La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos solicite al Sistema Penitenciario Federal la elaboración de un plan de informes periódicos respecto de los siguientes puntos:

El estado de los diferentes establecimientos federales (cinco (5) complejos penitenciarios, 23 unidades penitenciarias, dos (2) casas de pre-egresos, un (1) centro penitenciario de enfermedades infecciosas) en cuanto a salubridad, higiene, condiciones de seguridad interna y todo cuanto haga a las condiciones dignas de detención.

Las políticas y planes de acción en ejecución relacionadas a la mejoría de las condiciones de detención. En particular los planes relacionados a las reformas edilicias. También aquellas políticas vinculadas al acceso a la educación de los internos y al ejercicio del derecho a trabajar conforme a las leyes laborales.

Un detalle del plan de ejecución y el cumplimiento periódico de los objetivos propuestos por las políticas y planes de acción presupuestadas para el 2014.

Señor presidente:

El Sistema Penitenciario debe tener por finalidad, además de hacer cumplir la pena decretada por la justicia, respetar la ley y la adecuada reinserción social del condenado.

Sin embargo, el Sistema Penitenciario tanto nacional como provincial en la realidad no cuenta cabalmente con las condiciones para que esa finalidad se cumpla. Los casos de sobrepoblación carcelaria; el elevado número de personas procesadas -privadas de su libertad; la dificultad para tener acceso a estudiar o ejercer el derecho a trabajar para su rehabilitación y posterior reinserción social, demuestran la gravedad del problema. Otro dato alarmante es la tasa de reincidencia, el 32% de los condenados vuelve a prisión, probando la ineficacia del sistema penal en cumplir el objetivo de la resocialización.

Las consecuencias negativas de un Sistema Penitenciario ineficaz son tanto para aquellas personas que no logran readaptarse al sistema social como para la sociedad toda que ve incrementada la situación de inseguridad.

Por estas razones el presente proyecto tiene como objeto que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Sistema Penitenciario Federal, informe acerca de las condiciones carcelarias actuales y los motivos de la disminución del gasto en el Presupuesto para el 2014.

Como representantes de los intereses de todas las personas de la sociedad nos vemos en la obligación de legislar especialmente por aquellas personas que no son prioridad en la política por no representar un aumento de votos de manera directa.

La Constitución Nacional indica en su artículo 18 que "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice". Además el trato digno a las personas privadas de su libertad ha sido consagrado por diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22). Por último la Corte Suprema de Justicia en la causa "Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus", indicó las condiciones precarias de las cárceles y la necesidad de rever la situación.

El objetivo del presente proyecto es saber si cumplimos con estos preceptos constitucionales o si son ignorados y si los recursos destinados a estos fines son suficientes. La salubridad de los establecimientos es precaria por causa del hacinamiento y las condiciones edilicias. A esto se suma que los edificios no se encuentran equipados para la detención de ancianos, embarazadas, enfermos, personas con alguna discapacidad, etc. El sistema carcelario ha demostrado una deficiencia para proteger a los presos en su integridad física.

En síntesis, el proyecto que se presenta indaga acerca de los planes de mejoras presupuestados para el año 2014, en especial los planes de mejores edilicias y de capacitación de los internos destinados a su rehabilitación.

Por lo expuesto anteriormente y en el convencimiento de que la seguridad es un problema complejo que requiere primero: tratar dignamente y conforme a derecho a los internos para reinsertarlos, para luego, segundo: conformar una sociedad más justa y segura para todos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.