La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de este Honorable Congreso de la Nación modifique el Plan Anual de Control Externo de la Auditoria General de la Nación, incorporando la realización de una auditoría integral en sus aspectos patrimoniales, económico-financieros, técnicos, ambientales y operativos de las empresas YPF S.A. e YPF GAS S.A., en los términos de la Ley Nº 24.156.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Cámara el presente Proyecto de Resolución, que tiene por objeto solicitar a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de este Honorable Congreso de la Nación modifique el Plan Anual de Control Externo de la Auditoria General de la Nación, incorporando la realización de una auditoría integral en sus aspectos patrimoniales, económico-financieros, técnicos, ambientales y operativos de las empresas YPF S.A. e YPF GAS S.A., en los términos de la Ley Nº 24.156.

En abril del año 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de Ley para expropiar las acciones de YPF, mientras que a la vez se declaraba de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.

El proyecto se aprobó con el apoyo de la gran mayoría de los bloques políticos, sancionando el 3 de Mayo de 2012 la Ley Nº 26.741, promulgada al día siguiente. Sin dudas que recuperar YPF por medio de su (parcial) re-estatización fue una justificación más que suficiente para aprobar en general ese proyecto. Sin entrar en mayores detalles, que los diferentes bloques esgrimieron en aquel momento para votar negativamente algunos artículos del proyecto, en aquella oportunidad sostuvimos, y ratificamos ahora, que la elección de conformar una Sociedad Anónima choca con la necesidad de elegir entre el criterio empresarial de maximizar ganancias, o comenzar a responder a las necesidades nacionales, realizando las inversiones necesarias y priorizando el buen vivir de nuestro pueblo.

A continuación trascribimos algunos párrafos del informe referido al sector energético elaborado por la Auditoría General de la Nación (Diciembre de 2013), que dan cuenta del estado de situación -a esa fecha- en el sector energético, producto de un modelo energético neoliberal que a todas luces ha fracasado, y que impuso entre sus premisas básicas la ausencia de todo tipo de control y planificación estatal sobre el sector:

"La caída productiva comienza a fines de los 90. Es en esa década cuando el Estado nacional, mediante la privatización de sus grandes empresas energéticas, se desvinculó de la producción, distribución y comercialización de energía y, al mismo tiempo, abandonó el ejercicio de algunos de sus roles indelegables, como la planificación estratégica y la fiscalización de numerosas actividades. Dado que el sector energético quedó desde aquel entonces y durante la mayor parte de la última década en manos de empresas privadas, la AGN focalizó su tarea en evaluar la función de control y supervisión del Estado sobre las actividades de exploración y extracción de dichas empresas, acordadas en los contratos de concesión.

(...)

La AGN detectó por ejemplo que el Estado no sanciona a los concesionarios de explotación de hidrocarburos por incumplir con las inversiones comprometidas, ni controla eficazmente la producción, ni actualiza el valor del canon, ni liquida adecuadamente las regalías. Esta ausencia del Estado facilitó que los concesionarios implementaran un manejo cortoplacista, sin una visión estratégica integrada para el sector.

(...)

La reestatización en 2012 del paquete mayoritario de acciones de la principal empresa argentina de energía, YPF, refleja un reconocimiento tardío de la situación extremadamente grave a la que se ha llegado en el sector. Ahora bien, si el sentido de retomar el control de YPF fue el de restituir al Estado el control sobre la explotación de los recursos estratégicos nacionales, no se entiende por qué se excluyó a la empresa de la órbita de control de la AGN.

De tal manera, YPF resulta un caso excepcional en América Latina, ya que las principales empresas petroleras de la región con participación estatal mayoritaria o controlante -Petrobras, PDVSA, Pemex, Ecopetrol y Petroecuador- cotizan en bolsa y son auditadas por sus respectivos órganos de control público. No cabe duda de que el prestigio de YPF, su imagen empresarial, su gestión y sus convenios con otras empresas se verían reforzados si la AGN pudiese dictaminar sobre sus balances, tarea que de todos modos llevarán a cabo consorcios privados de auditoría financiera del mundo internacional.

El hecho de que el Estado recupere parte de su soberanía energética a través de una posición controlante en YPF, pero que en el mismo acto señale que la empresa conti- nuará operando como una sociedad anónima sin que le sean aplicables normativas de gestión o control estatal como el que ejerce la AGN en otras empresas públicas tal como indica nuestra Constitución Nacional, constituye un hecho de suma gravedad que debe ser subsanado de inmediato y que pone en duda la posibilidad de un cambio real del paradigma energético del país

(...)

La Secretaría de Energía ha ejercido un control tan laxo sobre la actividad de los concesionarios, que motivó un manejo cortoplacista especulativo en el sector de hidrocarburos. El canon sobre las áreas concesionadas no se actualizó durante años conforme a la ley, ni se exige su pago. En cuanto a las regalías que los concesionarios deben aportar al Estado por la producción, hay graves fallas en su control y liquidación. Finalmente, tampoco se aplican sanciones en caso de incumplimientos.

