La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Manifestar consternación y profunda preocupación por la brutal agresión de nítido carácter intimidatorio que sufrió el día 13 de marzo de este año la Sra. Sonia Torres, presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo-Filial Córdoba.

2. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y por su intermedio a quien corresponda, investigue estos hechos y garantice su pronto esclarecimiento.

Señor presidente:

El único que puede violar los derechos humanos es aquel que debe garantizarlos: el Estado. Por eso, inquieta que a poco de evocar el día que institucionalizó el terror en las muertes, los secuestros y la tortura se repitan acciones salvajes de intimidación que sólo buscan maniatar a una sociedad que comienza a hacerse cargo de ese pasado en el que el Estado se hizo terrorista.

La agresión salvaje eligió a una de las figuras que mejor representan a las Abuelas de Plaza de Mayo, una madre de desaparecidos, abuela incansable en la búsqueda de los niños que, como su nieto, nacieron en cautiverio.

Como madres, están inmunizadas al terror que las despojó de sus hijos. Aprendieron a domesticar el miedo porque saben que nada es más eficaz que el terror. Por eso, el ataque a Sonia Torres debe vivirse como lo que es, una clara amenaza a la sociedad toda que ha comenzado a perder sus miedos y cada vez más se solidariza con las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, pero también es una intimidación clara a los jueces que deben juzgar y condenar a los torturadores de ayer que siguen vistiendo los uniformes de la policía, como han denunciado los organismos de derechos humanos.

El ataque a Sonia Torres en Córdoba, una de las provincias que anticipó en la década del setenta el terror que se extendió después al resto del país, debe interpretarse, también, como un ataque a la política de derechos humanos de este gobierno. Por eso, de la misma forma que en el pasado la libertad ajena permitió que se denunciasen fuera del país las torturas y los secuestros de miles de argentinos, corresponde hoy que los organismos competentes de la Nación tomen injerencia en la investigación y garanticen la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

Por la gravedad y relevancia de los hechos expuestos solicitamos la inmediata aprobación del presente proyecto.