La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de que el mismo informe:

- Sobre el estado de situación de la adhesión de las provincias a la Ley 26.363 de Seguridad Vial y su decreto reglamentario N° 1716/08.

- Sobre el Consejo Federal de Seguridad Vial,

- Si el mismo se encuentra en plena operatividad, conforme a los Artículos 6 y 7 de la Ley 24449 (el primero de ellos, modificado por el Artículo 21 de la Ley 26.363), reglamentado en el Anexo VIII del Decreto 1716/08 que sustituye el Anexo T del Decreto 779/95.

- De encontrarse en pleno funcionamiento, ¿Cuáles son los objetivos logrados de acuerdo a las funciones delegadas por Ley 24.449?

- Sobre la Agencia Nacional de Seguridad Vial,

- ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Cronograma 2008?

- ¿Cuál es el Programa de Acción previsto para el año 2009?

- Informe sobre el estado de avance de la elaboración de informes y propuestas respectivas a sus funciones, como el Sistema de Monitoreo Satelital, y el Sistema de control de la jornada y descanso laboral para los conductores de vehículos de transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter inter-jurisdiccional.

- Infórmese si se han firmado los Convenios de Colaboración para el uso compartido y el traspaso de información necesaria entre los organismos estatales encargados de expedir las licencias de conducir. De estar instrumentados, verificar que cumplan con los requisitos pautados por la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326/00 y su Decreto Reglamentario Nº 1558/01.

- En relación al Observatorio de Seguridad Vial, infórmese sobre los hechos que ha producido desde su instauración y de los recursos humanos que lo integran (antecedentes de su capacitación y especialización), ya que serán quienes extraerán las conclusiones para implementar políticas y medidas estratégicas para el desarrollo del tránsito seguro en todo el territorio de la Nación.

- Sobre el financiamiento de las estructuras que crea la ley,

- Infórmese si existe partida presupuestaria prevista extraoficialmente, ya que no existe el renglón específico en el Presupuesto General de la Nación 2009 para desarrollar la política nacional de seguridad vial, y si el Estado consideró proyecciones presupuestarias a partir de la crisis financiera mundial, las previsiones de caída en la tasa de crecimiento económico y de un descenso en el ingreso.

- Informe la ANSV si la Dirección General de Administración que depende del Subdirector Ejecutivo, elaboró el presupuesto anual de acuerdo a los planes políticas y normativa vigente, tal cual lo prevé el Decreto 1787/08.

Señor presidente:

Hace poco más de un año sancionábamos la Ley 26.353/08, con la intención de dar solución a los graves, reiterados, y en muchos casos evitables accidentes de tránsito que constituyen un importante problema multidimensional y de salud pública. La misma viene a ratificar, complementar y/o aclarar algunas cuestiones que habían sido ya anunciada por su antecesora Ley 26.353, especificando la conformación y funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y puntualizando las modificaciones introducidas a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449/95. Nos interesa saber, en esta instancia, si la Seguridad Vial se convirtió realmente en Política de Estado o si la Ley 26.353 sólo fue impulsada desde el Ejecutivo Nacional con la intención de calmar los ánimos frente a la realidad acuciante del momento. Si no hay operatividad plena de la Ley, si no se destinan los fondos necesarios, mal podemos sostener frente a la sociedad que la Seguridad Vial es considerada un problema de Estado.

En un país federal, y frente a la sanción de la nueva Ley y su reglamentación, también es menester que las provincias readecuen su orden jurídico local a las nuevas exigencias en la materia, incorporando al régimen vigente las modificaciones efectuadas en el orden nacional. Sin la puesta en funcionamiento de los mecanismos que aseguren criterios unícovos a nivel nacional respecto a la emisión de licencias de conducir, registros de accidentes viales y de penalización por acciones imprudentes y de estadísticas; no es posible una política nacional seria.

Sin desmedro de lo dicho hasta aquí, es importante llamar la atención sobre el hecho de que la responsabilidad del Estado en la materia no se limita a dar operatividad plena a la Ley 26.363/08. Si bien tendemos a explicar los accidentes de tránsito (en un 90%) como productos de la falla humana (Teoría Conductualista); un número importante de errores de los conductores y sus terribles consecuencias son inducidos o provocados por el defectuoso diseño, construcción o mantenimiento de las calles y carreteras -o falta de señalización adecuada en su caso-, agravando además los efectos dañosos del accidente. Es decir, no se analiza el sustrato o causa real que subyace o sustenta la veracidad real del supuesto porcentaje indicado.

El Estado Nacional tiene responsabilidad civil como proveedor monopólico del servicio público vial en la red troncal nacional, que constituye apenas el 5% de la red vial total, pero concentra el 57% del tránsito interurbano y registra el 75% de las muertes en dicho tránsito. Las carreteras son bienes públicos propiedad el Estado, a cuyo nombre está inscripto el dominio de las tierras que componen la traza vial. Las obras allí construidas son también patrimonio del Estado por el principio de accesoriedad. Además, ejerce el poder de policía con relación al uso y goce de estos bienes públicos. El Estado es autoridad jurisdiccional en materia de tránsito y tiene siempre un deber primario para con la sociedad toda en una materia de importancia vital y colectiva como el tránsito vehicular, debiendo garantizar la circulación en perfectas condiciones de seguridad vial ejercitando sus funciones inherentes de policía de tránsito y policía de seguridad, en orden a la reglamentación, prevención, control y ordenamiento del tránsito vehicular. El Estado es pues dueño y guardián de las carreteras por lo que le comprenden las responsabilidades previstas en el Artículo 1113 del Código Civil. Aún cuando lo ejerza por medio de concesionarios privados que actúen como delegados del Estado y dentro del ámbito y alcance de la delegación. No debemos olvidar que en estas circunstancias el Estado tiene a su cargo el contralor del fiel cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas concesionarias. El Estado es ejecutor del hecho consistente en el diseño, construcción y operación de carreteras. Si por culpa o negligencia o falta del servicio del Estado el hecho ejecutado, es decir, la carretera, ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil. (Art. 1109 y 1112). Siendo el tránsito una actividad de altísimo riesgo, el Estado debe extremar la previsibilidad de ocurrencia de siniestros viales y en base a ello adoptar y agotar las diligencias que exigiera la naturaleza riesgosa de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. (1)

