El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º: A partir de la fecha de vigencia de la presente ley el Poder Ejecutivo fijará como alícuotas máximas de los derechos de exportación para las posiciones arancelarias comprendidas en la nomenclatura común del MERCOSUR (N.C.M) las establecidas en el ANEXO I de la presente.

Artículo 2º: El poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a los 30 días hábiles a partir de su entrada en vigencia.

Título II

Artículo 3º: Créase en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un régimen destinado a otorgar compensaciones a pequeños productores de soja o girasol de la cosecha 2008/2009, mediante la acreditación de las mismas a través de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de los beneficiarios.

Artículo 4°: Se encuentra alcanzado por el beneficio el productor de girasol o soja con explotaciones radicadas dentro del territorio nacional, que reúna los siguientes requisitos:

- Se encuentre inscripto como contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

- Declare bajo juramento que el tonelaje efectivamente producido y comercializado, no supera las Mil Quinientas Toneladas (1.500 t) de soja y girasol.

Artículo 5°: Se excluye del presente régimen el arrendador comerciante de granos que, siendo titular de inmueble rural lo arrienda, obteniendo como pago soja o girasol.

Artículo 6°: El valor de la compensación otorgada a cada productor será el siguiente:

- Hasta 600 toneladas de soja y girasol: 10% del valor de la producción comercializada en la cosecha 2008/2009.

- Entre 601 y 1.500 toneladas totales: 10% del valor de la producción comercializada en la cosecha 2008/2009 por las primeras 600 toneladas, y 5% del valor de la producción comercializada en la cosecha 2008/2009 desde las 601 toneladas en adelante.

En todos los casos la compensación será liquidada antes de los treinta (30) días de la presentación, previa aceptación de la AFIP.

Artículo 7°: El poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a los 30 días hábiles a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 8º: La presente norma tendrá vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial.

Señor presidente:

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto contribuir a brindar una solución a la problemática actual por la que atraviesa el sector productor de cereales y oleaginosas.

El sector agropecuario argentino experimenta aspectos estructurales que lo posiciona con destacadas ventajas relativas en los mercados internacionales. Estos factores crean un escenario duradero que posibilita formular políticas agropecuarias y fiscales que, siendo beneficiosas para los productores y el estado, permiten un crecimiento constante y acelerado de la producción mediante la inversión en bienes de capital y tecnología, mejor aprovechamiento del suelo y extensión de los cultivos.

Entre los factores estructurales que juegan a favor del campo argentino no deben dejar de mencionarse:

La extensión de la superficie cultivable y calidad de los suelos. Es conocido que Argentina posee una gran extensión de tierras cultivables, fértiles, de muy buena calidad y con un clima muy apto para la producción agrícola-ganadera, todo lo cual la hace una de las más extensas y mejores praderas del mundo. Este recurso natural ha constituido uno de los pilares de la economía nacional por su alta productividad, los volúmenes producidos y los ingresos proporcionados al país.

Durante las últimas décadas el agro ha realizado una importante incorporación de tecnología, efectuado grandes inversiones en bienes de capital e inducido el desarrollo de una industria metalmecánica que produce la compleja y diversa maquinaria que necesita. Por otra parte, los productores constituyen actualmente un recurso humano calificado que ha adquirido los conocimientos y desarrollado las actitudes necesarias para emplear eficientemente los diferentes factores de producción en vistas a lograr incrementos sostenidos de producción y productividad. En resumen, gran disponibilidad de tierras fértiles y cultivables, importantes inversiones en bienes de capital e incorporación tecnológica y recursos humanos calificados, han producido en los últimos tiempos un crecimiento constante del sector que ha permitido cuadriplicar los volúmenes producidos y, en consecuencia, realizar un importante aporte al PBI y al ingreso de divisas.

En el orden externo se han producido cambios fundamentales en la economía mundial y en los perfiles del comercio internacional que pueden considerarse como estructurales por la persistencia en el tiempo de sus efectos y porque puede decirse con bastante certeza que inauguran un nuevo período en la historia de la economía mundial. En efecto, las últimas décadas del siglo XX constituyen un punto de inflexión en esa historia económica que había sido hasta entonces claramente hegemonizada por occidente y se había estructurado centrada en el eje constituido por el océano atlántico. El nuevo período está signado por la aparición de poderosos actores económicos como Japón, Corea, China, India y los países del sudeste asiático que han dado lugar a la conformación de un nuevo eje económico en el océano pacífico, un mundo multipolar y un mayor desarrollo del proceso de globalización.

