La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, impulse las acciones del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) tendientes a coordinar con las provincias más vulnerables un protocolo de acciones preventivas a seguir, ante la dinámica sismológica manifestada últimamente con inusitada y alarmante frecuencia.

Señor presidente:

Desde la ocurrencia del cruento terremoto acaecido el 15 de enero de 1944 en la provincia de San Juan, que ocasionó aproximadamente 10.000 muertos, miles de heridos y la destrucción total de alrededor del 80% de las construcciones existentes, incluyendo edificios públicos e industriales, el Gobierno Nacional dispuso la creación de un organismo autárquico, denominado "Consejo de Reconstrucción de San Juan", dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Interior (Decreto Nº 17.432 del 1º de julio de 1944.

Dadas las consecuencias derivadas de la emergencia ambiental originada por dicho sismo, el mencionado Consejo extendió su accionar al resto del país, construyendo e instalando las primeras estaciones sismológicas en algunas provincias transformándose el 30 de julio de 1964 en el "Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y de Reconstrucción de San Juan"- CONCAR - a través de la Ley Nacional Nº 16.405, con algunas nuevas funciones respecto al organismo precedente.

Ocho años más tarde, el Poder Ejecutivo Nacional dispone la disolución del CONCAR por considerar cumplidas las tareas de reconstrucción y crea por Ley Nº 19.616 del 8 de mayo de 1972 el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para llevar adelante la Política Nacional de Prevención Sísmica.

Actualmente, el INPRES está bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con una estructura organizativa aprobada por Decreto Nº 1142/2003 y cuya responsabilidad primaria consiste en efectuar los estudios e investigaciones básicas y aplicadas de Sismología e Ingeniería Sismo resistente destinados a la prevención del riesgo sísmico, mediante el dictado de reglamentos que permitan, en forma óptima, la estabilidad y permanencia de las estructuras civiles existentes en las zonas sísmicas del país.

En tal sentido, sus acciones están definidas en los siguientes puntos:

1. Planificar y realizar el estudio de la sismicidad del Territorio Nacional, realizando una evaluación del riesgo sísmico en todas y cada una de las zonas del país.

2. Instrumentar y operar en todo el país la Red Nacional de Estaciones Sismológicas, la Red Nacional de Acelerógrafos y, en la sede del Instituto Nacional, el Laboratorio de Estructuras Sismo resistentes.

3. Proyectar y aconsejar reglamentos que regulen la construcción en cada una de las zonas sísmicas del país.

4. Realizar los estudios tecnológicos pertinentes, brindar asistencia técnica con relación a los materiales y sistemas de construcción sismo resistente.

5. Efectuar las campañas de divulgación en todos los niveles, destinadas a informar respecto del problema sísmico y sus soluciones, realizando las publicaciones de divulgación técnica correspondiente.

6. Prestar asistencia técnica específica en los casos de desastres ocasionados por sismos, a fin de solucionar los problemas derivados de la destrucción de edificios e infraestructura civiles.

7. Implementar la Política Nacional de Prevención Sísmica.

Las recientes y variables ocurrencias de actividad sísmica en varios pueblos precordilleranos del territorio nacional, evidencian un claro y concreto riesgo de sufrir terremotos de características destructivas. Estos eventos sísmicos, además de cobrar numerosas víctimas, dejan un saldo muchas veces poco precisos, en los cuales se evidencian los daños en las infraestructuras edilicias, como los hospitales, las cuales luego de un terremoto destructivo quedan generalmente inhabilitadas.

Sin embargo, estas pérdidas pueden reducirse en gran medida, aplicando los conocimientos técnicos y científicos que proveen las distintas especialidades de la ingeniería sísmica. El Laboratorio de Estructuras de la Universidad Nacional de Salta, a través de sus investigadores, se encuentra desarrollando un método para determinar la vulnerabilidad sísmica de los hospitales de Salta, comenzando por el Hospital San Bernardo. Precisamente, se entiende por vulnerabilidad el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo, resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso; en este caso, un evento sísmico.

Para ello, en primer lugar se debe determinar cuál es esa probabilidad; es decir cuál es la "Amenaza Sísmica". El Instituto Nacional de Prevención Sísmica determinó que la capital salteña tiene un 60% de probabilidad de sufrir un terremoto de intensidad VIII en un período de 100 años. Esto ha podido determinarse con el aporte de la Geología y una rama de la Ingeniería Sísmica, que es la Sismología Histórica, que busca e interpreta datos sobre terremotos ocurridos en el pasado debiendo sumarse otros factores que pueden influir sobre el impacto del sismo en la ciudad, como por ejemplo, la amplificación de las ondas sísmicas por parte de los suelos, licuefacción y asentamiento de suelos y deslizamientos o derrumbes de laderas.

No obstante es imprescindible que la Ingeniería Sísmica, a través de sus especialidades en Estructuras, y en interrelación con la Ingeniería Sanitaria y Electromecánica, provea las técnicas para reducir los riesgos, a través de la intervención en la estructura y en los elementos no estructurales y funcionales.

Toda intervención que se realice antes de un desastre, para reducir o prevenir los daños que se puedan ocasionar se denomina "mitigación de riesgos". La mitigación de los efectos producidos por terremotos mediante la intervención mencionada, es una actividad altamente rentable; por cada peso que se gaste adecuadamente en mitigación antes de que ocurra un terremoto, se ahorrarán enormes costos representados en pérdidas que no sucedieron. Los antecedentes de desastres en países de Latinoamérica muestran que la capacidad de recuperación de las comunidades que han sufrido terremotos destructivos es, en general, baja: han debido pasar más de diez años en muchos casos, para poder reconstruir y volver a equipar los hospitales, centros educativos, viviendas y demás infraestructuras. Aún están presentes las derivaciones del terremoto que azotó el 12 de enero del corriente año a la capital de Haití, con un número incierto de víctimas fatales.

Las provincias precordilleranas no escapan a una situación semejante en cuanto a la magnitud sísmica, por lo que se puede afirmar que la mitigación no tiene costo. A largo plazo, el beneficio estará dado por las vidas salvadas y el dinero ahorrado en infraestructuras adecuadas. Un importante avance se ha logrado en el año 2002 a través de la sanción en el Congreso de la Nación de un Plan Nacional de Educación para la prevención sísmica el cual, hasta el momento, sólo Catamarca, San Juan y Mendoza lo pusieron en práctica.

Por ello, señor Presidente, ante la ocurrencia de sismos que afecten con variable intensidad pero con mayor frecuencia a vastas zonas de nuestras provincias más vulnerables, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de declaración.