La Seguridad vial, o equilibrio compuesto por la trilogía conductor - vehículo - vía, va de la mano de la prevención y se logra mediante la implementación de medidas y dispositivos adecuados por parte del Poder Ejecutivo. Cuando dichas medidas fallan, aparece la sombra de la inseguridad vial, o desequilibrio - accidentes -, y con ello la fase represiva y la búsqueda de los sujetos responsables a cargo del Poder Judicial. La mayoría de las líneas de acción de la nueva normativa, Ley 26.363, apuntan a esto, ya que se trata de Medidas de Control Social, concebidas como medidas correctivas y represivas para evitar la sensación de impunidad en calles y carreteras, ante la pobre conducta vial de los usuarios. El sistema de puntaje o scoring, por ejemplo, forma parte de las llamadas medidas de control social junto a los controles masivos de velocidad y alcohol, endurecimiento de penas y sanciones, nuevos delitos, etc., y tiene como finalidad la evaluación permanente del comportamiento del conductor a través de la quita o retiro de los puntos asignados inicialmente, tratando de reeducarlo y concientizarlo acerca del riesgo vial (conforme art. 9 Ley 24.449), y de esa forma lograr un efecto disuasorio de las conductas antirreglamentarias, ilícitas o atentatorias contra la fluidez y la seguridad del tránsito. "... con las personas sólo cabe formarlas lo mejor posible para que sepan moverse con seguridad, y tratar de que identifiquen el riesgo para que extremen las precauciones, pero ello no garantiza la seguridad..." , dice el Prof. Luis M. Xumini en La Seguridad Vial y las Infraestructuras.

En cambio, poco se prevé respecto de los otros dos componentes de la Seguridad Vial: vehículo y carretera, donde se necesitan políticas de seguridad vial fundadas en conocimientos y en valoraciones técnicas sobre sus consecuencias, o sea, mejoras funcionales en los elementos objetivos y sostenibles: los vehículos y las infraestructuras. "... gestionando la seguridad y la funcionalidad de las infraestructuras, se cambia la tendencia a ser de las realidad en calles y carreteras, y ello otorga un gran poder para disminuir sensiblemente la siniestralidad mejorando la seguridad por sus causas", o sea se logran mejoras sostenibles y permanentes.

Debe otorgarse un papel preponderante y contributivo al mejoramiento, construcción y mantenimiento de la red vial, dotada de todos los elementos de seguridad vial activa y pasiva, tendientes a tratar de evitar accidentes, o por lo menos a reducir sus efectos nocivos. " ... Pero esto hace recaer la obligación social y la responsabilidad sobre las Administraciones, y no sobre los usuarios como se hace en el otro planteamiento, y tampoco nos engañemos, mejorar la seguridad de ese modo implica no poder recaudar con la excusa de mejorar la seguridad. Y estas son dos razones de peso para seguir recargando la responsabilidad de la seguridad viaria a los usuarios, y para no asumir las que le corresponde a las Administraciones por las condiciones de las infraestructuras y otros elementos." (Dr. Martín D. Pirota "Pan Nacional de Seguridad Vial 2006/2009 ¿más de lo mismo?". "En el planeamiento de una carretera comienza precisamente la prevención del accidente de tráfico", revela el catedrático de derecho español Miguel López Muñiz Goñi en La responsabilidad de la Administración en el accidente de tráfico.

Entonces nos preguntamos: ¿es justo considerar único responsable, siempre y en forma automática, al conductor por los accidentes de tránsito que le toque protagonizar? ¿El Estado u organismo vial competente, encargado de la construcción, mantenimiento o conservación de los caminos y su adecuada señalización, no debe cumplir previamente con las obligaciones a su cargo? ¿Así como el Estado se ocupa de velar por la seguridad personal de los ciudadanos (policía de seguridad), no debe involucrarse activamente en la seguridad vial de la circulación terrestre (policía de tránsito)? ... (El ingenio popular diría: ¿qué está primero: el huevo o la gallina?).

Nuestro país posee una de las tasas más elevadas de mortalidad por accidentes de tránsito del mundo. Según un relevamiento difundido por la asociación Civil "Luchemos por la vida", en el año 2008 hubo 8205 víctimas fatales, lo que arroja un promedio de 683 muertes por mes, y más de 20 por día. Estas cifras apenas indican la magnitud de las tragedias que ocurren a diario: padres, hijos, hermanos, nietos, y novios fallecen en accidentes de tránsito que podrían haberse evitado. Los siniestros viales representan la primera causa de muerte en jóvenes menores de 35 años y la tercera sobre la población total del país, después del cáncer y los accidentes cardiovasculares.

El Consejo Europeo de Ministros afirmó que "Cada país tiene el número de muertos en accidentes de tránsito que está dispuesto a tolerar". Coincidimos en la apreciación. Sabemos que la ley 26.363/08 es un primer paso aunque no el único necesario, para dar solución a este acuciante problema. Es por ello que pedimos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente Pedido de Informes.