La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la SENNAF, suspenda el convenio suscripto con la Fundación Vida en Familia para la realización del proyecto Acompañamiento de situaciones de embarazo no intencional en la adolescencia, que tiene asignado un monto de $1.430.000 (un millón cuatrocientos treinta mil pesos) y una línea de atención 0-800, y en su lugar que cree una línea de atención 0-800 para el Plan Nacional “Embarazo no intencional en la adolescencia” (Plan ENIA) y gire ese monto de $1.430.000 a este plan nacional.

Señor presidente:

Ponemos a consideración de nuestros pares este proyecto de declaración ante la preocupación por la firma de un convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Fundación Vida en Familia para llevar adelante el proyecto de Acompañamiento de situaciones de embarazo no intencional en la adolescencia.

Si bien acordamos en que el embarazo no intencional en la adolescencia debe atenderse de forma prioritaria debido a que afecta la salud, el bienestar y las oportunidades de trabajo, estudio y desarrollo personal, profundiza las desigualdades de género; además sabemos que en las niñas menores de 15 años, puede significar grandes riesgos para su salud, y aún más si se produce por un abuso sexual o violación, afecta gravemente la integridad física y psicológica de niñas y adolescentes, consideramos que el abordaje de esta problemática social debe llevarse a cabo por especialistas formados de acuerdo a la normativa vigente y sobre todo de una manera integral por el estado y sus dependencias y organismos especializados.

Es justamente el Plan Nacional de “Embarazo no intencional en la adolescencia” (Plan ENIA) la propuesta interministerial que actualmente desde nuestro estado nacional lleva acabo esta tarea. El Plan ha informado que 91.600 adolescentes y 2.500 niñas menores de 15 años, tuvieron un hijo o hija en 2016, lo cual representa el 13,4% de los nacimientos anuales. En los últimos 5 años este porcentaje se mantuvo estable alrededor del 15%. También que 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales, que 8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales y la mayoría es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación.

El Plan desarrolla sus tareas en el marco de la siguiente normativa: Convención sobre Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002), Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2005), Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (2006), Ley 26.529 de Derechos del Paciente (2009), Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2009), Código Penal (1921) y Fallo FAL s/ Medida autosatisfactiva CSJN (2012), Código Civil y Comercial (2015) y la Ley 27.455 Modificación del Código Penal de la Nación Argentina sobre acciones dependientes de instancia privada (2018).

Consideramos que no hay razones para que el Estado nacional duplique esfuerzos y firma un convenio con transferencia de fondos a una organización no gubernamental, tercerizando uno de los objetivos que ya tiene el Plan Enia.

Este Plan que se implementa en 12 provincias con situación crítica respecto del embarazo adolescente, tiene entre sus objetivos sensibilizar a las y los adolescentes sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional así como potenciar las decisiones informadas de las/os adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. El plan involucra el esfuerzo de tres ministerios nacionales, cuenta con tres niveles jurisdiccionales y una mesa de gestión nacional, así como con equipos territoriales intersectoriales que trabajan a nivel comunitario, en las escuelas, en los centros de salud y en los hospitales. Además ha sido señalado por el Presidente de la Nación como una de las políticas públicas prioritarias y representa una inversión considerable en términos presupuestarios.

El Plan Enia se rige, como ya se señaló, por la normativa que debe enmarcar el abordaje de esta problemática por lo que entendemos que es preocupante que el Estado nacional firme un convenio con una ONG que derivará a más de 200 centros a las adolescentes embarazadas, sin capacidad ni posibilidad de monitoreo permanente y de supervisón de lo que allí sucede.

Insistimos en que la tercerización de la política pública en organizaciones debe tener parámetros específicos, acotados y de acuerdo a la ley para evitar vulnerar y contrariar nuestro estado de derecho. Es por estos motivos que instamos al Poder Ejecutivo Nacional, que a través de la SENNAF, suspenda el convenio suscripto con la Fundación Vida en Familia para la realización del proyecto Acompañamiento de situaciones de embarazo no intencional en la adolescencia, que tiene asignado un monto de $1.430.000 (un millón cuatrocientos treinta mil pesos) y una línea de atención 0-800, y en su lugar que cree una línea 0-800 para el Plan Nacional “Embarazo no intencional en la adolescencia” (Plan ENIA) y gire ese monto de $1.430.000 a este plan nacional.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a nuestros pares que acompañen con su firma este proyecto de declaración.