La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígena, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, responsable de los temas referentes a los Pueblos Originarios, se sirva informar lo siguiente con respecto a la alta y permanente conflictividad que soportan en su territorio los diferentes Pueblos Originarios en el País.

1) Si, el INAI ha tomado conocimiento de la progresiva y explosiva situación de conflicto que viven el país los Pueblos Originarios en defensa de sus derechos.

2) Si, por tratarse de Pueblos que fueron reconocidos por las Constitución de 1994, ese Instituto o cualquier otra dependencia del Gobierno Nacional, han realizados gestiones ante las autoridades correspondientes para resolver las diferentes situaciones, según las múltiples denuncias formuladas por los Pueblos a lo largo y ancho de nuestra República en defensa y ejercicio de sus derechos constitucionales y legales.

3) Si, ese Organismo a realizados denuncia penales a los responsables de esas turbaciones ilegales y que medidas judiciales a solicitado para terminar con ese estado de situación que sufren los Pueblos Originarios.

4) De ser así, cual ha sido el resultado de las gestiones y denuncias de esta situación planteada que se presenta como ilegal e inconstitucional por vulnerar la propiedad comunitaria de los Pueblos Originarios que tiene garantía en muestra Carta Magna.

Señor presidente:

Como venimos sosteniendo, nuestra República, ha sido un estado pluriétnico y multicultural desde su nacimiento. Sin embargo, tal realidad no fue reconocida constitucionalmente por más de un siglo por cuanto se creía que se trataba de una situación temporal, que debía ser superada para lograr la tan ansiada homogeneidad de la sociedad estatal.

Frente a ello, las comunidades y los pueblos indígenas argentinos lucharon por su supervivencia y la de su cultura, resistiendo la constante y sistemática violación de sus derechos y reclamando ser respetados por una sociedad que no advertía que al negarlos, no hacía otra cosa que desconocer una parte de sí misma.

Recién con la reforma de 1994 se consagraron una serie de derechos a favor de estos pueblos y de sus miembros, dando paso así a la conformación de un Estado argentino pluralista que considera la presencia de la diversidad en su interior como una realidad que enriquece al conjunto.

Como se puede apreciar luego de ese camino de reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios, dirigentes que sin más, quieren echar por tierra todo el esfuerzo realizado por los constituyentes del 1994 y la nación argentina, y quieren mantener sepultados en la esclavitud aquellos pueblos que la Constitución Nacional en su Art. 75 inc. 17, el Convenio 169 OIT, le reconoce la titularidad colectiva de esas tierras.

Las tierras indígenas al que se refieren el Art. 75 inc. 17, párrafo 2, tiene tres aristas bien diferenciadas; reconocen las que ocupan; ordena regular la entrega de otras, y, dispone el carácter comunitario de la propiedad y posesión. Es irrazonable que aquellos que tienen que custodiar la Constitución y las leyes la vulneren despojando forzadamente a los titulares colectivos (art. 75 inc. 17 p 2º), no respetando estas mandas de orden público.

Por todo lo expuesto, invitamos a nuestros pares, Señores Diputados de la Nación, a que nos acompañen en el presente proyecto de resolución, con su tratamiento y aprobación.