La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de solicitarle que, de manera urgente, intervenga arbitrando todas las medidas a su alcance frente al despido de operarios contratados por la Empresa Iveco radicada en la Provincia de Córdoba y la precaria situación del resto de los trabajadores frente a la parálisis en la producción de dicha firma a fin de preservar estas fuentes laborales.

Asimismo, regularice el envío de los fondos comprometidos a las Empresas Volkswagen y Gestamp para los salarios caídos.

Señor presidente:

La crisis económica financiera mundial ha comenzado a impactar en nuestro país con alcances aún impredecibles. La manifestación más palpable de ello es la serie de suspensiones y despidos masivos de trabajadores registrados en varias fábricas automotrices, metalmecánica, textiles y otras.

En el transcurso de la semana pasada y en la Provincia de Córdoba se han realizado sucesivas marchas de trabajadores afectados por esta situación así como reuniones entre los obreros, sus representantes, dirigentes políticos y autoridades provinciales.

La fábrica de camiones Iveco, radicada en la Provincia de Córdoba, el pasado 19 de febrero decidió prescindir de un número aún no preciso de operarios que estaban con contratos a plazo fijo y que permanecen como suspendidos hasta el 31 de marzo próximo.

Según denuncian los representantes de los contratados, los despidos alcanzarían a 270 operarios. Mientras que fuentes ligadas al conflicto manifiestan que primero eran 320 contratados (al 31 de octubre de 2008), a quienes luego se sumaron alrededor de 40 suspendidos a fines de diciembre. Tras la conciliación obligatoria se firmó el acuerdo que extendió las suspensiones hasta el 31 de marzo, con un salario caído de 1.350 pesos; oportunidad en que muchos de los operarios afectados habrían optado por acordar con la empresa un retiro en forma anticipada.

Más allá de estas diferencias, lo cierto es que la planta de Iveco está actualmente paralizada - en febrero y marzo sólo habrá trabajo durante una semana completa en cada mes -, y con más de mil camiones varados por la caída del mercado interno.

Entendemos que existen múltiples alternativas para evitar que estos trabajadores pierdan sus empleos, y que el sostén gubernamental no puede reducirse a subsidios al sector empresarial que no tengan como correlato la preservación de las fuentes de trabajo existentes.

Otras empresas del sector y la provincia, como Volkswagen y Gestamp, han suscripto acuerdos para extender, bajo la modalidad de suspensiones, la relación laboral de operarios. La primera, ya prescindió de los servicios de la consultora que había contratado a los operarios eventuales y de los 368 afectados originalmente quedan alrededor de 100.

Por su parte, Gestamp prorrogó 226 contratos hasta el 31 de marzo, que son manejados por varias firmas de empleo eventual.

Los contratados suspendidos de ambas empresas cobran apenas 750 pesos, ya que no han llegado los 300 pesos comprometidos por el Gobierno Nacional para los salarios caídos.

En este marco de pérdida del empleo o incertidumbre sobre la continuidad del mismo, es preciso arribar a acuerdos sociales para su protección.

En ese sentido, cabe destacar que se han presentado en el Congreso de la Nación proyectos de ley tendientes a declarar la Emergencia Laboral que, como otras alternativas para proteger el empleo, debieran abordarse sin dilaciones.

Hasta tanto se arribe a estrategias integrales, de lo que no quedan dudas es que el Estado Nacional debe intervenir frente a situaciones concretas como las descriptas evitando que estos trabajadores carguen con el mayor peso de la crisis.

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.