La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Visto los hechos de inseguridad ciudadana que se manifiestan en todo el país, con pérdida de vidas y creciente inquietud social, principalmente los ocurridos en Junín, Provincia de Buenos Aires, el pasado 10 de Marzo de 2013, consideramos impostergable, como representantes del pueblo exhortar a las autoridades nacionales a asumir sus responsabilidades ineludibles.

A tales efectos convocamos al Sr. Ministro de Economía y Finanzas Publicas de la Nación Lic. Hernán Lorenzino; Sra. Ministra de Desarrollo Social Dra. Alicia Kirchner, al Secretario de Programación para la prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico (Sedronar) Dr. Rafael Bielsa; a la Sec. Ejecutiva de la Comisión Nacional de Políticas Publicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de estupefacientes, la delincuencia y la corrupción Mónica Cuñarro; y al Director Nacional del Registro Nacional de Armas Sr. Matías Molle (Renar), a efectos de que conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Nacional, concurran al pleno de esta Cámara a fin de informar sobre los aspectos de los programas de gobierno y políticas públicas en las áreas de su competencia.

Señor presidente:

Lo sucedido en la ciudad de Junín no es un caso aislado y la complejidad de la situación requiere el urgente tratamiento de las causas concurrentes. Convergen en esta espiral de violencia irresueltas cuestiones socio-económicas que impiden la inclusión en el aparato productivo de miles de jóvenes que no encuentran inserción en trabajo registrado para la formación de los hábitos y conductas necesarios para la convivencia armónica. Es evidente que las políticas sociales y los planes asistenciales no contribuyen a reconstruir el tejido social en la medida que debieran, por ausencia de seguimiento, control de impacto y porque las redes clientelares cristalizan la exclusión de diferente manera. En esas diferencias y en la imposibilidad de movilización ascendente se incuban factores disvaliosos que perturban los comportamientos por desesperación o impotencia. En esa escalada, cada vez se percibe con mayor gravedad la indiferencia por la vida propia y ajena.

En ese vasto universo ingresan y se desenvuelven organizaciones del narcotráfico que anclan sus actividades utilizando necesidades básicas insatisfechas y la delincuencia opera con márgenes inadmisibles para una sociedad civilizada recortando los derechos y las libertades que se sienten desprotegidos y a merced de quienes atentan contra su tranquilidad, sus vidas y patrimonios.

La ausencia de radarización y la proliferación de armas en posesión de personas de toda edad, potencian la peligrosidad que alteran las costumbres y generan zozobra en familias de todos los estratos sociales, especialmente en los barrios más humildes y donde habitan nuestras clases medias.

El modelo económico que no genera empleo privado genuino y las políticas sociales que no atenúan las irritantes asimetrías, desdibujando la cultura del trabajo y el esfuerzo, impone debatir el rumbo de las políticas que se ejecutan. Los ingentes fondos presupuestados para distintos emprendimientos sociales y su inequitativa distribución territorial parecen corresponderse más con la afinidad partidaria que con un plan con metas y objetivos para el logro de sus fines reparadores.

La competencia federal en materia de drogadicción obliga a revisar la actuación de las políticas de prevención y persecución penal, tanto como el planeamiento estratégico del combate en manos de las fuerzas de seguridad que deben funcionar articuladas.

La portación y facilidades en la comercialización de armas, desbordada por la ilegalidad, demandan políticas de control y registro para desarmar a nuestra población que por indefensión ingresa en un terreno donde cada vez hay más muertes inocentes.

El Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad, el Sedronar, el Renar y la Comisión Nacional de Políticas Públicas en Materia de Prevención del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, deben responder en lo que les compete y explicar a la ciudadanía sobre la situación real para abordar en conjunto estos problemas, mancomunando acciones y esfuerzos con las jurisdicciones provinciales y municipales. Debemos despejar la extendida sospecha sobre la presencia de integrantes de organizaciones sociales subvencionadas con fondos públicos o provocados sobre hechos luctuosos en lugares donde gobiernan opositores.

Exhortamos a brindar la información fehaciente y presentar políticas específicas.

Nos solidarizamos con los familiares de víctimas de la inseguridad.

Repudiamos toda utilización política de estos dolorosos episodios y es por ello que solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la sanción de este proyecto.