La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón a las victimas de violaciones a los derechos humanos, por parte del Estado de El Salvador, a través de su Presidente, Mauricio Funes.

Señor presidente:

I. Un día histórico

Durante el conflicto armado salvadoreño aproximadamente 75.000 personas fueron asesinadas y 8.000 fueron víctimas de desaparición forzada, entre ellos, miles de niñas y niños. Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos se han pronunciado en distintas oportunidades sobre la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.

El 16 de enero de 2010, durante el XVIII aniversario de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado salvadoreño, el Presidente Funes, en nombre del Estado reconoció la responsabilidad de agentes del Estado - Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad pública y organizaciones paraestatales-, por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño (1980 - 1992) y pidió perdón a las víctimas y sus familiares. Agregó que entre los crímenes cometidos por los agentes del Estado "se cuentan masacres, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, privaciones arbitrarias de libertad y diferentes actos de represión. Todos estos abusos fueron ejecutados, en su mayoría, contra civiles indefensos ajenos al conflicto."

Expresó que era necesario realizar acciones concretas para la dignificación de las víctimas y anunció la creación de una Comisión que propondrá medidas para la reparación moral, simbólica y material de las víctimas del conflicto armado interno y sus familiares y la firma de un decreto de creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desparecidos (1) .

II. Consideraciones finales

Consideramos que el reconocimiento de responsabilidad y el pedido de perdón constituyen una importante medida de reparación y supone un compromiso para la no repetición de las graves violaciones producidas. Asimismo, valoramos las palabras del Presidente salvadoreño en relación a la búsqueda de justicia, y reitera que es obligación del Estado realizar todas las investigaciones necesarias, en forma completa, imparcial y efectiva, para aclarar oficialmente, determinar la responsabilidad y sancionar a los autores de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en ese país.

Por todo ello es que solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.