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PROYECTO DE TP
Expediente 0984-D-2006
Sumario: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO LA INVESTIGACION DE HECHOS DE ESPIONAJE ILEGAL OCURRIDOS EN LA OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA BASE AERONAVAL "ALMIRANTE ZAR" DE LA CIUDAD DE TRELEW, PROVINCIA DEL CHUBUT.
Fecha: 27/03/2006
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 18
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional disponga las medidas necesarias y conducentes a colaborar y llevar adelante la investigación sobre los supuestos hechos de espionaje ilegal denunciados como ocurridos en la Oficina de Inteligencia de la Base Aeronaval "Almirante Zar'", de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme a los hechos sucedidos los últimos días en relación a las supuestas tareas de espionaje en la Base Aeronaval "Almirante Zar" de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, no podemos quedar ajenos a hechos que dan por el piso a nuestro Estado de derecho.
En este marco se ordenó la substanciación de actuaciones militares en orden a investigar las conductas que pudieran resultar bajo responsabilidad jurisdiccional de la Armada, comprendidas en los hechos denunciados como ocurridos en la Oficina de Inteligencia de la base aeronaval 'Almirante Zar'".
Estos hechos debilitan los intentos de inserción institucional de las Fuerzas Armadas en la vida democrática de nuestro país, y hasta tanto no se esclarezcan los hechos objeto de denuncia la oportunidad de fortalecer la figura militar en la sociedad estará postergada.
Los hechos denunciados son la supuesta "recolección de información sobre circunstancias y personas que exceden el marco legal de actuación de los organismos de inteligencia militar", según se informó en un comunicado de la Armada. Se trata de hechos ocurridos en mi provincia, en la "Oficina de Inteligencia" de la Base Aeronaval "Almirante Zar" de Trelew , denunciados oportunamente por el Centro de Estudios Legales y Sociales y otro, y objeto de querella ante el Juzgado Federal de Rawson.
Este suceso de supuesto espionaje fue considerado un hecho aislado por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, pero cabe considerar que se extendió sistemáticamente desde el año 1997 aproximadamente, dando cuenta de una situación sostenida y subsumida a todas luces a un fin que aun desconocemos.
La posibilidad de que el juicio sobre las responsabilidades en la "Masacre de Trelew" ocurrida en 1972 afectara la imagen de la fuerza habría sido el motivo principal de las tareas de inteligencia ilegales realizadas por la Armada.
Esto, ya que entre los investigados, aparece un conocido abogado de la ciudad de Trelew, quien patrocina a los familiares de los fusilados en la masacre de Trelew de 1972, en la reapertura de la causa por los asesinatos ocurridos tras un intento de fuga del penal de Rawson. La causa se reabrió en febrero pasado y también es investigada por el juzgado a cargo de Pfleger.
También se encontraron datos sobre las actividades de grupos piqueteros de la provincia, de un ex intendente de Trelew y de funcionarios del gobierno provincial. Incluso el organigrama de las distintas dependencias del Estado chubutense y una foto por demás llamativa: el fiscal de Estado, Jorge Miquelarena, y el fiscal anticorrupción, Alejandro Panizzi, el día que viajaron a Estados Unidos a una reunión de organismos defensores de los derechos humanos.
El seguimiento de las actividades del Dr. Hualpa se inició el 22 de agosto del año pasado, el día de un nuevo aniversario de la Masacre.
En la investigación se calificaba ideológicamente a funcionarios, periodistas y dirigentes políticos y sociales, fotos de reuniones, etc, y no podemos dejar de preguntarnos, el para qué de estos hechos. Por su parte, existen memos firmados donde consta que la información debía ser remitida todos los miércoles a las 12 hs. al Centro de Operaciones Navales, trascendió.
Por su parte, suman aproximadamente 100 las carpetas secuestradas por la Justicia en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew con información proveniente del espionaje ilegal sospechado.
Los hechos comentados atentan contra el marco normativo articulado por las leyes 24059 de Seguridad interior y la ley N° 23554 de Defensa Nacional, que establecen la no-intervención de las fuerzas armadas en los asuntos de seguridad interior. En realidad, la Ley de Seguridad Interior no impide la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad, pero la limita a casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior resulte insuficiente para resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes.
Por su parte, la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, entiende "La actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a las amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación". Mientras que la Contrainteligencia es "La parte de la Inteligencia referida a la actividad que se realiza con el propósito de conjurar operaciones de espionaje, sabotaje y/o actividades psicológicas secretas llevadas a cabo por actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad de la Nación".
La misma Ley de Inteligencia Nacional, prevé expresamente que la función de la seguridad exterior o interior de la Nación y la inteligencia, debe estar a cargo del servicio de inteligencia estatal, al servicio de trabajar contra amenazas o riesgos para la seguridad del Estado Nacional.
Para esto, el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional y de su gabinete resulta imprescindible a la hora de consecuir el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Es preciso por esto propiciar las medidas conducentes a asegurar la investigación de los hechos en un estricto marco de la legalidad, confiando en los procedimientos que confirmen que los 30 años que transcurrieron desde el golpe de Estado de 1974 no han pasado en vano.
Estas prácticas deberían ser parte del pasado, ya que el paso del tiempo debería servir para reflexionar sobre el lugar donde estamos hoy en la sucesión de hechos de la historia. Y sobre los avances y los retrocesos en ese derrotero.
La Ley de Defensa de la Democracia prohíbe la vigilancia interior por parte de las Fuerzas Armadas, y esta prohibición es una de las medidas más sanas que ha tomado la Democracia para con su salud.
Por su parte, estos hechos contradicen la autocrítica que realizan las Fuerzas Armadas en relación al atropello a los Derechos Humanos cometidos durante los años de la dictadura militar y obliga buscar a sus responsables finales que den cuenta de las razones de la investigación.
Tomar medidas que expresen nuestro definitivo compromiso por la paz social, resulta necesaria para que la esencia de la democracia pueda hacerse carne en pos no revisitar lugares cuyas marcas aun gravitan en una identidad argentina. Para que esto pueda metabolizarse es que solicito el apoyo de las medidas conducentes a tal fin.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| INGRAM, RODDY ERNESTO | CHUBUT | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| DEFENSA NACIONAL (Primera Competencia) |
| DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS |