado por la alemana DaimlerChrysler Aerospace (hoy, Airbus) y la italiana Finmeccanica. Ante una serie de incumplimientos de esta firma, la decisión adoptada oportunamente por el gobierno de Néstor Kirchner, fue construir un satélite argentino. Para avanzar con la construcción de los satélites Arsat-1 y Arsat-2, la estatal ARSAT sumó como contratista a INVAP, responsable del gerenciamiento de estos proyectos, el desarrollo completo de la ingeniería, su fabricación y los ensayos. La empresa estatal construyó los dos satélites en órbita actualmente y proyectaba un tercero, aspirando, de acuerdo al Plan Satelital a fabricar varios más en los próximos veinte años.

Sin embargo, el gobierno que asume en diciembre de 2015 comienza a recortar el presupuesto destinado al sector y desactiva una serie de emprendimientos como por ejemplo la construcción y puesta en órbita del ARSAT 3.

Otra de las fuertes manifestaciones de este recorte se experimentó en la drástica disminución de ingresos a carrera de investigador del CONICET, así como en la escasez de recursos de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología (ANPCYT) que financia proyectos de investigación científica y tecnológica.

Así, la propuesta de campaña del presidente Macri de incrementar la inversión en ciencia y tecnología al 1,5% del PBI se presenta irrealizable a la luz de las decisiones que privilegian el ajuste y la reducción de presupuesto a actividades que tienen incidencia directa en el desarrollo económico y social.

Desde esta perspectiva, y para retomar el camino iniciado en el año 2003, el presente proyecto propone, de manera similar a lo que ha hecho oportunamente la ley de financiamiento educativo votado por esta Cámara en el año 2006, incrementar el gasto que la Administración Pública destina en el presupuesto nacional a la “función ciencia y técnica” para levarlo del 0,37% del PBI a un 1% de manera escalonada y sostenida hasta el año 2025.

La acción concertada con las provincias en el marco del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, al amparo de esta Ley, posibilitará también un sostenido incremento de la inversión de aquellas provincias que aún no poseen ni estructura institucional ni recursos para realizar actividades científico-tecnológicas. De esa manera, el año 2025 el país podrá alcanzar la meta del 1,5% de inversión en ciencia, tecnología e innovación como parte de su PBI. Inclusive, este Proyecto de Ley entiende que, en virtud del alto impacto que tienen las actividades científico-tecnológicas sobre del desarrollo económico y productivo de un país, en los años que su PBI no experimente crecimiento, o pueda decrecer, eso no podrá ser obstáculo para que la Ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo no contemple el incremento en el gasto destinado a la función “ciencia y técnica” en ese presupuesto. Solo la decisión de continuar sosteniendo, como propone este proyecto, la inversión en ciencia y tecnología en tiempos adversos permitirá retomar el camino del crecimiento que, como se sabe, se produjo en el período comprendido entre el año 2003 y 2015.

Por todo lo expuesto solicitamos a los Señores Diputados que acompañen este Proyecto de Ley.