La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y al Viceministro de Justicia, Julián Álvarez, a la Comisión de Justicia de esta Honorable Cámara de Diputados para que brinden explicaciones acerca de las preocupantes declaraciones que realizaron recientemente con relación a la Justicia y los jueces de la Nación.

Señor presidente:

Convocamos de forma urgente a la Comisión de Justicia de esta Honorable Cámara que Usted preside, a fin de tomar conocimiento y poder analizar la problemática que afecta al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público Fiscal, el cual se configura a través de la Convocatoria y Declaraciones de un grupo de Magistrados, Fiscales y la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, aglutinados tras la figura de un documento que dio por llamarse "Justicia Legítima". También el viceministro de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, se sumó a la avanzada sobre el Poder Judicial. Por lo que necesitamos que vengan a dar respuesta a una serie de interrogante, entre ellos: ¿Qué van a hacer con esta información que se pretende saber de los jueces entrometiéndose tan descaradamente en el funcionamiento de la Justicia? ¿Qué otras medidas supone el proceso de democratización de la Justicia? ¿Incluyen otras formas de persecución, censura, intimidación?

Resulta preocupante, el tenor de algunas de las declaraciones de la Procuradora General de la Nación brindadas a distintos periódicos de circulación masiva, en la cual demuestra un alineamiento absoluto con los relatos del Poder Ejecutivo Nacional, cuando atenta la naturaleza de su cargo debería tener un rol mas neutral e independiente, lo cual nos retrotrae a los motivos de su designación la cual se realizara el año pasado, por la renuncia del por entonces Procurador Esteban Righi, por las acusaciones infundadas vertidas contra su persona por el Vicepresidente Amado Boudou y el posterior intento fallido del Poder Ejecutivo de querer imponer como Procurador a un poco calificado pero altamente alineado con el Gobierno, Daniel Reposo.

Las declaraciones de la actual Procuradora que en parte demuestran la intencionalidad del grupo de funcionarios aglutinados tras el documento "Justicia Legítima" revelan un completo alineamiento con las posturas que distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional e incluso la Presidente de la Nación han dejado traslucir respecto al Poder Judicial y a una reforma del misma, con lo cual se configura en estos casos la pérdida de independencia de parte del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo asumiendo un rol, adicto al mismo y violatorio del principio republicano de División de Poderes amparado por nuestra Constitución Nacional.

La procuradora manifiesta a Página 12 que de las reuniones a llevarse a cabo por el grupo del que forma parte, las cuales tendrán lugar en la Biblioteca Nacional entre los días 27 y 28 de Febrero del corriente año pueda emerger un documento con propuestas concretas para las reformas que proponen al Poder Judicial, dicha situación en caso de que se traslade en un proyecto de ley también resulta anticonstitucional ya que tomarían funcionarios judiciales la potestad de legislar la cual es propia de este Honorable Congreso Nacional en su rol de Poder Legislativo, no pueden los magistrados generar las leyes que quieran aplicar.

Entre otras declaraciones la Procuradora también manifiesta en consonancia con lo repetido una y mil veces por el Gobierno que la Justicia actual es ilegítima, corporativa y oscurantista, considerando poco relevantes las presiones a las que está sometida por parte del Poder Ejecutivo Nacional y repitiendo una vez mas el relato oficial de los lobbies de las corporaciones que manipularían a la Justicia.

También la Procuradora se pronuncia a favor del establecimiento a exámenes periódicos por parte de los Magistrados para conservar sus cargos, esto al igual que el famoso proyecto del pago de impuesto a las ganancias de los jueces viola el Art. 110 de la Constitución Nacional el cual dispone "Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones".

Lo que finalmente resulta mas preocupante es el espíritu ideologizante que se vislumbra en las declaraciones de la Procuradora y que son recogidas luego por el Viceministro de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, quien manifiesta "No pensemos que los jueces son personas aisladas de la sociedad. Los jueces nacieron en un barrio, tienen una educación, tienen pensamiento, ideología e ideas políticas que las aplican en sus sentencias".

Esta visión de un viceministro sobre los jueces, resulta además de equivocada, carente de todo sustento legal, ya que el marco de decisión de los jueces se encuentra acotado por lo prescripto por las leyes y por lo que las partes llevan al litigio, no puede apartarse un juez de lo que las partes no invocan y su máxima grado de interpretación se remonta a los principios generales del derecho y no a las posturas ideológicas que pueda tener, aunque este parece ser el objetivo del Poder Ejecutivo, promover una reforma judicial para copar la el Poder Judicial de magistrados ideologizados en afinidad con el discurso gubernamental.

Mas delicado aún resulta el mensaje del Viceministro al decir "Queremos saber quiénes son y qué piensan los jueces" lo cual resulta un mensaje temerario, que roza con la cuestionada política del escrache, una acusación que se formula, sin prueba suficiente, desde la rudeza del léxico.

Primero fueron por el periodismo independiente ahora vienen por los jueces.

Por todo esto es que se vislumbra una clara avanzada del Poder Ejecutivo y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público adictos al mismo que resulta preocupante y es por esto que le solicito tenga a bien convocar a la Comisión de Justicia a fin de analizar y pronunciarse acerca de esta situación.

Teniendo en cuenta lo expresado, es que le solicitamos Sr. Presidente la aprobación del presente pedido de resolución.