La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar ante la Comisión de Seguridad Interior de esta Honorable Cámara a la Ministra de Seguridad Nacional Doctora Nilda Garre y al Secretario de Seguridad Sergio Berni, para que brinden explicaciones respecto de los graves incidentes acontecidos en la ciudad de Junín de la Provincia de Buenos Aires a causa del asesinato de la adolescente Karen Campos.

Señor presidente:

Resultan por todos conocidos los incidentes acontecidos en la ciudad de Junín de la Provincia de Buenos Aires como consecuencia del asesinato de la joven Karen Campos.

La muerte de esta joven de 17 años provoco la lógica reacción de los vecinos de dicha localidad. Lamentablemente este justo reclamo fue opacado por la aparición de grupos de provocadores que utilizaron la violencia como forma de acción.

El empleo y la utilización de violentos con el único objetivo de correr el foco de atención sobre el problema real resultan prácticas que ameritan el más fuerte repudio y rechazo.

El intendente de la localidad de Junín había solicitado la ayuda por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo a pesar de los sucesivos reclamos tanto Nilda Garre como el Secretario de Seguridad Sergio Berni se mostraron indiferentes. La misma actitud pasiva mostro la seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La inseguridad es un problema que tiene en vilo a toda la ciudadanía, sin distinción de clase ni genero. Sin lugar a dudas la misma obedece a múltiples facetas, y requiere como primera medida de la implementación de políticas sociales inclusivas que coloquen a todos los ciudadanos en un pie de igualdad. Ninguna política pública de seguridad resulta viable y eficaz si no existe por parte del Estado una marcada decisión de llevar a cabo todas las acciones que resulten necesarias para satisfacer las necesidades vitales de las personas.

Sin embargo lo antedicho no amerita que el partido gobernante se desentienda de los graves problemas diarios por los que deben atravesar cada uno de sus habitantes.

En varias oportunidades se escucharon declaraciones por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que centraban su foco en la supuesta intención de los medios de comunicación de querer generar en la sociedad una "sensación de inseguridad", que nada tenía que ver con la realidad.

La simple constatación fáctica por medio de la consulta que cada uno de los ciudadanos podemos hacer con nuestros allegados nos demuestra que la inseguridad no es una sensación sino un problema concreto y real. Este hecho pareció ser reconocido de un modo burdo y descarado por el Secretario de Seguridad Sergio Berni al manifestar en una entrevista radial que "Acá nadie habla de una sensación de inseguridad. Este es un tema técnico, que tiene que ver con estudios de problemas de seguridad. Pero a la sociedad eso no le interesa. ¿A quién carajo le importa la sensación de inseguridad?"

La realidad pone de manifiesto que durante la gestión del actual partido gobernante la inseguridad lejos de haber disminuido se ha visto incrementada e intensificada debido a la existencia de un conjunto de circunstancias que conforman un caldo de cultivo demasiado peligroso: la marginalidad, la imposibilidad de progreso, la droga, el narcotráfico, la corrupción y la protección de barra-bravas son manifestaciones de al menos una clara incompetencia del oficialismo nacional para revertir la situación (no descartando complicidades).

Dentro del amplio espectro delictivo que afecta a nuestro país debe remarcarse el crecimiento del narcotráfico. En los últimos años la Argentina enfrenta un problema ascendente y con potencial impacto en su seguridad nacional. El calificativo de "país de tránsito" ya se encuentra muy alejado de la realidad. Los productores, distribuidores y comerciantes de drogas ilegales encuentran en nuestro territorio un ámbito propicio para llevar a cabo sus negocios. El creciente aumento de laboratorios clandestinos (el informe mundial de drogas 2011 emanado de la United Nations Office of Drugs and Crime da cuenta de la existencia de 20 laboratorios de cocaína) sumado al masivo flujo de efedrina hacia México para la producción de metanfetamina son hechos facticos que dejan al descubierto el déficit gubernamental en políticas de combate contra el narcotráfico. Otro dato que verifica la situación planteada es la constatación de aproximadamente 80 vuelos ilegales mensuales en la provincia de Salta, siendo esta una zona sensible al narcotráfico y contrabando.

