La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, informe a través de los organismos correspondientes, acerca de los siguientes puntos:

1. Qué medidas se han adoptado e implementado por parte de las autoridades laborales nacionales para prevenir y erradicar el trabajo esclavo en nuestro país a fin de lograr el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social en empresas rurales agrícolas del país. Detallar el grado de ejecución y resultados alcanzados.

2. Que Convenios se han suscripto con las Provincias con el fin de implementar un accionar conjunto en lo relativo a la temática. Cuál es el grado de ejecución de los programas.

3. Cuántas inspecciones ha llevado a cabo la autoridad laboral nacional sólo o en concurrencia con las autoridades provinciales y cuáles han sido sus resultados en relación a:

- empresas donde se ha detectado trabajo esclavo.

- cantidad de trabajadores sin registrar detectados.

- condiciones de vida de los trabajadores en los establecimientos agropecuarios en los casos que corresponda.

- cantidad de niños/as y adolescentes trabajando detectados, edades y lugar de residencia de los mismos.

4. Si se han detectado empresas "contratistas" o "agencias de servicios" no registradas, que trasladen personas para trabajos estacionales en empresas agrícolas. Cuáles fueron los resultados por provincia.

5. Qué medidas se han implementado para asistir a las víctimas, detallando también su grado de ejecución y resultados.

6. Que medidas se han implementados para garantizar las condiciones que permitan la reinserción en el mercado laboral de las víctimas.

7. Cuántas denuncias judiciales se han formulado por parte de las autoridades laborales nacionales y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Detalle contra quiénes y resultados obtenidos. Además detalle penalidades aplicadas; si estas fueran pecuniarias el monto y destino de las mismas.

8. Si el Estado Nacional se ha presentado como querellante en las causas penales sustanciadas a raíz de las denuncias interpuestas por particulares, asociaciones y organismos defensores de los derechos humanos o Defensorías del Pueblo.

Señor presidente:

Ante la gravedad de las situaciones de trabajo esclavo, que se han puesto claramente de manifiesto en los sucesivos operativos de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizados en diferentes provincias, ha comenzado una lenta pero creciente toma de conciencia sobre la existencia de empresas agropecuarias que explotan mano de obra en condiciones de esclavitud.

Detrás de estos grandes emprendimientos agropecuarios y de otra índole, tales como talleres de costura, hornos de ladrillos, etc.; se oculta una indigna realidad que violenta todas las normas laborales y de derechos humanos consagradas en nuestra propia Constitución Nacional.

En estas empresas hombres, mujeres y niños trabajan extensas jornadas, con pago a destajo, pago en negro, reclutamiento mediante engaños, superexplotación mediante un claro abuso del altísimo nivel de vulnerabilidad social de los costureros y sus familias.

La AFIP ha denunciado las situaciones de semi- encierro o de reducción a la servidumbre, exposición a enfermedades pulmonares, tuberculosis, alimentación precaria y situaciones de intimidación bajo diversas formas. Especialmente a grandes multinacionales que son las que llevan adelante estas explotaciones en dichas condiciones tratando de eludir toda responsabilidad frente al fraude y los delitos cometidos.

Esta situación no es una cuestión de fácil solución, ya que la trata de personas es un fenómeno complejo que incluye aspectos relacionados con la violación de derechos humanos, la pobreza, las desigualdades socio-económicas dentro de cada país y entre los distintos países, las desigualdades por razones de sexo, las políticas de migraciones, la lucha contra la delincuencia organizada.

Para su abordaje es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario e interinstitucional que tenga en cuenta todos estos aspectos y en el que participen todas las partes involucradas, así como crear mecanismos de cooperación entre el estado nacional y las provincias, el estado y las organizaciones no gubernamentales, donde se encare la problemática en el lugar de origen, el de transito y de destino.

Si bien la sanción y reglamentación de la Ley Nº 26.364 de "Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las victimas" represento un hito muy importante en esta lucha, ya que tipifico como delito a unos de los problemas de derechos más acuciantes de estas época, aún hoy no se logra encarar una lucha contra este flagelo en toda su dimensión de manera organizada y sistemática.

Es perentoria la necesidad de diseñar una política de estado para enfrentar el problema. Esta política debe considerar la protección de los derechos de las victimas y la efectiva persecución del delito. Estos dos aspectos, aunque relacionados, requieren accionar y respuestas diferentes.

Nuestro país ha asumido obligaciones activas en derechos humanos al suscribir Pactos y Convenciones que incorporó además a la propia Constitución Nacional a partir de los cuales tiene la obligación de evitar la violación de dichos derechos, pero también tiene la obligación de ser un activo promotor de los mismos.

La ley Nº 26.364, definió en su artículo 4º que nos encontramos ante una situación de explotación: "a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas; b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados".

Al mismo tiempo que, en su artículo 5º, determina cuales son los derechos de las victimas: "a) Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez; b) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada; c) Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas; d) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado; e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previstas en la Ley Nº 25.764. f) La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica; g) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso; h) Ser oídas en todas las etapas del proceso; i) La protección de su identidad e intimidad; j) Permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia; k) Que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio; l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia"..

La ley tal cual se ha establecido plantea dos grandes líneas de acción: persecución de delito y protección de derechos de las víctimas.

Es en este sentido que el pedido de informe que estamos presentando busca indagar en cuales son las acciones que viabilizan esas pautas de prevención y asistencia generando mecanismos para lograr su concreción definitiva.

Creemos imprescindible el trabajo en conjunto de todas las áreas gubernamentales por la complejidad de los delitos que estamos tratando y solo aunando esfuerzos y recursos se podrá enfrentar el problema. Es necesario detectar las redes de trata que operan en el país y esto requiere la participación coordinada y debidamente capacitada de todas las fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, así como de funcionarios y organizaciones dedicadas a la asistencia a las victimas.

También consideramos imprescindible la capacitación e información con perspectiva de género y de los derechos humanos, sobre los conceptos fundamentales de la trata de personas y los instrumentos normativos para la protección de las victimas, de los funcionarios policiales, judiciales, de las defensorías, de los organismos de fiscalización, de las áreas de salud, etc. para que puedan detectar a las víctimas y brindarle la atención adecuada.

Por todo lo expuesto anteriormente invitamos a los señores Diputados y Diputadas acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.