La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos correspondientes, informe:

1) ¿Cuáles son las causas por las que la licitación Nº 4/2010 MINPLAN, destinada a las obras de consolidación estructural de las fachadas, reparación y restauración edilicia e intervención artística en fachadas Norte y Sur del edificio ex MOP, implica un incremento presupuestario superior a los $36 millones respecto a la primera Licitación Nº 1/2010?

2) ¿Cuáles son las razones por las que dicha Licitación Nº 4/2010 no efectúa ponderación alguna respecto de las conclusiones de la Comisión Evaluadora y la Dirección de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación en relación a la necesidad de obtener una reducción racional en los costos de dicha obra?

3) ¿Por qué razón este MINPLAN considera necesario a través del Pliego de Cláusulas Especiales la exigencia de oferentes con capacidad técnica en restauración de fachadas de edificios declarados Monumento Histórico Nacional, siendo que tal exigencia no constaba en la Licitación 1/2010 antedicha?

4) ¿Qué incidencia tiene entonces en el presupuesto oficial la adopción de tal requisito?

5) ¿Qué recaudos adoptó el MINPLAN tendientes al otorgamiento de las garantías a los oferentes previsto en los artículos 17 y 18 del decreto 1023/2001?

Señor presidente:

El decreto PEN 278/08 declaró "Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo" al año 2010.

Asimismo, en el marco de diversas actividades conmemorativas del Bicentenario, el decreto PEN 329/2010 declara a María Eva Duarte de Perón "Mujer del Bicentenario". En ese contexto, y como parte de las actividades de homenaje, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó el emplazamiento de dos imágenes de Eva Perón en la parte superior del edificio que actualmente ocupan los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la Nación.

La licitación pública Nº 1/2010 tendiente a los trabajos previos de restauración en fachadas contó con un presupuesto de $ 74.646.840,70.-

A su vez, con fecha 20 de abril de 2010 se procedió a la apertura de los tres sobres correspondientes a las propuestas recibidas, de las empresas Bricons SAIC e I y Constructora Lanusse SA-UTE, Lobruno SA y Creaurban SADI.

Bajo estas circunstancias, la Comisión Evaluadora designada a tal efecto, y en consideración al excesivo monto de las propuestas presentadas, consideró necesario dejar sin efecto dicha licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 in fine del decreto 1023/2001, siendo entonces que la Dirección Nacional de Arquitectura -compartiendo dicho criterio- estimó acerca de la conveniencia de actuar en similar sentido, con el objeto de lograr una reducción racional en los costos de la obra.

Por ello, la resolución Nº 417 de la SOP dejó sin efecto la mentada licitación pública Nº 1/2010, e instruyó a la Dirección Nacional de Arquitectura a efectuar un nuevo llamado para llevar a cabo los trabajos detallados precedentemente.

Pero lo insólito de la situación está determinado por el segundo llamado a licitación, de fecha 25 de junio de 2010, mediante la licitación Nº 4/2010, y a iguales fines y efectos, ya que el presupuesto en este caso asciende a la suma de $ 110.890.492,64.-, es decir, con una diferencia en más de $ 36 millones; en el pliego de cláusulas especiales de esta nueva licitación encontramos, como gran diferencia, la necesidad de contar para la realización de la obra con un proponente con experiencia en restauración de fachadas de edificios declarados Monumento Histórico Nacional, requisito éste no exigido previamente.

Lo expuesto nos lleva a preguntarnos si la diferencia presupuestada se condice necesariamente con el recaudo ahora agregado en cuanto a la capacidad técnica requerida, considerando especialmente que si bien se trata de un edificio declarado formalmente Monumento Histórico, lo real es que claramente no estamos ante una construcción dotada de elementos artísticos u ornamentales y que, por ende, controvierte palmariamente los principios generales al que debe ajustarse la gestión de toda contratación de Obra Pública, conforme lo dispuesto en el artículo 3º del citado decreto 1023/2001.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional.