La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la creación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) mediante el Decreto 304/06 del Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

El problema del Agua y los servicios de Saneamiento que tienen nuestros compatriotas, implica un problema latente del que nosotros como representantes no podemos estar ajenos. Implica y afecta un Derecho Humano Básico que subsume otros de igual importancia tales como salud, vida, con rango y jerarquía Constitucional en nuestro país.

El Estado Social es quien toma a cargo no solo políticas públicas de distribución y re distribución del ingreso sino que a nuestro entender debe tener en su esfera la gestión, planificación y ejecución de servicios y obras que impactan de tal manera en las vida cotidiana de todos los seres humanos.

Nadie tiene porque quedar fuera del acceso a uso , goce y permanencia en derechos básicos como el agua y nadie mejor que el Estado para garantizar en la agenda de prioridades el principio de igualdad.

Es público y notorio, el incumplimiento y el fracaso de la privatización de resortes tan esenciales que hacen al desarrollo económico y humano sostenible y sabemos también que se han redefinido las Políticas Publicas en la materia.

Adherimos no solo por los efectos que tendrá sobre los que viven en las áreas donde tenga competencia esta nueva empresa de mayoría estatal con participación de los trabajadores, sino que nos remite a pensar en nuestras provincias y recordamos que la gran mayoría de nuestros habitantes viven sin posibilidades de acceso.

Es el Decreto Nº 303/06 de Poder Ejecutivo Nacional donde por culpa del concesionario el Estado Argentino rescinde el contrato que lo vinculaba con la empresa Aguas Argentinas Sociedad Anónima, por la prestación del servicio público de aguas corrientes y desagües cloacales que brindaba a la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. El fundamento del mismo y el tenor de la decisión hablan de por si de la reiteradas violaciones a Derechos fundamentales de nuestro conciudadanos.

Entra en juego el derecho a la salud, que es nuestra responsabilidad, debemos garantizarlo como parte del Estado. Varios diputados, sabemos lo que es vivir sin cloacas, agua potable, en el basto territorio de nuestro país.

No podemos resumir en una ecuación financiera, tal como lo han llevado en adelante las empresas los derechos de los ciudadanos. El Estado y la vigencia de los derechos se encuentra por fuera de la lógica financiera , es nuestra obligación como Estado dar un salto cualitativo en esta materia.

Ya se ha declarado en diversos organismos internacionales e instrumentos que hemos ratificado, así como en fallos que hacen a la jurisprudencia de nuestro país que el acceso al agua potable y sin riesgos, tiene una inmediata relación con la efectividad real de la justicia social. Asimismo, dichos documento requieren que el Estado efectúe las denominadas acciones positivas tendientes a garantizar los derechos a los sectores con mínima o nula capacidad contributiva, en concordancia con los términos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible del año 2002 , con la Convención de Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y la Convención Americana de Derechos Humanos, además ser esta década (2005 - 2015) proclamada por Naciones Unidas como "Década del Agua".

Por los motivos expuestos, es que solicitamo la aprobación del presente proyecto de Declaración.