La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por intermedio de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se sirva informar a esta Honorable Cámara sobre la ejecución del presupuesto 2015.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que se informe a esta Honorable Cámara sobre la ejecución del presupuesto 2015 ya que, según trascendidos periodísticos y sin controles activos por parte del Poder Legislativo, ya consumió el 20% de su presupuesto para este año.

Últimamente, y a partir de ciertos eventos desafortunados, los servicios de inteligencia están nuevamente en discusión en nuestro país.

Sin una agenda temática que direccione qué tipo de información se debe reunir, de dónde y cómo y sin un control efectivo que garantice la calidad de esa información, resulta casi imposible que el personal no se autonomice y pase, nuevamente, a estar al servicio de sus propios intereses.

La matriz de reclutamiento y conformación de las áreas de inteligencia no cambiaron y es importante destacarlo porque nos lleva a dudar del éxito que tendrá una nueva estructura con integrantes idénticos.

Las experiencias de intervención y/o depuración institucional en organismos similares (en cuanto al nivel de desgobierno político y autonomía funcional condicionante de la democracia, entre otras cosas), como Fuerzas Armadas y de Seguridad, han usado Leyes de prescindibilidad o comisiones de revisión de antecedentes que permiten diversificar los motivos de la renovación.

Por otro lado, el secreto de identidad como regla favoreció el desarrollo de estructuras polisémicamente monstruosas. Con el desarrollo de las tecnologías y la circulación abierta de información, la centralidad del ocultamiento se fue volviendo más absurda. Hoy podemos ser mucho más efectivos en la obtención de información necesaria para algún fin de defensa particular a través de los dispositivos tecnológicos que con agentes infiltrados y operaciones encubiertas.

Hoy, muchos países usan sistemas de inteligencia nacional que basan la obtención de datos en la multiplicidad de medios y, sólo excepcionalmente y previa autorización judicial, recurren a fuentes especiales como la interceptación de comunicaciones o las operaciones encubiertas. La situación inversa, pensar todo desde la perspectiva que plantea la dependencia del secreto y la infiltración, provoca distorsiones hasta el punto en que es más probable que imperen lógicas de trabajo en las que se espía todo, todo el tiempo.

Existen organismos de inteligencia que no necesitan contar con personal cuya identidad es desconocida para asegurar la seguridad del sistema. Un ejemplo es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que tiene un Departamento de Inteligencia Criminal cuyas misiones y funciones se encuentran reguladas por el decreto 785/08 y está integrado por el plantel de oficiales regulares de la fuerza sin identidad secreta (sí lo es la información producida que puede afectar la seguridad).

Lo que conduce a otra observación que nos preocupa profundamente: la opacidad del manejo de fondos y recursos que utiliza para el ejercicio de sus funciones. Este problema probablemente no tendría consideración en un pedido de informes de esta naturaleza, a no ser que tengamos en cuenta que la propia Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia creada en el ámbito del Congreso de la Nación a tales fines por la ley 25.520 sancionada y promulgada en 2001, no funciona, lo que equivale a decir: no controla. Está virtualmente desactivada: en los años de este gobierno se reunió sólo cinco veces y no se reúne desde el 2010.

Según informes periodísticos de distintos medios editoriales, la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) está en el primer puesto de las ejecuciones presupuestarias del Estado Nacional de este año. El organismo ya consumió el 20 por ciento del presupuesto que ronda en los 800 millones de pesos anuales.

La re participación pública encabeza el ranking de la ejecución presupuestaria donde el promedio es del 10.8 por ciento. La ejecución de los fondos está orientado al gasto de personal, pero no tenemos seguridad de la transparencia de los mismos, y la Comisión encargada de controlar y fiscalizar se encuentra inactiva. La ciudadanía reclama más transparencia y el Congreso Nacional es el ámbito que debe hacerse eco de ese reclamo.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares al presente proyecto de resolución.