La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Desarrollo Social, reúna y ponga a disposición de esta Cámara la totalidad de los estudios realizados por organismos gubernamentales en materia de delincuencia juvenil, y puntualmente indique cuál es la información disponible acerca de los siguientes puntos:

1. Cantidad actual, total y segmentada por períodos de edad, de niños y niñas privados de su libertad en todo el país, incluyendo en su caso, el detalle de las imputaciones en su contra, su situación procesal y el tiempo sufrido en detención;

2. Plazas disponibles y nivel de ocupación de los distintos establecimientos destinados a alojar menores de edad, especificando si alojan menores punibles o no punibles, el organismo del cual dependen y el tipo de personal que desempeña funciones en ellas, así como toda descripción relevante acerca de las condiciones de cada lugar;

3. Evolución del número de niños y niñas privadas de su libertad y de los hechos delictivos con implicados menores de edad en los últimos 10 años;

4. Tasa de reiteración delictiva de los menores de 18 años, discriminando entre menores punibles y no punibles;

5. Encuestas de victimización y toda otra información referida hechos delictivos con posible participación de una persona menor de edad;

6. Número de personas condenadas por hechos cometidos durante la minoría de edad, duración promedio de sus condenas y del tiempo cumplido en detención;

7. Porcentaje y totales absolutos de niños y niñas privados de su libertad sin DNI y escolarizados por nivel.

Por otro lado, y dadas las irregularidades y fallas en el registro de información sobre menores privados de su libertad denunciados en el informe oficial "Adolescentes en el sistema penal. Situación actual y propuestas para un proceso de transformación" realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el año 2007, se indique;

1. ¿Qué medidas se adoptaron para regularizar el registro de la información sobre personas menores de edad privadas de su libertad?

2. ¿Qué actuaciones administrativas o sumarios se iniciaron contra los responsables?

3. ¿En qué estado se encuentran aquéllas y cuáles han sido las resoluciones adoptadas?

Señor presidente:

El fenómeno de la delincuencia juvenil ocupa un lugar destacado -quizá exageradamente destacado- en la discusión sobre seguridad. Sin embargo, no contamos con información totalmente confiable y actualizada que permita a esta cámara, avanzar del modo más educado posible sobre el asunto.

Este déficit fue advertido ya en 2005 en el fallo Verbitsky, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación detectó el alojamiento de jóvenes en comisarías. Dos años más tarde, el Comité por los Derechos del Niño, en la Observación General Nº 10, expresó preocupación por la falta de datos desglosados sobre la cuestión.

Desafortunadamente, el escenario no ha cambiado. No han existido relevamientos periódicos sobre la evolución de la problemática y la información de los organismos oficiales de supervisión de los establecimientos para menores de edad es incompleta. En algunos casos, incluso, se reconocieron abiertamente irregularidades en el registro de la información.

Los últimos informes de la Dirección Nacional de Política Criminal, por ejemplo, están desactualizados pues corresponden al 2008. Apenas informan el total de personas menores de edad alojadas en establecimientos penitenciarios (en ese momento eran 42) y la tasa de participación de menores en ciertos delitos contra la vida y la propiedad, sin discriminar en ningún caso entre menores punibles y no punibles.

Un relevamiento realizado el 2007 por el Ministerio de Desarrollo Social en colaboración con UNICEF y la Universidad Nacional de Tres de Febrero ofrece algunas precisiones, aunque denunciando muchas de las carencias referidas. Este estudio detectó que había 1.799 niños/as, adolescentes y jóvenes infractores de la ley penal alojados en institutos, sin contar a quienes tras cumplir los 18 años de edad fueron derivados o cumplían condena en establecimientos de adultos. El informe estima, con todo, que hay niños detenidos que no son contabilizados como resultado de fallas e irregularidades en el sistema de registro: 298 de estos niños, según una estimación, serían menores de 16 años y consecuentemente, inimputables.

El informe propio citado incluye críticas por la escasa existencia y falta de disponibilidad de registros institucionales de datos. Por ejemplo, al investigar la situación procesal de los menores, se estableció que sólo el 9% del total se encontraba cumpliendo condena, que el 56% estaba imputado, que el 17% no era punible y que no se contaba con información sobre el 18% restante. Y las mismas fallas advirtió al relevar el tiempo de permanencia en los institutos. Los resultados indicaron que la mayoría de la población se encontraba detenida desde hacía menos de 2 años (78%). El 4% llevaba más de dos años privado de libertad y no se contaba con información sobre otros 320 niños o jóvenes. La gravedad de estas irregularidades requería una intervención enérgica y una solución, pero todo indica no se han adoptado medidas de solución ni a sancionar a los responsables.

Sencillamente, en suma, y debido a serios problemas de registro y control, no contamos con todos los datos que podríamos tener para guiar una decisión más informada, y debatir más a fondo el posible impacto de las potenciales modificaciones al régimen legal de la minoridad.

Por estas razones, requerimos al gobierno las herramientas necesarias para minimizar los errores y contribuir sustantivamente a avanzar en un debate que ya tiene más de 10 años y que todavía sigue enmarcado por leyes autoritarias que debemos revisar.

Invitamos a los colegas diputados que nos acompañen en esta iniciativa.