En este marco, el surgimiento de China como potencia industrializada y altamente tecnificada, de los países de la ASEAN evolucionando en el mismo sentido y de la India como polo de desarrollo tecnológico de punta supone, en lo que aquí nos interesa, la existencia de una formidable oferta de bienes industriales a menor precio y una demanda gigante y creciente de commodities, materias primas y alimentos. El fenómeno es de tal magnitud que por primera vez parece posible asistir a un nuevo equilibrio que permitiría corregir el deterioro de los términos del intercambio que ha operado, crónicamente, en contra de los países predominantemente productores de productos primarios. Con poblaciones de mil trescientos y mil cien millones respectivamente, China e India constituyen una reserva de consumidores que, por sus dimensiones e incorporación progresiva a la nueva economía de sus países, darán a su demanda, a los efectos del mediano y largo plazo en el mercado internacional, carácter de permanente y creciente. En las condiciones de producción actual y previsible de esos bienes, esta demanda se mantendrá por encima de la posibilidad de expansión de su oferta. Es de esperar entonces en el mercado internacional una demanda sostenida en el tiempo y precios por encima de los promedios históricos.

Por otro lado, el sector agropecuario experimentó un factor coyuntural que mejoró su posición competitiva y rentabilidad durante los últimos años, la mejora en el tipo de cambio. Esta mejora es un factor decisivo para la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional. Un tipo de cambio alto aumenta en el corto plazo la competitividad, los montos exportados y la rentabilidad del sector. Este factor actuó de manera decisiva luego de la última devaluación del peso argentino del año 2002. Sin embargo, en ese mismo año el entonces ministro Jorge Remes Lenicov inició la secuencia de aumentos en las retenciones precisando que los recursos se utilizarán para financiar los planes Jefes de Hogar, al tiempo que agregó: "tan pronto se logre ingresar en un sendero de sólida recuperación de la actividad, es intención del Gobierno dejar sin efecto esta medida". Desde entonces hubo seis incrementos en las alícuotas de exportación. También es cierto que en ese período los precios internacionales crecieron como nunca en la historia, al igual que la rentabilidad de los productores agrícolas, al menos de los más grandes.

En definitiva, La excelencia de nuestros recursos naturales, la capacidad de su explotación por la plataforma productiva que hemos desarrollado, la competitividad alcanzada por el sector agrícola ganadero en el país, los volúmenes que ya tiene y los que puede alcanzar su producción constituyen, junto a la existencia de un mercado internacional en expansión que acota la incertidumbre sobre la demanda, una oportunidad histórica excepcional, difícilmente repetible. El nuevo posicionamiento de los precios relativos puede advertirse al observar que aún con los recientes derrumbes en el precio de los commodities, fruto de la crisis financiera internacional, los valores se encuentran por encima de los promedios históricos.

Durante los años 2003 y 2005, Argentina experimentó un esquema de dólar alto, salarios bajos y superávit fiscal elevado en un contexto en el cual el mundo y el comercio internacional crecían a tasas elevadas. Estas condiciones generaron elevados ingresos de divisas y altos niveles de liquidez. En los años 2006 y 2007 existió una recuperación del salario real, el tipo de cambio real ajustó gradualmente a la baja, y se observó una merma en el superávit fiscal. Sin embargo, el favorable contexto internacional posibilitó que las exportaciones siguieran subiendo. Finalmente, el año 2008 se caracterizó por una profundización en las políticas de intervención en el sector agropecuario con el fin de reducir en el mercado doméstico las subas en el precio internacional de los alimentos. Sin embargo, las políticas utilizadas tuvieron un claro sesgo contra la exportación, la provisión de liquidez y por ende con el nivel de actividad. El año 2008, solo pudo sustentarse debido al extraordinario crecimiento experimentado en los precios internacionales.

Actualmente puede deducirse con claridad que las políticas implementadas han provocado un desestimulo en las decisiones de producción en determinadas actividades agropecuarias. Tal es el caso del sector productor de cereales, en el cual los impactos son elocuentes. La presente campaña, el área sembrada de trigo se retrajo en más de un millón hectáreas y la superficie cosechada llegará a su mínimo en 30 años. La caída del área sembrada de girasol fue del 21.5%; por su parte, el maíz registró una merma en el área sembrada del 26%. Todas estas mermas nacionales en la intención de producción ocurren en un contexto en el cual la producción mundial de granos crecería un 4,7% durante la campaña 2008/2009. La oferta mundial crece a pesar de la crisis lo que demuestra la demanda sostenida y la condición estructural de los mercados, a pesar de la situación coyuntural de la crisis internacional.

