El Senado y Cámara de Diputados...

SUGERENCIAS DE MODIFICACIÓN

Texto alternativo

Artículo 1°: Derogase la Resolución Nº 61/2007 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; las Resoluciones de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) Nº 42/2008, 91/2008, 94/2008, 95/2008, 542/2008, 543/2008, 684/2008, 912/2008, 1072/2006, 1246/2006, 1327/2006, 1789/2006, 2404/2008, 2846/2008, 3433/2008, 5253/2008, 6443/2008, 7833/2008, 8590/2008, 2/2009, 1174/2009, 2238/2009, 3428/2009, 4722/2009, 6687/2009, 6686/2009, 7551/2009, 7552/2009, 561/2010; 1673/2010; y las Resoluciones Conjuntas de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) N° 1330/2006, 3714/2008, 1165/2009, 4122/2009, 5556/2009 y 7178/2009.

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Esta iniciativa buscar eliminar toda la normativa que implementó el sistema de Registro de Operaciones de Exportación (ROEs), con el objetivo de normalizar el funcionamiento de la exportación de productos agropecuarios.

Este instrumento, en términos prácticos resulta una autorización para exportar productos agropecuarios, que es manejada por la UCESCI (Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Antes, el organismo a cargo de los mismos, era la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Para acceder a ella, los exportadores deben completar una declaración jurada, dependiendo del tipo de producto que deseen exportar. Así, existen los ROE Verdes, Rojos y Blancos.

Sin embargo, la realidad indica que el mercado de exportación en la Argentina, está cerrado y es para unos pocos. Así, el gobierno utiliza este instrumento para beneficiar a unos pocos empresarios, en detrimento del precio que reciben los productores agropecuarios. El mecanismo es simple: el gobierno no otorga permisos de exportación, de modo que el precio de los productos tiende a la baja. Entonces, algunos beneficiados, compran producto (trigo, maíz, etc.) a precios muy por debajo del mercado, y luego, cuando se abren las exportaciones, los venden al exterior a precio lleno.

Este mecanismo ha resultado ser un fenomenal fraude en todo sentido. En primer lugar, no ha resultado eficaz para bajar el precio de los alimentos de los argentinos. En segundo lugar, se perjudica a los productores de alimentos, pues deben trabajar con valores muy inferiores a los de mercado. En el caso del trigo, por ejemplo, los productores reciben entre U$S 30 y U$S 50 menos de lo que deberían, de acuerdo a las pizarras de cotización. Estos son lo que se conocen en el mercado como descuentos. Y en tercer lugar, porque beneficia a unas pocas empresas que cuentan con información privilegiada y acceso a los ROEs, y de esta forma, pueden hacer enormes diferencias entre los precios de compra y venta.

Esta errada política, sumada a otras distorsiones como el retraso en el tipo de cambio y lo altísimos derechos de exportación (retenciones) vigentes, nos han llevado a los niveles mínimos de siembra en términos históricos. Así, el área de siembra de trigo en 2013, llego a solo 3,7 Millones de hectáreas.

La realidad se contrapone con el discurso. Mientras desde el gobierno se dice que hay intención de llegar a una cosecha de 160 millones de toneladas, mecanismos como éste no hacen más que retrasar ese objetivo, fomentar el negocio de unos pocos, y alejarnos de los mercados mundiales.

Por lo expuesto, resulta insostenible continuar aplicando este perverso e ineficaz sistema. En consecuencia, este proyecto busca retomar la racionalidad en nuestra política exportadora para los productos agropecuarios.

Solicito a mis colegas me acompañen en la sanción de este proyecto de ley.