La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe sobre los siguientes puntos vinculados al llamado a Licitación Pública para las obras hidroeléctricas denominadas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en función de las consideraciones que acaba de publicar el prestigioso Instituto Argentino de la Energía General Mosconi:

1. Si la Obra Cóndor Cliff - La Ba- rrancosa ha sido evaluada en función de lo que establece la ley 24354, que en su artículo 8 define que "el plan nacional de inversiones públicas "se integrará con los proyectos de inversión pública que se hayan formulado y evaluado se- gún los principios, normas y metodología establecidos por el órgano responsa- ble del Sistema de Inversiones Públicas ", cuestión pertinente, dado que la cita- da obra será financiada en un 70% por aportes del Tesoro Nacional.

2. Más específicamente, si se ha respetado la Resolución 175 de la Secretaría de Política Económica (2004), que indica que para aprobar un proyecto de inversión se requiere formular una com- paración de costos y beneficios más una evaluación del impacto ambiental de la obra.

3. Si es cierto que en el estudio denominado "Evaluación Expeditiva de Aprovechamientos Hidroeléctricos", que la Secretaría de Energía difundió en noviembre del 2006 donde se analizaba un inventario de 30 proyectos hidroeléctricos en todo el país, en función de crite- rios técnicos, ambientales y de comparación de costos con beneficios, estos proyectos figuran en los lugares 23 y 25 según su costo por KWH; y que ambas obras presentan costos por KWH que son más del doble que otros emprendi- mientos situados también en la Mendoza, Neuquén y Chubut; que por tanto fi- guran mucho más arriba en el ranking de proyectos disponibles para su licita- ción.

4. Si es cierto que las nuevas esti- maciones de costos formuladas para estas obras, duplican estimaciones ante- riores, y si el Ministerio de Planificación Federal puede dar razón de esos in- crementos, en principio injustificables.

5. Si es cierto que una vez finaliza- das estas obras, la Provincia de Santa Cruz tendrá una potencia instalada cer- cana a los 2.200 MW (si incluimos la planta de carbón en construcción en Río Turbio). La potencia máxima demandada en la Provincia no supera los 100 MW. Para poder hacer económicos estos emprendimientos será necesario transpor- tar cerca de 2.000 MW hasta los centros de consumo, reforzando el sistema de transporte interconectado nacional en al menos 2.000 kilómetros de líneas de 500 KV, con un costo de inversión que supera los 1.000 millones de dólares, que no han sido contabilizados en los proyectos hidroeléctricos, pero que sin duda también tendrá que aportar el Estado.

6. Si tiene comentarios que formular con respecto a la apreciación formulada en el sentido que "La realidad es que éstos Proyectos, dado el avance de los estudios técnicos, económicos y am- bientales no están en condiciones de ser licitados, y requieren una profundiza- ción de los estudios que permita completar la documentación correspondiente a un Proyecto Básico. Esto lo debe hacer el Estado Nacional y el Estado Provin- cial. No se conoce la potencia óptima a instalar, ni los riesgos geológicos, hidrológicos, ambientales y económicos no están aún suficientemente calibra- dos. Es altamente riesgoso ejecutar proyectos todavía inmaduros; ya sea ésta de índole técnica, económica, financiera o ambiental".

7. Si en función de todos los ele- mentos anteriores, el Ministerio de Planificación Federal continúa en su criterio de que las obras citadas constituyen una decisión adecuada en función de la relación costo/beneficio que debe respetarse en toda inversión pública, máxime cuando se trata de obras que han de impactar con mucho peso en los futuros Presupuestos de la administración pública nacional.

Señor presidente:

Las obras Cóndor Cliff y la Barran- cosa, que el Gobierno Nacional planea contratar en la Provincia de Santa Cruz, con un aporte del 70% por parte del Tesoro, ha sido objeto de numerosos cues- tionamientos.

Ha habido inclusive denuncias refe- ridas a presuntas connivencias entre funcionarios nacionales y provinciales y grupos económicos que se beneficiarían indebidamente de la citada obra, a tra- vés de la adquisición anticipada de tierras; la utilización de información; y la sospecha de sobreprecios exorbitantes.

La situación de la oferta eléctrica en nuestro país es bien conocida; y también es conocida la necesidad de optimizar en todo lo posible las inversiones públicas, tanto por razones éticas, cuanto por las carencias fiscales por todos conocidas.

Pero nuevas evidencias, producidas por reconocidos especialistas en la materia, ex Secretarios de Energía, y el Ins- tituto Mosconi, agregan aún mas preguntas que deben ser respondidas, antes que la licitación se convierta en un escándalo público y - de persistir en los errores que aquí se mencionan, puedan dar lugar a acciones judiciales.

Es por ello que el Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación de despejar estas dudas, y esta es la razón por la que sometemos a esta Honorable Cámara el pedido de aprobación del presente pedido de informes.