PROYECTO DE TP
Expediente 0773-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LAS PROVINCIAS DURANTE LOS AÑOS 2007 Y 2008, CON CARACTER ADICIONAL, A LAS QUE SURGEN DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS.
Fecha: 13/03/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 10
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
informe sobre las transferencias realizadas a las provincias durante los años 2007 y
2008, con carácter adicional a las que surgen de la Coparticipación Federal de
Impuestos y, en particular, el gasto devengado por distintos programas
presupuestarios en las siguientes jurisdicciones:
1º) Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios:
a) Desarrollo de la Infraestructura
Habitacional "Techo Digno";
b) Acciones para el Desarrollo de la
Infraestructura Social;
c) Acciones para el Mejoramiento
Habitacional e Infraestructura Básica;
d) Fortalecimiento Comunitario del
Hábitat;
e) Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios;
f) Acciones para "Mas Escuelas, Mejor
Educación" (BID 1345);
g) Formulación, Programación, Ejecución y
Control de Obras Públicas;
h) Dirección Nacional de Vialidad.
2º) Ministerio de Educación:
a) Desarrollo de la Educación
Superior;
b) Infraestructura y Equipamiento;
c) Acciones Compensatorias en
Educación;
d) Innovación y Desarrollo de la Formación
Tecnológica;
e) Fondo Nacional de Incentivo
Docente.
3º) Ministerio de Desarrollo Social:
a) Acciones de Promoción y Protección
Social;
b) Promoción del Empleo Social,
Economía Social y Desarrollo Local;
c) Seguridad Alimentaria;
d) Familias por la Inclusión Social.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene
por objeto requerir información oficial sobre la ejecución del gasto en relación a
diversos programas presupuestarios, ante la persistencia de una práctica
gubernamental que se ha extendido en su aplicación durante los últimos años, por
parte del Poder Ejecutivo nacional y que refiere concretamente al manejo discrecional
de los fondos públicos.
De tal manera se atenta contra el
instrumento legal presupuestario, contraviniendo la cláusula de la Constitución
Nacional que asigna al Congreso de la Nación (art.75, inc.8º) la atribución de fijar
anualmente el presupuesto de gastos, que en todo sistema democrático de gobierno
garantiza la separación de poderes y un reparto equitativo de los recursos
nacionales.
Se trata de examinar al respecto las
llamadas "transferencias discrecionales" que el Poder Ejecutivo nacional realiza con
carácter adicional a las que surgen de la Coparticipación Federal de Impuestos, con
destino a las diferentes jurisdicciones provinciales.
En particular, se requieren en este pedido
de informes los datos correspondientes al gasto devengado por distintos programas
presupuestarios de los Ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, de Educación y de Desarrollo Social.
Los principales programas involucrados,
por la relevancia del gasto que comprenden, están referidos a: Desarrollo de la
Infraestructura Habitacional "Techo Digno"; Acciones para el Desarrollo de la
Infraestructura Social; Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura
Básica; Fortalecimiento Comunitario del Hábitat; Urbanización de Villas y
Asentamientos Precarios; Acciones para "Mas Escuelas, Mejor Educación" (BID 1345);
Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas y Dirección
Nacional de Vialidad, en jurisdicción del Ministerio de Planificación.
Por su parte en el Ministerio de Educación,
se requiere informar sobre la ejecución presupuestaria de los programas de Desarrollo
de la Educación Superior; Infraestructura y Equipamiento; Acciones Compensatorias
en Educación; Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica y Fondo Nacional
de Incentivo Docente.
En el Ministerio de Desarrollo Social se
requiere conocer el gasto devengado con relación a los programas presupuestarios
de: Acciones de Promoción y Protección Social; Promoción del Empleo Social,
Economía Social y Desarrollo Local; Seguridad Alimentaria y Familias por la Inclusión
Social.
