La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle adopte todas las acciones administrativas y legales pertinentes - contemplando incluso la rescisión contractual y el traspaso del servicio a las jurisdicciones provinciales -, contra la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima (TRANSNEA S.A.), a efectos de resolver las graves deficiencias del servicio público que presta en las Provincias del Chaco Corrientes, Formosa y Entre Ríos, en el marco de lo dispuesto por las Leyes 24065 y 23681, los Decretos 1910/94, 1544/08 y concordantes.

Señor presidente:

Con el presente proyecto de Resolución nos proponemos dar respuesta a un reclamo enfático y generalizado de las Provincias del Noreste, con motivo de las graves y reiteradas deficiencias que manifiesta en la actualidad el servicio de transporte eléctrico, a cargo de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima (TRANSNEA S.A.), titular de una concesión aprobada por el Decreto Nº 1910 de fecha 31 de octubre de 1994.

Las recurrentes deficiencias e incesantes colapsos que sufre el servicio público de transporte de electricidad prestado por dicha empresa privada, resultan ya insoportables para la vida cotidiana en el noreste del país. Y la situación se agrava en la temporada estival cuando el rigor climático extremo expone a nuestros comprovincianos a riesgos y perjuicios excesivos, en detrimento de la calidad de vida en la región.

La profunda crisis del servicio eléctrico que soportan los habitantes del NEA, impone el reconocimiento del carácter esencial del servicio público de electricidad, en tanto compromete la salud, la seguridad y el bienestar de la población así como el normal desenvolvimiento de la actividad económica.

Consecuentemente el Estado nacional no puede delegar su responsabilidad en la supervisión del servicio y corresponde que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, adopte medidas para garantizar la seguridad y calidad exigibles en la prestación del servicio.

En el sentido expuesto, los Defensores del Pueblo del NEA señalaron recientemente la falta de garantías por parte de la empresa TRANSNEA S.A. para brindar correctamente el servicio concesionado, en un pronunciamiento que respaldan también los Gobernadores e Intendentes de la región.

Con ese objeto los altos funcionarios de las Provincias de Chaco, Corrientes y Formosa han rubricado un documento dirigido al Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por el cual solicitan se instrumente la implementación de la transferencia a las jurisdicciones provinciales de las instalaciones de transporte eléctrico por distribución troncal, concesionadas actualmente a la empresa cuestionada.

Los Defensores del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido y sus pares José Gialuca, de Formosa, y Miguel Alegre, de Corrientes, han manifestado que "este traspaso contribuirá a mejorar la competitividad de nuestra región, acotando las asimetrías que las distancian de los centros económicos más importantes del país, reconociendo al NEA y norte de la Mesopotamia Argentina como parte fundamental de la Nación".

En cuanto al desarrollo de la infraestructura eléctrica, expresaron que tienen conocimiento pleno que "el continuo desarrollo de la infraestructura ha permitido integrar el sistema eléctrico interprovincial y regional en 500 kv incrementando la capacidad de generación y distribución instalada, por lo que las actuales líneas de 132 Kv -por su capacidad de transporte- deben considerarse un valor estratégico para las Provincias involucradas, hecho que hace impostergable plantear la reorganización del diseño de transporte eléctrico actual para lograr óptimos niveles de eficiencia y así garantizar la calidad de prestación de este servicio básico y esencial".

También han manifestado que "el servicio público de electricidad en el área de transporte prestado por TRANSNEA S.A. en nuestra región, se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad por distintos motivos técnicos y no técnicos, datos de la realidad que exponen las graves falencias en el mantenimiento de las instalaciones, exhibiendo una muy reducida capacidad de respuesta ante eventos recurrentes que afectan sensiblemente el servicio que brinda la empresa", indicaron los Defensores del Pueblo del NEA.

Creemos que ante la situación descripta, resulta impostergable la intervención de la Secretaría de Energía de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por su responsabilidad en la supervisión de las obras de infraestructura de transporte eléctrico, destinadas a mejorar la calidad y seguridad del servicio.

Resulta evidente que dicho servicio se encuentra colapsado, con serias deficiencias por falta de inversiones en la operación y mantenimiento, que repercuten negativamente en el servicio prestado a usuarios familiares y empresas de todo tipo, todo lo cual ha motivado también los reclamos de mandatarios provinciales de la región para que se rescinda el contrato vigente con la empresa TRANSNEA SA.

Las carencias y fallas del sistema eléctrico que sufrimos hoy en día, son consecuencia de una matriz obsoleta originada en las privatizaciones a comienzos de la década del 90. La Argentina realizó entonces una profunda reestructuración en sus industrias energéticas, con una modificación sustancial en las modalidades de coordinación, formulación, ejecución, control y racionalidad de las decisiones, en particular en la cadena productiva eléctrica.

Distintos estudios y análisis reconocidos demuestran que tal vez más que en ningún otro, la transformación del sistema energético de la década del 90, fue condicionada en su profundidad y orientación por las reformas neoliberales que vivió el país en el plano económico.

Basta mencionar que en poco más de tres años se modificó sustancialmente el papel del Estado en el sistema energético, se privatizaron los activos de la casi totalidad de las empresas públicas del sector y se cambiaron fuertemente la organización productiva y los principios regulatorios.

La reforma del sistema eléctrico nacional se concretó por medio de la segmentación vertical de la cadena productiva y una importante partición horizontal en los eslabones de generación y distribución. Se impusieron principios regulatorios de incompatibilidad de funciones, de libre acceso de terceros a las redes de transporte y distribución y de libre entrada a la actividad de generación.

Pero la expansión del transporte eléctrico ha sido uno de los puntos más débiles del diseño de la matriz privatizadora. Contrastando con las inversiones privadas en la generación eléctrica, los mecanismos regulatorios previstos para la expansión del transporte no resultaron eficaces para la concreción de inversiones. Por ello, en este ámbito se han manifestado con más claridad las dificultades derivadas de la falta de un mecanismo de planificación global del sistema eléctrico nacional.

Los problemas de la expansión del transporte eléctrico en el desempeño del sistema, se explican también por los indicadores de potencia instalada y la carga máxima simultánea en distintas regiones eléctricas del sistema eléctrico nacional. Los mismos revelan que existe una fuerte concentración de la demanda en la región Centro - Este del país - Gran Buenos Aires, Litoral, Provincia de Buenos Aires, mientras que se observan fuertes excedentes en las regiones periféricas de Comahue y el Noreste argentino (NEA).

Debido a la concentración de la demanda y a la dispersión de los excedentes que presentan mayor competitividad, la red de transporte resulta un elemento crítico para la confiabilidad del abastecimiento, especialmente en lo que se refiere a los corredores Comahue - Gran Buenos Aires (GBA) y NEA - Litoral - GBA. A su vez la regulación vigente ha establecido un mecanismo sumamente complejo para la concreción de las ampliaciones del transporte, ya que la iniciativa para tales ampliaciones no puede partir de los concesionarios de las redes de alta tensión preexistentes.

Por todo ello, creemos necesario encarar la búsqueda de soluciones superadoras en función de los intereses de la sociedad, que reconozcan el carácter esencial del servicio público de electricidad, en tanto compromete la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos.

Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis pares al presente proyecto de Resolución.