La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros informe lo siguien- te:

1) Cuál es el atraso promedio que se registra en la devolución a los productores agropecuarios de las retenciones aplicadas como consecuencia de lo normado en la resolución 2300, por la que la AFIP estableció un sistema de retención de IVA por venta de granos que se- gún la misma norma debería ser reintegrada en un lapso de 60 días.

2) Cuáles son los criterios que se aplican para determinar a quienes se les devuelven las sumas adeudadas en tiempo y forma.

3) Si el PEN es consciente del gra- ve daño que estos atrasos están produciendo en la rentabilidad de los produc- tores agropecuarios, y por tanto en la posibilidad de ampliar las inversiones en el sector.

4) Si la AFIP va a ordenar este pro- ceso y devolver a los productores lo que les corresponde, normalizando de tal manera el flujo financiero y su capital de trabajo.

Señor presidente:

Por la resolución 2300, la AFIP es- tableció un sistema de retención de IVA por venta de granos que para la gene- ralidad de los productores es del 8% sobre el 10,5%, alícuota a la cual está gravada la venta. Esa misma norma determinó que el 7% del 8 por ciento rete- nido debería ser reintegrado a los productores dentro de los 60 días de realiza- da la venta. Sin embargo, en la práctica no se cumplen esos plazos.

Esta retención indebida por parte de la AFIP afecta gravemente las utilidades y el capital de trabajo de los producto- res, en especial de aquellos que trabajan en campos alquilados; situación que se suma a la generada por el aumento de los costos internos frente a un tipo de cambio atrasado y a la presión fiscal general.

Un análisis cuidadoso de los núme- ros demuestra que -en el promedio, y sin tomar en cuenta eventualidades por razones meteorológicas- la rentabilidad esperada antes del Impuesto a las Ga- nancias es absorbida en su totalidad por el crédito fiscal resultante de las re- tenciones. Dicho de otro modo, el productor se queda con un importante crédito a cobrar a la AFIP.

Gran número de productores ha cobrado en 2011 con atrasos que oscilan entre los 6 y 17 meses, con un atraso promedio de 9 meses; lo que -con los niveles actuales de inflación- implica una licuación de prácticamente un 20 % del capital en juego. Hoy, este atraso se ha extendido los 18 meses, licuando un 30% del crédito.

La AFIP no admite reclamos; decide sin explicaciones a quien y cuando se le paga y la amenaza de exclusión del Registro de Proveedores de Granos restringe la posibilidad de que los produc- tores recurran a medidas judiciales para exigir su derecho.

Con este proceder, el ente recauda- dor ha aumentado en forma encubierta la presión fiscal al sector agrícola, se ha apropiado de la renta, en una gran parte o en su totalidad, del negocio, ya que tiene en su poder el IVA resultante de la venta de tres cosechas; no paga nin- gún interés ni actualización por el crédito que se "apropió", pero por otro lado, la AFIP, el BNA, etc. también parte del Estado Argentino, no dudan en aplicar intereses más cargos punitorios, hasta llegar a los embargos cuando se atrasa sólo unos días en un pago ya

sea por, créditos, impuestos, cargas sociales, etc.

Estamos, en síntesis, frente a otra demostración de una estrategia cortoplacista y autoritaria frente al campo. Au- toritaria porque no permite que se ejerza el derecho a proteger el capital de los productores; cortoplacista porque sólo sirve para desestimular la posibilidad de extender la producción y agregarle valor. Con estos números y éstas acciones, no debemos sorprendernos que en la Argentina el 65% de nuestros granos se exporte sin valor agregado; mientras que la misma cifra sea en Brasil del 15% y en EEUU del 12%. La diferencia entre ambos países y la Argentina se llama inversión, que es expulsada cuando como -en este caso- el Estado se apropia del capital de los productores.