La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio a la decisión del gobierno nacional de avalar y suscribir la posición intervencionista sobre la República Bolivariana de Venezuela, convalidando de esta forma la amenaza de inminente intervención militar desplegada por el presidente los Estados Unidos de América.

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar su repudio a la decisión del presidente Mauricio Macri de reconocer de manera oficial al “autoproclamado” Juan Guaidó, como presidente interino de la hermana República Bolivariana de Venezuela, avalando de esta forma la posición intervencionista sobre dicho país que encabeza los Estados Unidos de América.

En sus redes sociales Macri afirmó: “Quiero expresar mi apoyo a la decisión del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como Presidente Encargado de ese país”.

Su decisión política va en consonancia con el intervencionismo generalizado de grandes potencias, y de otros países que se subsumen servilmente a sus designios, que utilizan regularmente este medio para coaccionar o derrocar gobiernos, por intermedio de la poco novedosa amenaza de invadir sus territorios y de bloquear y asfixiar sus economías.

Nuestro país tiene – o tenía hasta la decisión de Macri - una larga tradición de apego al derecho internacional, especialmente al principio de no intervención, de autodeterminación y soberanía de sus pueblos.

Así, la vehemente defensa del principio de no intervención por parte de la diplomacia argentina llevó a la República a intervenir como árbitro en la disputa territorial entre los gobiernos de Venezuela y Gran Bretaña por la posesión de la Guayana británica en 1891.

Sin embargo, el hito de la diplomacia argentina en que intentó colocar un escudo protector contra un intervencionismo generalizado de las grandes potencias europeas fue en 1902, cuando estalló la crisis entre el gobierno venezolano y Gran Bretaña, Alemania e Italia. Las potencias europeas utilizaron la intervención armada como medio de presión para cobrar la deuda que Venezuela tenía con los bancos de estos países. Como consecuencia de su agresiva política en el Caribe y el istmo de Panamá, era evidente que

los Estados Unidos no se interpondrían en el camino de los países arriba mencionados si éstos decidían actuar severamente contra Venezuela. En aquella oportunidad, el ministro de relaciones exteriores argentino, Luis María Drago, alarmado por los efectos potenciales de esta agresiva intervención conjunta de las grandes potencias en la región, hizo una extensa exposición de la posición del gobierno argentino frente a los sucesos de Venezuela.

El contenido de esta nota tomó luego el nombre de Doctrina Drago, que hasta la liviana decisión de Macri, imperaba en la diplomacia de nuestro país.

El argumento legal de Drago se basó en el concepto de soberanía y los derechos de los gobiernos soberanos reconocidos en el uso y el derecho internacional, entre ellos el principio de no intervención.

Lamentablemente, hoy el gobierno argentino modifica la posición histórica de la República Argentina basada en la doctrina Drago y complementada por las doctrinas Estrada y Calvo que se sostenían en nuestra diplomacia desde hace más de un siglo y que fueron construidas en los principios del derecho internacional público de no intervención en los asuntos internos de los países, respeto a la autodeterminación y soberanía de sus pueblos, integridad territorial de las naciones y solución pacífica de los conflictos a través del diálogo.

Como podrá observarse, la obsesión intervencionista de las potencias mundiales – y de genuflexos gobiernos regionales - con Venezuela no resulta algo novedoso.

A ello debemos agregarle en esta ocasión la repudiable decisión del gobierno nacional que abona y sostiene la amenaza de Estados Unidos de desatar un conflicto bélico en la región, cuya víctima será sin dudas el pueblo venezolano.

En tal sentido, la posición del gobierno de Macri no solo merece nuestro rechazo porque modifica la posición histórica de la Argentina, sino que además avala una arbitraria e ilegal intervención armada cuyo resultado solo será uno: el derramamiento de sangre venezolana.

Por todo lo expuesto, entendemos que resulta indispensable repudiar la decisión del gobierno nacional de avalar y suscribir la posición intervencionista sobre la República

Bolivariana de Venezuela, convalidando de esta forma la amenaza de inminente intervención militar desplegada por el presidente los Estados Unidos de América, por lo que solicito a los/as legisladores/as el acompañamiento de la presente declaración.