La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias, o el organismo que corresponda, informe acerca de las siguientes cuestiones de interés:

1) Si existe un registro, reporte o fuente de información acerca de la apertura de sumarios administrativos contra estudiantes por parte de las autoridades de las distintas facultades que integran la Universidad de Buenos Aires, a partir de marzo de 2008.

2) De poseer esos datos, informe en qué porcentaje de los casos se trata de alumnos que ejercen algún tipo de representación política y en qué medida han sido sumariados quienes han tenido participación en la "toma" del rectorado ocurrida el 28 de mayo de 2008. Informe, además, si en alguno de los casos, el objeto de la investigación es la participación en aquel incidente.

3) En caso de no existir un registro o base referencial que reúna dichos datos, se recabe información que permita responder a la pregunta formulada en el punto 2.

4) Si ha tomado conocimiento de que en la Facultad de Ciencias Veterinarias se han iniciado una serie de sumarios administrativos sucesivos contra alumnos que revisten representación política.

5) En tal caso, si se ha analizado el riesgo de que se convierta en una práctica común.

6) Si se ha evaluado la posibilidad de adoptar canales de diálogo para acercar las posiciones de alumnos, docentes y autoridades en situaciones de conflicto que involucran a la comunidad educativa, de modo que permitan restablecer la convivencia armoniosa y el debido respeto entre todos los sectores.

7) Si existen antecedentes de sumarios administrativos que hayan determinado la sanción de suspensión y cuáles han sido las faltas graves que han dado lugar a esa sanción.

8) Si existen precedentes de sumarios administrativos que hayan determinado la sanción de suspensión en casos en que el sumariado no registrara antecedente disciplinario alguno.

9) Si existen precedentes de sumarios administrativos en los que la resolución de la respectiva dirección de asuntos jurídicos fuera contraria al dictamen del Fiscal de Investigaciones Administrativas.

10) Si están garantizadas las condiciones para prevenir que se cometan irregularidades o vicios en el procedimiento sumarial y asegurar al sumariado que no sean vulneradas las garantías de imparcialidad, proporcionalidad en las sanciones y derecho a una defensa legítima, máxime habida cuenta de la gravedad de las sanciones posibles, tales como la suspensión que priva al alumno del derecho a estudiar.

11) Qué medidas se han adoptado a tal efecto.

12) Si ha recibido denuncias por parte de los alumnos de la institución aduciendo una supuesta persecución política e ideológica por autoridades de diversas facultades.

13) Cualquier otra información que sirva al presente.

Señor presidente:

Al iniciarse el ciclo lectivo 2008, ante el cierre de la sede del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires en Merlo -hasta entonces la única en el Oeste del Conurbano bonaerense- alumnos y comunidad iniciaron una serie de protestas que, aunque no lograron la reapertura de la sede Merlo, con el tiempo impulsaron la decisión de las autoridades universitarias de implementar la apertura de nuevas sedes en la región: Moreno y San Miguel.

En aquel momento esta Honorable Cámara compartió la inquietud de la sociedad y expresó su profundo interés en el asunto mediante la aprobación en mayo y junio de 2008, de un pedido de informes al Poder Ejecutivo de autoría del diputado Eduardo Macaluse (expte. 1215-D-08) y de una resolución (O.D. 219/2008) que unificó las distintas declaraciones de preocupación formuladas desde diversos sectores políticos, proyectos de autoría de los diputados Ariel Basteiro (expte. 1115-D-2008), Horacio Alcuaz (expte. 1222-D-2008) y Eduardo Macaluse (expte. 1214-D- 2008).

El 9 de noviembre de 2008, como consecuencia de una denuncia de las autoridades universitarias ante la Justicia Federal, una decena de estudiantes de la UBA fueron procesados por el delito de "secuestro coactivo agravado" a causa de haber participado el 28 de mayo en la "toma" del Rectorado en defensa de la subsistencia de la sede universitaria de Merlo y el consiguiente derecho de acceder a estudios universitarios a los jóvenes de escasos recursos de la zona oeste del conurbano bonaerense. Cabe aclarar que todos ellos detentaban algún tipo de representación política.