Según la información disponible, la
ejecución presupuestaria de los referidos programas, a partir de las transferencias
realizadas a las provincias durante los años 2007 y 2008, difiere de la asignación
contenida originalmente en la Ley de Presupuesto, con variaciones significativas que
aumentan o disminuyen el gasto devengado en cada provincia, desvirtuándose por
completo las pautas presupuestarias fijadas por el Congreso de la Nación.
El gobierno nacional ha convertido así al
Presupuesto en un acto formal, sin contenido programático alguno, con el agregado
que la delegación de poderes ha consagrado, a partir de la modificación del artículo 37
de la Ley 24156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional,
en manos del Jefe de Gabinete de Ministros.
Durante el mes de enero del corriente año
de 2009 por medio de la Decisión Administrativa Nº 2/09 se aprobaron subsidios por
un total de $32.700 Millones, según
surge de información publicada en el
Boletín Oficial, que corresponden a la distribución de los créditos para gastos y los
recursos del Presupuesto Nacional para el corriente ejercicio.
En términos presupuestarios, los subsidios
comprenden tanto las transferencias de la Administración Pública Nacional para
financiar gastos corrientes y/o de capital de algunos agentes económicos, como para
mantener el precio de determinados bienes y servicios, o el funcionamiento de
empresas públicas o impulsar el desarrollo de determinados sectores de la economía.
Por ello tienen profundas implicancias políticas, económicas y sociales.
No resulta difícil comprobar un alto grado
de discrecionalidad en la ejecución del presupuesto, sin consideraciones objetivas
para la distribución del gasto público, y que generalmente terminan menoscabando
jurisdicciones y autonomías provinciales, premiando aliados del poder central y
castigando a las jurisdicciones dirigidas por la oposición o por quienes habiendo
formado parte del oficialismo tuvieron la osadía de disentir en algunas cuestiones con
el Poder Ejecutivo nacional.
Un análisis de la ejecución presupuestaria
realizado a partir de informaciones obtenidas del Sistema Integrado de Información
Financiera (SIDIF) de publicaciones de la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública (ASAP) y del Boletín Oficial, permite advertir no
solamente la falta de cumplimiento de los montos asignados en el Presupuesto
Nacional, sino la más absoluta falta de equidad en la distribución de los fondos
públicos.
Esta situación ha llevado a extremos que
en muchos casos implican llevar adelante programas sin el consentimiento de las
propias autoridades provinciales, en que los fondos se gestionan en forma directa con
Municipios o a través de organizaciones no gubernamentales de dudosa legitimidad,
sin observancia de los procedimientos legales de contratación pública, ni los
controles institucionales que corresponden, dificultándose por completo la posibilidad
de individualizar el cumplimiento de las metas físicas de los respectivos programas,
que han dado sustento a la distribución de los recursos.
En la provincia de Santa Fe esta situación
ha dado lugar al dictado del Decreto 3177/08, por medio del cual el gobierno provincial
ha reglamentado las formas y procedimientos para el ingreso de los fondos nacionales
a la provincia, como medio de tomar parte de las decisiones correspondientes a la
asignación de los recursos, de acuerdo con el interés y las necesidades
provinciales.
Las transferencias discrecionales a
provincias y municipios que se ha podido relevar, sin contar aún con un detalle
pormenorizado de las cifras oficiales que se reclaman por el presente informe,
muestran que en la ejecución del gasto público durante 2007, surgen claramente
ganadores y perdedores, destacándose una situación insólita como la de Santa Cruz,
que ha recibido seis veces y media su porcentaje de coparticipación.
Se observa que la mayoría de los aliados
políticos del gobierno nacional recibieron fondos por encima de sus porcentajes de
coparticipación, en los casos de Tucumán, La Pampa, La Rioja, San Juan, Chubut y
Buenos Aires. Mientras tanto, jurisdicciones de oposición política al gobierno nacional,
estuvieron por debajo de ese índice, como Santa Fe, San Luis, Mendoza, Córdoba y
Catamarca.
