La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los organismos que correspondan informe los motivos de la falta de desenvolvimiento del Programa UBA XXII, que desarrolla la Universidad Nacional de Buenos Aires en el Servicio Penitenciario Federal para los internos de los distintos institutos.

Señor presidente:

Las últimas noticias periodísticas de diversos medios han dado cuenta del desinterés del Poder Ejecutivo Nacional en la implementación de programas educativos para internos del Servicio Penitenciario Federal que sin lugar a dudas representan un camino a la resocialización e inserción de conciudadanos en el ámbito de la sociedad civil.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un recurso de amparo contra el Servicio Penitenciario Federal (SPF), acusándolo de "obstaculizar" el normal desarrollo del centro universitario que la casa de estudios desarrolla, desde hace 24 años, dentro de la cárcel de Devoto. "Son todos pequeños actos que cierran las puertas a las personas detenidas que quieren superarse y estudiar una carrera universitaria. Tenemos un excelente diálogo con todas las dependencias del Ministerio de Justicia, pero esa cordialidad se corta con el SPF, que históricamente pone trabas a nuestra tarea", explicó Leandro Halperin, representante de la UBA dentro del programa carcelario, UBA XXII. El promovió el amparo que fue presentado el 29 de diciembre pasado, pero que recién esta semana fue asignado al juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la jueza Susana Córdoba. En el texto presentado ante la Justicia, la UBA denuncia que el SPF "ha desinformado sistemáticamente" sobre las actividades universitarias en las cárceles de Ezeiza (mujeres) y Marcos Paz (varones). Además, se dice que "desalienta" a los internos a que sigan los estudios. "Lo más grave pasó en Devoto, donde unos 10 presos, todos estudiantes, fueron trasladados sin justificativo alguno, o con causas inventadas, a Marcos Paz. Así vaciaron las carreras de Sociología, Filosofía, los cursos de computación y la asesoría jurídica gratuita a otros detenidos. Reclamamos que ellos vuelvan urgente a Devoto para que pueden iniciar las clases en marzo", destacó Halperin. Por último, remarcan las innumerables trabas burocráticas que deben afrontar profesores y el personal del programa para ingresar a los distintos penales. Según datos del UBA XXII, durante el primer cuatrimestre de 2008 unos 350 estudiantes cursaron materias del CBC y de las carreras de Derecho, Económicas, Sociología, Psicología y Filosofía y Letras, así como los cursos de extensión y talleres de investigación promovidos por la universidad. Creado en 1984, ya son alrededor de 100 los presos que consiguieron un título universitario por esta modalidad presencial de estudio. La experiencia es prácticamente única en el mundo, ya que en Estados Unidos y Europa, por caso, las clases son "a distancia". Halperin recordó: "Sólo el 2% de los detenidos que siguen estudios universitarios reinciden en el delito. En el resto de la población carcelaria, la media supera el 30%". En tanto, consultados por Clarín, en el SPF dijeron desconocer las denuncias de la UBA. Aunque todavía no fueron anoticiados por la Justicia, sus voceros explicaron que el organismo "jamás" obstaculizó el normal desarrollo de los centros universitarios. Y refutaron que sea el Servicio el responsable del traslado de los presos de un penal a otro, ya que esas medidas son "dispuestas, controladas y supervisadas" por distintas oficinas del Ministerio de Justicia.

Por las razones expuestas solicito la aprobación de la presente Resolución.