Esta judicialización del conflicto mediante la instrumentación del poder punitivo del Estado ocasionó la desaprobación de la comunidad, que se exteriorizó en movilizaciones de repudio de varios sectores sociales. En esta Honorable Cámara fueron presentados dos proyectos: uno de resolución de autoría de Victoria Donda Pérez (expte. 6442-D-2008) y otro de declaración de autoría de Roy Cortina y Miguel A. Barrios (expte. 6758-D-2008), en los que se advertía la gravedad de la situación.

El 23 de diciembre del mismo año los estudiantes procesados fueron sobreseídos por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que determinó la ausencia de delito en los hechos protagonizados por los estudiantes.

Actualmente, algunos de esos alumnos sobreseídos por la justicia -y otros compañeros delegados- expresan preocupación y angustia por considerarse perseguidos por las autoridades de la UBA, ya que han sido sometidos a respectivos sumarios administrativos por causas diversas y aparentemente difíciles de comprobar.

Es el caso, por ejemplo y entre otros muchos, de la alumna de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Consejera estudiantil María Laura Casal, quien ha sido sumariada y suspendida por siete meses, se le impide el ingreso a la facultad y a todas las dependencias de la UBA, sin poder continuar con sus estudios y ejercer la representación que sus pares le otorgaran democráticamente.

El sumario al que aludimos, identificado como expte. 1.168.415, fue abierto con motivo de una denuncia del Secretario de Extensión y Bienestar Estudiantil de dicha facultad, Jorge A. Guerrero, por supuestos insultos verbales proferidos contra él durante una reunión de comisión del consejo directivo, celebrada el 21 de octubre de 2008. Los únicos elementos probatorios que fundan la resolución son los testimonios coincidentes de los consejeros docentes, que revisten la calidad de empleados de la casa de estudios y un vínculo muy próximo con el denunciante. La sanción tuvo lugar a pesar de que con fecha 3 de diciembre de 2008 el Dr. Guillermo F. Noailles, titular de la Fiscalía General de Investigaciones Administrativas No. 3, había ordenado el archivo de las actuaciones.

La particularidad de esta clase de procedimientos sumariales -por tratarse de un proceso administrativo- es que quien reviste la potestad sancionatoria, es al mismo tiempo juez y parte (las autoridades de la facultad). Además de la dudosa parcialidad, los estudiantes han denunciado irregularidades en los procedimientos, una clara intencionalidad persecutoria y reiteradas violaciones al derecho a una defensa legítima, encubiertas en el secreto de sumario.

La Universidad de Buenos Aires es una prestigiosísima institución educativa que desde su creación a principios del siglo XIX, ha contribuido a la formación académica y al enriquecimiento cultural y espiritual de nuestra sociedad. Pero, además, ha estado desde siempre involucrada desde el claustro docente y, sobre todo desde el estudiantil en cada una de las luchas de nuestra sociedad por la reivindicación de sus derechos. Padeció todos y cada uno de los embates totalitarios. Prestigiosos docentes fueron perseguidos, encarcelados o desplazados. Sus alumnos padecieron innumerables persecuciones y represión en cada "turno" autoritario. Alumnos y docentes de la UBA integran la larga lista de desaparecidos por la última dictadura militar.

Ante esta historia, a 33 años del golpe militar de marzo de 1976 y a 25 años del retorno a la democracia, cabe reflexionar. ¿Se pretende amedrentar a los estudiantes para desactivar la protesta? ¿La judicialización de la protesta estudiantil es el único camino posible?. ¿Cabe sumariar el disenso?

Una sociedad dividida y casi anómica, que observa expectante la lentitud de la justicia en procesos que juzgan actos de corrupción y delitos de lesa humanidad merece otro tipo de respuesta por parte de quienes desde la Universidad son formadores de opinión y de pautas culturales.

En democracia ¿no serán posibles o factibles la mediación y el diálogo? Autoridades, docentes y alumnos deberían poder debatir sus diferencias y acercar posiciones con métodos más creativos, en aras de una convivencia pacífica que constituiría un buen ejemplo para nuestra vapuleada sociedad.

En virtud de la trascendencia de los hechos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.