La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar, con urgencia, al Poder Ejecutivo, que a través de los organismos que correspondan informe lo siguiente:

1) Si la compañía petrolera Repsol YPF, adjudicataria, asociada con el grupo español Repsol, la empresa estatal brasilera Petrobrás y la empresa Pan American Energy, explorarán en busca de petróleo en la Cuenca de Malvinas a 300 km de Río Grande, Tierra del Fuego, dentro del "Plan Exploración" anunciado por el Gobierno Nacional, fuera de la zona controlada por los Británicos.

2) Si para dicha operatoria se utilizará para el trabajo inicial del pozo "Malvinas XI" el buque de perforación (drillship) de bandera británica "Stena Drill Max" de propiedad de la empresa británica Stena Drilling Ltd con sede en Escocia, y con el apoyo de dos supply vessels, el AHTS "Normand Skarven" de bandera Noruega, y el PSV "Normand Baltic" de bandera de la Isla de Man, segundo registro de Reino Unido. 3) Si los mismos operarán por excepción a la Ley de Cabotaje Nacional, y por lo tanto cumplirán con el Decreto número 1010/04 en cuanto a la tripulación de los mismos. 4) Si la nave de bandera argentina que va a efectuar tareas junto a los citados buques es apto para este tipo de operación, ya que se trataría de un pesquero.

5) Si el barco mencionado en el punto anterior se encuentra clasificado como OSV (Offshore Supply Vessel) de acuerdo a lo estatuido por la Organización Marítima Internacional y si además posee Documento de Cumplimiento del Código Internacional de Gestión de Seguridad (ISM Code), dado que se trata de una tarea potencialmente muy riesgosa, de aguas profundas , lo que implica que cualquier accidente o incidente provocaría un derrame u otros siniestros, con consecuencias para la vida humana y el medio ambiente.

Señor presidente:

Hace justamente un año todos los países de América Latina y el Caribe reconocían la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y respaldaron unánimemente a nuestra nación en el conflicto de Malvinas, lo hicieron mediante una declaración que firmaron los participantes en la Cumbre del Grupo Río que se celebró en México, además se remitió un comunicado especial sobre la exploración hidrocarburífera en la plataforma continental de las Malvinas.

El 26 de noviembre de 2010 durante la reunión de UNASUR en Guyana, los presidentes que integran el organismo regional firmaron también una declaración en la que se comprometieron a "impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas"

En la declaración se destaca además, que los miembros de UNASUR se comprometen "a informar al Gobierno Argentino sobre aquellos buques o artefactos navales con derroteros que incluyan las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con cargas destinadas a las actividades hidrocarburíferas y/o mineras ilegales en la plataforma continental argentina y de este modo, prevenir o evitar que dichas actividades se consoliden".

La Republica Federativa del Brasil en enero de este año prohibió la entrada al puerto de Río de Janeiro al buque británico "HMS Clyde" que venía del archipiélago del las Islas Malvinas para reaprovisionarse en solidaridad del reclamo argentino En misma medida la República de Uruguay en agosto de 2010 negó la entrada al puerto de Montevideo del destructor "HMS Gloucester" de la Marina Real Británica.

De resultar verosímiles los hechos que dieron origen a este pedido de informes; con la complicidad del gobierno argentino, que dice velar por la soberanía nacional con el apoyo de los países latinoamericanos, se contrata a buques que llevan la bandera del país que tiene usurpada nuestras Islas Malvinas, para operaciones cercanas a su área. Esta falta de coherencia entre el discurso y el accionar de los funcionarios podría tener como consecuencia una falta de credibilidad en los futuros reclamos.

Cabe preguntarse, entonces, si la contratación y autorización por parte de los funcionarios del área, de buques de bandera inglesa para tareas de perforación en aguas territoriales argentinas en el área de Malvinas, cumple con los pactos establecidos con los países miembros de la UNASUR. Caso contrario deberíamos arbitrar los medios para proteger a la Nación de la contradicción entre lo firmado por el Estado Argentino y lo actuado por el funcionario competente. Esto último define el objetivo del pedido de informes: saber si nuestros representantes en operaciones internacionales de cualquier tipo actúan consecuentemente con las posiciones tomadas por el Estado reflejados en los documentos firmados.

Por lo expuesto, y considerando la importancia del tema en las relaciones internacionales solicito la urgente aprobación del presente proyecto.