La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, la suscripción y ratificación de la "Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (CIDJ)", adoptada el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España.-

Señor presidente:

Desde 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas, ha aprobado y puesto en vigor una multiplicidad de tratados internacionales, entre los que se destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer; y la Convención de los Derechos del Niño. Todos ellos, han permitido a los Estados, sustentar sus políticas públicas y adaptar paulatinamente su legislación a los compromisos asumidos al firmar dichos tratados.

En lo que a la juventud respecta, si bien el año 1985 fue proclamado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el "Año Internacional de la juventud" y, a través del punto 123 de la resolución 50/81 de la ONU -del 13 de marzo de 1996- ,se hizo un llamado a conferencias regionales e internacionales de ministros responsables de la juventud a que intensifiquen su cooperación y consideren la posibilidad de reunirse periódicamente a nivel internacional bajo los auspicios de naciones unidas; no es sino hasta el año 2005 donde se empiezan a colocar efectivamente los derechos de las juventudes en la agenda mundial.

Es entonces que hasta ese momento, no se disponía de un tratado universal que proteja específicamente los derechos individuales y colectivos de las personas jóvenes, tal como lo hace la Convención de los Derechos del Niño para las personas menores de 18 años.

Tal es así que el 11 de octubre del 2005, dieciséis estados firman en la ciudad de Badajoz (España) el primer tratado internacional orientado específicamente a los jóvenes, reconociéndolos esencialmente como sujetos de derechos. El mismo se conoce como la "Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (CIDJ)".

La CIDJ está constituida por 44 artículos a través de los cuales, los Estados Parte se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes de entre 15 y 24 años, el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales. A su vez, en el Tratado se remarca la idea de que el mismo sirve como insumo para que los gobiernos iberoamericanos puedan desarrollar políticas públicas orientadas a las juventudes; siendo la Organización Iberoamericana de Juventud la encargada de dar seguimiento a su desarrollo.

Debemos destacar que este tratado internacional impone -en su artículo 8- a los Estados, la adecuación de sus marcos jurídicos y políticos, al establecer que "los Estados Parte reconocen los derechos contemplados en esta Convención y se comprometen a promover, proteger y respetar los mismos y a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole, así como a asignar los recursos que permitan hacer efectivo el goce que los derechos de la Convención reconoce".

Hasta la fecha, los países que han ratificado la CIDJ han sido la República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia. Los que lo firmaron y están en proceso de ratificarlo son Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela. Y los que aún no lo firmaron son Argentina, Colombia, El Salvador, Chile, Andorra y Brasil.

En el caso de la Argentina, el problema se encuentra acrecentado ante la falta de una Ley Nacional de Juventudes que considere el pleno e integral goce y ejercicio de sus derechos contemplando las diferentes realidades nacionales y regionales, las construcciones históricas y culturales, entre otras.

Cabe mencionar que en octubre de 2012 en nuestro país, se aprobó una ley impulsada por el gobierno nacional, con la cual quedo establecida la posibilidad de que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años.

No obstante, resulta paradójico el hecho que se haya pensado en incorporar el voto de estos jóvenes como ampliación de derechos, sin haber firmado la Convención Iberoamericana y sin haber considerado la aprobación de una Ley Nacional de Juventudes.

Creemos que en un país donde, tenemos al menos un millón de jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudia, no trabaja o lo hace de forma precaria; altos niveles de desigualdad; un aumento significativo de la violencia en los hogares; y un porcentaje cada vez mayor de consumo y venta de drogas, no puede aceptarse la ausencia de políticas de gobierno destinadas a este grupo etario.

Es imperiosa la necesidad que la Argentina firme la Convención Iberoamericana y que adecue la legislación nacional en pos del bienestar de los miles de jóvenes que se encuentran desamparados y que tienen dificultades para insertarse en un contexto laboral y social cada vez más complejo.

Consideramos que en tanto no entendamos a los jóvenes como sujetos portadores de derechos, a los que se les debe reconocer su ciudadanía, alentando su participación y garantizándoles su prosperidad integralmente, no vamos a lograr dar un salto cualitativo como nación.

Es fundamental comprender el papel esencial y preponderante de los jóvenes del presente, sobre todo por ser los forjadores de nuestro futuro.

Es importante destacar que este proyecto de Resolución tiene como antecedente el expediente 8035-D-2014 de mi autoría que ha perdido estado parlamentario.

Por todo lo expuesto hasta aquí, solicitamos a las Sras. Diputadas y los Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-