(...)

La AGN auditó el sistema de liquidación y control de las regalías petroleras implementado por Secretaría de Energía como autoridad de aplicación de la Ley de Hidrocarburos, y observó una situación de debilidad y laxitud de tales funciones, al punto que se advierte una importante diferencia entre las declaraciones juradas de producción de la base de datos del área de regalías y las estadísticas de producción en los años auditados.

(...)

No constan análisis y estudios comparativos entre las distintas variables informadas por áreas concesionadas, empresas declarantes o por periodos mensuales y anuales, que permitan evaluar la confiabilidad y razonabilidad de los datos declarados, tampoco se verifican requerimientos de información o documentación adicional, no se realizan inspecciones o controles in situ a efectos de validar los datos informados, ni se efectúan controles cruzados entre las distintas áreas de la Secretaría de Energía para justificar o corregir las inconsistencias detectadas.".

El informe de la AGN concluye que "Si el propósito de la nueva Ley es restituir al Estado el control de los recursos naturales estratégicos, la recuperación de la soberanía energética exige también ejercer una soberanía del control para resguardar el interés nacional. De tal manera, YPF resulta un caso excepcional en América Latina, ya que las principales empresas petroleras de la región con participación estatal mayoritaria o controlante -Petrobras, PDVSA, Pemex, Ecopetrol y Petroecuador- cotizan en Bolsa y son auditadas por sus respectivos órganos de control público. (...) Si bien una amplia mayoría parlamentaria acompañó la re- cuperación de YPF al patrimonio nacional mediante la expropiación del 51% de su capital accionario, que estaba en poder de Repsol, se soslayaron algunas cuestiones claves y trascendentes al calor del entusiasmo por dejar atrás la de- serción estatal de los años 90. Concretamente nos referimos a la ausencia de todo rastro de control público en la nueva empresa con mayoría estatal y en particular a la renuencia del gobierno nacional a consentir el control externo de la AGN."

A casi tres años de la parcial re- estatización de YPF entendemos que no sólo debemos discutir qué estrategia de gestión debe asumir de acá a futuro, sino también qué rol deben asumir el Estado nacional y los gobiernos provinciales en el mercado energético, así como también los organismos de control y el Parlamento Nacional. Para esto, y como paso previo, es preciso realizar una auditoría integral de todas las áreas hidrocarburíferas y reservas comprobadas y explotables, como primer paso para abordar un plan integral que tenga por objeto revertir la disminución crónica de la producción y rendimientos, y de las reservas de gas y petróleo en condiciones de ser explotadas, desandando las concesiones que no estén debidamente explotadas, subexplotadas o directamente inactivas, o en donde se detecten incumplimientos de otra índole, como por ejemplo incumplimiento de inversiones comprometidas.

Resulta necesario mencionar que YPF se encuentra bajo el mismo régimen que ENARGAS, es decir bajo el Capítulo II, Sección V, de la Ley Nº 19.550. La diferencia entre ambas sociedades radica en que ENARGAS, creada por medio de la Ley Nº 25.943, es sujeto de controles y auditorías conforme a lo establecido en el Art. 6º, que establece que "La Sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los mismos controles, interno y externo, de las personas jurídicas de su tipo, quedando facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su Objeto Social. Regirá para esta sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 24.624. Estará sometida asimismo a los controles interno y externo del sector público nacional en los términos de la Ley 24.156."

La severa crisis energética que afecta a nuestro país con impacto en la estructura social y económica, constituye uno de los más graves problemas estructurales, que requieren un diagnóstico certero a fin de determinar acciones concretas, acompañadas de los correspondientes controles y auditorías que establece la Ley 24.156, que logren alcanzar el dominio y control pleno de todos los recursos naturales estratégicos, fundamentales para recuperar la soberanía energética perdida.

Entendemos resulta imprescindible que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice un control completo del estado patrimonial, económico-financiero, técnico, operativo y ambiental, en la que se encuentran YPF S.A. e YPF GAS S.A., a efectos de garantizar la transparencia y el control de las referidas empresas, de enorme importancia estratégica que para nuestro país.

La falta de transparencia que rodea el funcionamiento de las mismas amerita poner en funcionamiento los mecanismos de control que nuestra Constitución Nacional ha jerarquizado en la Reforma de 1994 con la incorporación del Artículo 85, que contempla la creación de la Auditoría General de la Nación, órgano de asistencia técnica del Congreso que tiene a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuere su modalidad de organización.

De la conjunción del artículo 129 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Organismos de Control y, el artículo 2 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas surge que las relaciones entre el Poder Legislativo y la Auditoria General de la Nación se efectúan a través de la Comisión Mixta, la que además es quien debe proponer el programa de acción anual, razón por la cual es a ella a quien se le solicita incorpore la referida realización de una auditoría integral de las empresas YPF S.A. e YPF GAS S.A.

El presente proyecto es una reproducción parcial del expediente 288-D-2014, de mi autoría.

Por todo ello, es que solicito a las Sras. Diputadas y los Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-