La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio por la forma en que procediera la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Provincia de Córdoba al respecto de las dieciséis denuncias por abuso sexual infantil realizadas por familiares de ex alumnos y alumnas del establecimiento educativo Collegium con orientación en música de la ciudad de Córdoba, descriptas como una investigación incompleta, con falta de profundización y donde se han investigado hechos como aislados que deben verse en conjunto, según la resolución del fiscal de la Cámara de Acusación de la Provincia de Córdoba solicitando la reapertura de la causa.

Señor presidente:

A fines del mes de mayo del año 2015 se realizó una denuncia penal por abuso sexual infantil en contra de Alejandro Reartes, profesor de música de escuela privada con orientación musical de la ciudad de Córdoba. La víctima era una niña de sala de 4 del jardín de infantes de dicho establecimiento.

La denuncia fue realizada luego de que la niña se manifestara claramente hablando con su madre. Le contó que, tras decirle al profesor de música que no le gustaba lo que le hacía y que se lo iba a contar a su mamá, éste le había pegado. El profesor la golpeó y la amenazó para que no contara nada. Esto hizo que la niña no quisiera volver nunca más al jardín de infantes y le contara a su madre cómo ella y sus compañeros eran abusados por el docente. La niña explica también que otra persona miraba, sacaba fotos y filmaba cuando Alejandro Reartes los tocaba (mencionándolo como “el profe del rodete”, por no saber su nombre). Se trataba del Coordinador musical del colegio, llamado Diego Marioni, quien actualmente también se encuentra denunciado junto a Reartes y continúa actualmente en funciones en la institución.

Desde junio de 2015 se produjo una fuga masiva del alumnado en el nivel inicial del establecimiento, a raíz de que muchos niños y niñas comenzaron a contar a sus progenitores y psicólogos los maltratos físicos, psicológicos y sexuales que recibían por parte del profesor Alejandro Reartes.

Los niños comenzaron a relatar los siguientes hechos: Reartes les tocaba sus partes íntimas; les ponía cinta en la boca; les ataba las manos por detrás, a la altura de la espalda; les tiraba un “pis blanco”; después venía una mujer con uniforme de color azul o a veces verde, quien los limpiaba con una toalla; Marioni les sacaba fotos, los filmaba, entre otras aberraciones.

Finalmente, 16 denuncias se efectuaron en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Provincia de Córdoba, las mismas refieren a abusos contra niños y niñas de 3 a 5 años durante un período largo de tiempo. A su vez se conocen varios casos más donde los padres decidieron no hacer denuncia en el Poder Judicial para no revictimizar a sus hijos e hijas durante el proceso judicial.

La fiscalía de instrucción interviniente, recién 3 meses después de la primera denuncia (cuando ya sumaban 10 los casos de abuso denunciados), ordenó una inspección ocular y allanamiento a la escuela siendo que la gravedad de los relatos de la primera víctima denunciante ameritaba una urgente intervención y constatación del lugar donde ejercían los profesores -y aún uno de ellos ejerce- sus actividades.

Durante la demora del Poder Judicial, la escuela efectuó cambios en la sala de música, modificando la escena y, con ello, haciendo desaparecer probable evidencia: se quitó la alfombra; se pintaron las paredes de la sala; se corrieron muebles; se agregó a las puertas placa un vidriado transparente. Algunos de estos cambios fueron recomendados por la DGIPE (Dirección General de Enseñanza Privada), accionar que siembra dudas dado que esta dependencia estaba informada de la denuncia.

A su vez la fiscalía permitió utilizar cámara Gesell solo a 5, de las 16 víctimas, y en estos casos fue a pedido de los abogados de los denunciantes con intervención de los peritos psicólogos de parte. La modalidad preferida por la Fiscal fue un procedimiento plagado de entrevistas psicológicas y pericias a progenitores, niños y niñas. En algunos casos se llegó a tomar hasta 7 entrevistas a los progenitores y 3 a cada uno de los menores.

Los niños pudieron revelar los abusos sufridos en cámara Gesell y también en sus relatos hablaron del profesor Marioni que los “filmaba y sacaba fotos con una cámara”.

Sin embargo, los progenitores denunciantes fueron desacreditados por la Fiscalía, al considerar que confabulaban e inducían a sus hijos e hijas, minimizando los casos y sosteniendo que los mismos no han ocurrido, conclusión que lleva a archivar todas las causas.

Son demasiadas las irregularidades que se advierten en la investigación judicial, donde el relato del menor en el proceso penal no ha sido tenido en cuenta como la principal fuente de información dentro del proceso pericial, no se han protegido, ni se han respetado los derechos de los niños y niñas, ni los de sus familias. Porque los niños fueron víctimas de abuso, y luego ellos y sus padres cuidadores fueron víctimas del maltrato judicial

Actualmente, las familias afectadas siguen organizadas y movilizadas reclamando justicia para sus hijos e hijas. Es imperioso que el Estado en su conjunto y el Poder Judicial en particular escuchen la voz de las víctimas y haga justicia. De lo contrario, el mensaje de impunidad que se da ante la sociedad frente a tan atroces crímenes revictimiza a quienes padecieron los abusos y a sus familias, a la vez que desmotiva a otras víctimas para que presenten las denuncias correspondientes, reproduciendo una situación de violencia contra los niños y las niñas, que deberían contar con la protección de ese Estado.

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de resolución.