Si bien la situación de inseguridad descripta anteriormente involucra a todo el territorio nacional, la provincia de Buenos Aires y el área metropolitana son las zonas más afectadas por la delincuencia.

El delito conocido comúnmente como "entraderas", que es el robo que se produce cuando uno o varios delincuentes sorprenden a la victima cuando entra o sale de su casa, se ha visto agravado en estos últimos tiempos, ya que al hecho mismo del robo se le sumo el homicidio. Las "entraderas" seguidas de muerte cometidas en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arrojaron durante el año pasado un promedio de una cada siete días.

Asimismo al lamentable homicidio de Karen Campos se suma el asesinato de Pedro Tuculet, un joven de la ciudad de La Plata.

Cabe remarcar que el problema estructural por el que atraviesa la policía bonaerense no es un hecho desconocido por las máximas autoridades del ejecutivo provincial. Fue el propio vicegobernador, Gabriel Mariotto, quien reconoció que "solo el 30 % de la policía (bonaerense) son buenos funcionarios".

La crítica situación que afecta a los argentinos, y en especial a los bonaerenses, pone de manifiesto que se encuentran dadas las condiciones para que se pongan en funcionamiento las herramientas establecidas por la Ley de Seguridad Interior (Ley 24.059)

El artículo 2 de la citada ley define como seguridad interior a "la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional".

Los hechos delictivos que se vienen perpetuando en la provincia de Buenos Aires se encuentran suscriptos dentro de los supuestos regulados por el artículo 23 de la ley 24.059. Resulta evidente que la inseguridad imperante en el territorio bonaerense amenaza los derechos y las garantías constitucionales (articulo 23 inciso "b"), y por tanto deviene como necesaria no solo la presencia de la Ministra Garre dentro del seno del Congreso de la Nación dando todas las explicaciones que amerita esta grave situación, sino también la inmediata convocatoria del Consejo de Seguridad interior y la consecuente conformación del Comité de Crisis.

Asimismo si bien nadie puede desconocer el grado de responsabilidad que les cabe a las policías provinciales sobre los hechos acontecidos dentro de sus jurisdicciones, lo cierto es que las fuerzas de seguridad nacionales no solo deben intervenir en cuestiones de competencia federal sino en muchas otras que por la gravedad y relevancia ameritan una intervención del ejecutivo nacional.

El propio Decreto que creó el Ministerio de Seguridad establece en sus fundamentos "Que las Leyes ORGANICAS de la GENDARMERIA NACIONAL Nº 19.349 y de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Nº 18.398, establecen que dichas Fuerzas podrán ser empleadas en cualquier lugar de la Nación cuando ello sea dispuesto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, con vistas al mantenimiento del orden y la tranquilidad pública o para satisfacer un interés de seguridad nacional. Asimismo establece "Que la Ley de SEGURIDAD INTERIOR Nº 24.059 en sus artículos 23 y 24, prevé el empleo de Fuerzas de Seguridad y Policiales Nacionales en el territorio de las Provincias, fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal y en los supuestos allí establecidos y a requerimiento de sus respectivos Gobernadores.

Tan solo con citar un ejemplo de la normativa que resulta aplicable en la materia nos basta para fundamentar el adecuado reclamo de participación nacional en los alarmantes conflictos de seguridad por los que atraviesa la provincia de Buenos Aires: El artículo 5 de la Ley 18.398 estable que "Gendarmería Nacional actuará dentro de la siguiente jurisdicción c) En cualquier otro lugar del territorio de la Nación, cuando ello sea dispuesto por el Poder Ejecutivo con vista al mantenimiento del orden y la tranquilidad pública o para satisfacer un interés de seguridad nacional".

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.