No hay dudas que se están cometiendo serios errores en la política agropecuaria argentina. Existe un claro desincentivo a la producción y exportación basado en la instrumentación de políticas de retenciones, cupos, registros, permisos, precios de referencia, encajes, entre otras medidas que generan una reducción en la rentabilidad del agro, la ganadería y la lechería.

La actual coyuntura muestra para los productores una situación más apremiante debido a la conjunción de menores rindes por la sequía, menores precios internacionales, mayores costos y retenciones inadecuadas a la realidad planteada que desmejoran la situación de competitividad del sector, respecto lo que venía aconteciendo en los años anteriores.

Esta situación genera en el corto y mediano plazo serios problemas para la economía argentina. Desde la perspectiva fiscal, se torna evidente el impacto presupuestario fruto de una reducción directa e indirecta en la recaudación proveniente del sector. Un simple ejercicio permite graficar esta situación. Aislando el impacto que posee sobre la recaudación la caída en los precios internacionales (efecto precio) y la caída en la producción fruto de la sequía, y considerando solo el efecto propio de la menor área cosechada durante el año 2009 en girasol, maíz y trigo; puede deducirse que el Estado Argentino experimentará una merma en la recaudación por retenciones del 23%. En definitiva, solo por el efecto de desestimulo a la producción, la recaudación por retenciones en girasol, maíz y trigo variaría de 2.300 millones de USD a 1.900 millones de USD en el año 2009. A este impacto fiscal directo, debe sumarse el impacto nocivo de la reducción en el ciclo productivo del agro y su efecto recesivo en las restantes actividades económicas; especialmente en las localidades del interior del país que ven en la actualidad reducir drásticamente su crecimiento, lo que provocará la externalidades negativas en términos de recaudación que se reflejará en reducción en la recaudación fruto de menores ganancias, menores transacciones económicas que impactan en el IVA, disminución en la generación de empleo, entre otros.

Desde otra perspectiva, la reducción en los niveles de actividad del sector exportador de cereales está atentando contra el mecanismo que inyectó pesos en la economía durante los últimos años mediante la compra de dólares por parte del BCRA y la posterior inyección de liquidez en la economía. La reducción de los valores exportados ya impacta directamente sobre el nivel actividad agregado generando menores niveles de liquidez (menos dinero en consumidores y menos crédito de los bancos) y consecuentemente subas en la tasa de interés. Entre otros aspectos, las reservas internacionales y la inyección de liquidez de la economía depende sin dudas que la cosecha 2009 / 2010 sea mucho mayor que la de esta campaña.

Aún no se han alcanzado a sentir los efectos nocivos de la crisis internacional en su total magnitud, y el campo representa una de las actividades que por las razones estructurales antes expuestas puede convertirse en la locomotora del sostenimiento de la dinámica económica nacional. En definitiva, el campo fue y sigue siendo una variable macroeconómica fundamental en la economía argentina. La macroeconomía argentina y el nivel de actividad necesitan revertir de inmediato esta situación; para lo cual debe haber en los próximos años en los que se presentarán dificultades ciertas para la economía argentina un horizonte previsible y las políticas de corto y mediano plazo deberán asegurar la cosecha del año próximo y un crecimiento sostenido crecimiento de la de los subsiguientes. Con el modelo actual lejos está el país de asegurar este objetivo, aun si el clima se comporta a favor y no hubiera sequía.

Es responsabilidad del Congreso de la Nación fijar los lineamientos a través de los cuales lograr el anhelado bienestar general que refiere nuestro texto constitucional. En ese sentido, esta propuesta busca alcanzar un equilibrio entre los legítimos intereses fiscales y redistributivos del Estado Nacional y los también legítimos intereses de los productores agropecuarios que aspiran lógicamente a un horizonte de previsibilidad para la toma de decisiones en torno a la actividad desarrollada y al riesgo asumido que esto implica.

Entendemos que la fijación de los aranceles podrá hacerla el Poder Ejecutivo, en ejercicio de potestades reglamentarias que devienen no de la delegación que de sus propias facultades pueda hacerle este cuerpo, sino de nuestra propia constitución. Sin embargo sostenemos que tales facultades deben ejercerse dentro de límites que corresponde sean definidos en esta oportunidad por este Honorable cuerpo legislativo.

