El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1.- Se resuelve un aumento de emergencia, en el monto correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado por Ley 25.053, de $5000 (cinco mil pesos) para los docentes de todo el país.

ARTÍCULO 2.- Los montos del FONID serán incorporados a los básicos docentes y pasaran por lo tanto, automáticamente, a ser remunerativos.

ARTÍCULO 3.- Retribúyase las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONID tiene en virtud al artículo 13 de la ley 25.053 y el pago efectivo como suma fija que, arbitrariamente y en perjuicio de los docentes, viene liquidando el gobierno nacional y los gobiernos jurisdiccionales. Lo antedicho incluye las diferencias devengadas y no abonadas referidas a la incidencia del carácter remunerativo sobre el resto de los ítems salariales remunerativos (aguinaldo, presentismo, vacaciones y antigüedad, etc.).

ARTÍCULO 4.- Regularícese en un plazo de 30 días luego de aprobada la presente ley el pago a término de todas las deudas por pago diferido del FONID, y establézcase el pago en tiempo y forma a inmediato mes vencido.

ARTÍCULO 5.- El Presupuesto Educativo Nacional garantizará que en cada provincia se cumpla con la presente Ley modificándose las partidas necesarias a tal efecto.

ARTÍCULO 6.- De forma.

Señor presidente:

Una vez más, la crisis educativa se evidencia en las demandas de los trabajadores de la educación que reclaman salarios dignos y la falta de presupuesto para la escuela pública. Por estos motivos, es que presentamos este proyecto de ley que declara la emergencia salarial de los docentes y exige una partida extra del presupuesto para solucionarla. Compartimos el legítimo reclamo docente, por mejores condiciones de trabajo y aumento de salario, en defensa de la educación pública, estatal, gratuita, laica y de calidad y rechazamos la campaña del gobierno que usa los medios de comunicación para demonizar los reclamos docentes y continuar con su ataque a la educación pública fomentando la educación privada.

El gobierno nacional no convocó a la paritaria docente y se viene desentendiendo de los salarios de los trabajadores de la educación y del sostenimiento de la escuela pública, provocando que no comiencen las clases en tiempo y forma, ofreciendo un aumento del 10% y un 8% en octubre, una verdadera burla para el conjunto de la docencia, muy por debajo de la inflación perdida en 2016 a lo que se suma la que se proyecta para 2017 y, por ende, del costo de la canasta familiar. Los salarios son en gran parte en “negro” y distintos en cada provincia.

Como es sabido, el salario ha sido dividido por provincias, y esta integrado por infinidad de rubros en negro, que los gobiernos no toman en cuenta para hacer los cálculos remunerativos. El FONID (incentivo docente) subió en julio a $ 1210 en la Ciudad de Buenos Aires, y está por fuera del básico de $ 4200. Pero a eso se suma otras cifras en negro y/o no remunerativas (material didáctico: $ 900; decreto 483: $2532,50; presentismo: $ 426,33). Es necesario blanquear esta situación. Entendemos esto como un paso esencial a dar ya, en forma inmediata. Esto se lo hemos planteado al ministro de Educación en oportunidad del debate del Presupuesto Nacional el año pasado. Es el reclamo de las huelgas docentes nacionales y provinciales. Y es parte fundamental de que el salario sea nacional: que el básico docente nacional sea de $ 15.000 y que funcione la paritaria docente nacional.

Muchas generaciones se han formado bajo la reivindicación de la escuela pública, estatal, gratuita, laica y de calidad. La educación pública argentina dio lugar a cinco premios Nobel argentinos. Pero con el régimen social capitalista en crisis, se fue imponiendo como política gubernamental el lema: “cada niño que quiere estudiar, debe pagar” y así se fue convirtiendo a la educación en una mercancía más.

La dictadura de Videla-Martínez de Hoz y los equipos posteriores (1976/1983) atacó centralmente el presupuesto, los derechos laborales de los docentes e impuso cambios en los contenidos programáticos. Alfonsín (1983/1989) acordó el Plan Brady y con el Banco Mundial impulsó el denominado “Congreso Pedagógico Nacional” impulsando la creación de las escuelas privadas. Carlos Menem (1989/1999) fue quien más cambios estructurales impuso: la Ley de Transferencia del sostenimiento del sistema educativo de la Nación a las Provincias es, quizás, el cambio más nefasto y destructivo, atomizando no sólo los presupuestos sino la organización gremial y los reclamos a cada provincia. Completó el plan con la Ley Federal de Educación, autorizando la proliferación de escuelas privadas, modificó los contenidos pedagógicos, la estructura formal del sistema educativo y quiso liquidar los derechos laborales docentes. También modificó el sistema universitario, con la Ley de Educación Superior. En este cuadro, se promulgó la ley 25053, que establece el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que desguaza el salario docente y del que ni siquiera se ha cumplido con su art. 13 que establece que la suma en cuestión debe ser remunerativa.

Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015), aunque derogaron la Ley Federal de Educación, mantuvieron el pilar menemista de la Ley de Transferencia a las provincias y la Ley de Educación Superior. Mientras hablaban de “aumento histórico del presupuesto educativo” y “un 6% del PBI en educación”, se mantenía el pago de los salarios y el sostenimiento de la infraestructura escolar a cargo de las arcas de los gobiernos de cada provincia, muchas de ellas en rojo. Nunca se alcanzó el 6%, se dice que el 5,1% del PBI, pero de ese total Nación solo aportó el 1,25% al sistema educativo formal, centralmente a universidades, Fondo de Incentivo Docente, Formación docente y algunos programas (COAS, Fines, entre otros). Contradictoriamente con su discurso “progresista”, donde más avanzó en el plan privatizador el gobierno kirchnerista fue en atacar a los docentes, en señalarlos como los responsables de la crisis educativa (“mala calidad de formación, su vagancia y ausentismo”) y en subsidiar y extender a la educación privada.

Macri continúa y profundiza el plan privatizador de sus antecesores que él mismo fue implementando durante estos años en la Ciudad de Buenos Aires, atacando a los docentes, no construyendo escuelas, etcétera. Todas las medidas del macrismo tienen como eje avanzar en la privatización y seguir destruyendo la escuela pública. Por eso subsidia a las escuelas privadas mientras las estatales continúan con graves problemas de infraestructura (aulas container); con comedores escolares lamentables que son verdaderos centros de desnutrición; con aulas superpobladas y sin nombramiento de docentes, lo que hace que los chicos roten por las aulas y algunos días vayan a la escuela y otros no. A su vez, como parte del ataque a la clase trabajadora, mantiene salarios miserables y pretende avanzar en la “armonización” de las cajas jubilatorias provinciales, que no es otra cosa que aumentar la edad jubilatoria y los años de aporte.

Esta política del gobierno de destrucción de la escuela pública va acompañada de “evaluaciones” truchas a docentes y alumnos, buscando con ello esconder que la verdadera responsabilidad de la crisis educativa está en las políticas educativas y presupuestarias gubernamentales. También buscan desprestigiar la lucha docente con argumentos inválidos, como que por culpa de los paros aumenta la matricula privada. Sin embargo, está demostrado que en donde más creció la matricula privada es en la Ciudad de Buenos Aires (51%), justamente donde se registraron menos paros en 20 años, y por el contrario, Neuquén, una de las provincias que más paros realizó, tiene uno de los porcentajes más bajos (18%) de escuelas privadas.

El gobierno considera que la educación es una mercancía y deja que los empresarios capitalistas hagan negocio con ella, por eso financian a los colegios privados con subsidios millonarios. Tanto Macri como sus antecesores pretenden copiar el modelo educativo chileno, que es el paraíso para la inversión educativa privada, donde un capitalista alquila un local, convoca a docentes y estudiantes, y el gobierno lo subvenciona por cada alumno con un monto fijo, al igual que a los docentes. Y donde la masa estudiantil se esta movilizando para acabar con esta privatización educativa y recuperar el derecho a la educación gratuita.

Este modelo de privatización subsidiada, planificado por los organismos financieros internacionales, garantizado por el gobierno y llevado adelante por empresas, fundaciones, ONGs, etc., pretende que la escuela funcione como una empresa y el aula como una unidad de producción. Para ello, también pretende cambiar la relación laboral y que los salarios se diferencien por desempeño, con contrataciones por fuera de los concursos y la ruptura de los convenios colectivos de trabajo.

Este proyecto de ley es parte de una emergencia, pero responde a un reclamo de larga data en la docencia. Es parte integrante de una lucha más amplia por la renacionalización del sistema educativo y la derogación de las leyes privatistas de la educación, por un gobierno educativo dirigido por los docentes, la comunidad educativa y los trabajadores.

Los reclamos de la presente ley también son impulsados por el sindicalismo combativo docente que se ha reunido en distintos plenarios nacionales entre distintas organizaciones: ATEN-Capital /SUTEBA-La Matanza/ADOSAC-Santa Cruz / ADEMYS-CABA / Gremio Docente Autoconvocado GDA-Formosa / SITECH Federación-Chaco / SUTEF-Tierra del Fuego / MPL-Misiones / ATEN-Cutral Co Plaza Huincul / ATEN-Plottier / ATEN-Las Lajas / ATEN-Picún Leufú / SUTEBA-Bahía Blanca / SUTEBA-Ensenada / SUTEBA Marcos Paz / SUTEBA Tigre/ AMSAFE-Rosario/ SINATEP / SITEP-La Pampa/ UTEM-Misiones / ADOSAC Pico Truncado / ADOSAC-San Julián / APTEA-Tucumán / ACTE-Córdoba/ FEDERACIÓN NACIONAL DOCENTE / y Agrupaciones como Docentes en Marcha Nacional / Tribuna Docente Nacional/Alternativa Docente Nacional / Corriente Nacional Carlos Fuentealba / Corriente Nacional 9 de Abril-Lista Marrón / - Lista Rosa / Docentes Autoconvocados de Malvinas/.

Por todas estas consideraciones solicito a los señores diputados que acompañen este proyecto de Ley.