Un aspecto fundamental para analizar con
los datos que se obtengan de ese pedido de informes, es la distribución discrecional
de la obra pública, en la cual el Ministerio de Planificación Federal reviste un carácter
estratégico para el gobierno nacional, con una ejecución cercana a los $ 31.000
millones en 2008, que representa aproximadamente un 18 % del total de erogaciones
del sector público nacional.
Dentro de los diversos programas que
operan bajo su órbita, se han señalado en el presente pedido de informes los
programas habitacionales y en su conjunto, aquellos que focalizan sus objetivos en el
mejoramiento de la infraestructura social básica, habitacional, barrial, de
fortalecimiento comunitario y de las vías de comunicación terrestre, como Vialidad
Nacional.
De acuerdo con la información propia y
datos provinciales que se han podido relevar hasta el momento, este conjunto de
programas tienen una ejecución de $8.300 millones en las distintas provincias, lo que
representa un 27 % de la ejecución del Ministerio de Planificación, en los que se
observa una reducción interanual en 2008 respecto del año anterior. Pero igualmente
su ejecución, no resulta homogénea en todas las jurisdicciones.
Mientras que en San Juan (+ 38 %),
Santiago del Estero (+35 %), Chubut (+22 %) , Tucumán (+14 %) y Río Negro (+12
%) dichas erogaciones crecen de manera significativa, en Tierra del Fuego ( - 64 %),
Catamarca ( - 34 %) y Corrientes (- 19 %), entre otras, presentan fuertes caídas del
gasto.
También es importante analizar la
concentración de las transferencias correspondientes a los programas señalados en el
presente pedido de informes, ya que en base a una elaboración propia de los datos
disponibles, se puede comprobar que un 16,8 % del gasto total de dichos programas
fue ejecutado en la Provincia de Buenos Aires, seguida por un 12,4 % en Santa Cruz.
Mucho más lejos se ubican las provincias de Tucumán, Chubut, Chaco y Formosa,
con una participación en torno al 5 %. En conclusión, se observa que más de la mitad
del gasto en dichos programas (50,04 %) se concentra en solamente seis
provincias.
Analizando el gasto ejecutado por
programa se observa que la mayor proporción de erogaciones de la Dirección
Nacional de Vialidad se ejecutaron en Santa Cruz, con una asignación del 19 % del
gasto en obras viales por un total de $816 millones. El mayor nivel de erogaciones de
los programas habitacionales se ejecutó en la provincia de Buenos Aires, por $ 905
millones, seguida por Tucumán, con $ 349 millones. A su vez, la principal beneficiaria
del programa "Acción para más escuelas, Mejor Educación", resultó la provincia de
Buenos Aires, con $134 millones, seguida por Tucumán, con $58 millones y Córdoba,
con $29 millones.
Algunas jurisdicciones afines al gobierno
nacional resultan beneficiadas, sin que las obras públicas queden sujetas a
parámetros de objetividad y equidad en su asignación, sea por la utilización de
índices de coparticipación, de déficit de viviendas, de necesidades básicas
insatisfechas, entre otros. Tampoco reflejan, como debieran, una integración a un plan
maestro de políticas públicas nacionales, impulsadas por consideraciones objetivas en
la selección de los destinatarios de las obras, ni por su rentabilidad social u otras
consideraciones objetivas para un reparto equitativo de los fondos públicos.
En consecuencia, corresponde que desde
el Congreso de la Nación tengamos la posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de
la ejecución presupuestaria de la obra pública y demás programas comprendidos en el
presente pedido de informes, reasumiendo las atribuciones propias que nos confiere la
Constitución Nacional, como medio de evitar que el Poder Ejecutivo continúe
consumando un manejo discrecional de los recursos públicos nacionales.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de
mis pares para dar aprobación al presente proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BEVERAGGI, MARGARITA BEATRIZ | CHACO | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PRESUPUESTO Y HACIENDA (Primera Competencia) |