Destacamos que el manejo del arancel, en cuanto herramienta de regulación del comercio exterior, requiere de una rapidez que no se compadece con el trámite de elaboración de las leyes. Concordantemente con ello entendemos que no existe óbice constitucional para que el órgano legislativo confiera al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo cierta autoridad a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de la ley (Fallos: 270:42 y sus citas; 312:1098; causa P.573.XXII. "Propulsora Siderúrgica S.A.I.C. s/ recurso de apelación -A.N.A.- ", fallada el 1 de septiembre de 1992).

En ese marco se propone una reducción gradual y escalonada en las retenciones al trigo, maíz, girasol y soja que mejore la rentabilidad y sustentabilidad de la cadena de cereales y oleaginosas e incentive la producción. Dicha reducción de alícuotas resulta mayor en los casos de trigo y maíz, cereales que poseen una situación especial por las caídas en la producción en la presente campaña y la relevancia que poseen en el consumo interno. La reducción de alícuotas establecida impactará en significativos aumentos en la competitividad del sector en el corto y mediano plazo, aspectos que sumados a la previsibilidad generará un claro incentivo a la pronta recuperación del área sembrada con cereales y oleaginosas. El costo fiscal de esta política sería aproximadamente de USD 1.250 millones (Ver Anexos II y III).

El proyecto también contempla una compensación para los pequeños y medianos productores de girasol y soja con el fin de mejorar en el corto plazo su rentabilidad e incentivar la producción.

La compensación se realizará mediante una bonificación equivalente al 10% o 5% (según escala de producción) del valor de la producción comercializada por los productores de girasol y soja. Esta compensación busca reducir el recorte en el precio de venta que sufre el productor de pequeña escala ante la existencia de elevadas alícuotas en los derechos de exportación de la soja y el girasol; y la política beneficia a más del 90% de los productores de soja y girasol. El beneficio impactará en significativos aumentos en la rentabilidad de los pequeños productores, los cuales tendrán mayores incentivos a la pronta recuperación del área sembrada con oleaginosas.

Considerando que aproximadamente el 40% de la producción de soja y girasol se obtiene en campos con escalas de producción menor a las 1.500 toneladas; teniendo en cuenta las cotizaciones actuales en puertos argentinos y los porcentajes de devolución propuestos, puede advertirse que esta propuesta representaría un costo fiscal aproximado de USD 400 millones.

Consideramos que el costo fiscal de las dos medidas mencionadas resulta acotado en relación con los beneficios directos de mediano y largo plazo que se alcanzarían. En términos relativos, la reducción en la recaudación por derechos de exportaciones del año 2009 y las compensaciones efectuadas a pequeños productores ese mismo año, representarían el 1,8% de los Ingresos Tributarios y el 16% del Superávit Primario según Presupuesto.

A partir de esta política compartida, los incrementos de producción implicarían, aumentos proporcionales en los ingresos de los productores a fin de provocar movilidad económica y una recuperación en la recaudación del gobierno en el mediano plazo, que admitiría la viabilidad de implementación de políticas redistributivas y una mayor disponibilidad de alimentos para la población.

Si bien el país debe pensarse a futuro sobre una matriz diversificada de producción, no debemos desconocer que en el corto plazo la crisis mundial y la necesidad de vencer los obstáculos inmediatos de los ingresos fiscales y la dinámica económica exigen tomar medidas como las que acabamos de exponer que den claridad y previsibilidad al sector.

El país debe lúcidamente hacer lo debido para aprovechar la oportunidad, aumentando su capacidad productiva y multiplicando sus volúmenes de producción. A ese efecto es imprescindible establecer y poner en marcha una política agropecuaria consensuada entre el estado y los productores, que fije claros y ambiciosos objetivos y diseñe los planes estratégicos sectoriales para alcanzarlos en el mediano y largo plazo. Se trata de políticas de largo alcance que deben adquirir, para poder mantenerse, el carácter de políticas de estado que persistan más allá de avatares políticos coyunturales.

Por las razones expuestas solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.

ANEXO

ANEXO I

Alícuotas Máximas de Referencia

(1) Excepto maíz pisingallo que tributará un derecho de exportación del CINCO POR CIENTO (5%).

(2) Excepto semilla de girasol tipo confitería, que tributará un derecho de exportación del DIEZ POR CIENTO (10%).

(3) Excepto semilla de girasol descascarada, que tributará un derecho de exportación del CINCO POR CIENTO (5%).

ANEXO II

Producción y Exportaciones de Cereales y Oleaginosas Estimados para el Año 2009

ANEXO III

Costo Fiscal Estimado de Reducciòn de los Derechos de ExportaciònI