El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º.- Incorpórase como inciso k) del artículo 118 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional el siguiente texto:

"k) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los cargos que se imponga al beneficiario de un bien inmueble de propiedad del Estado Nacional transferido a titulo gratuito por ley dictada en virtud del artículo 75, inciso 5to de la Constitución Nacional."

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La presente iniciativa tiene como objeto establecer un mecanismo de control, hasta el día de hoy ausente, sobre el cumplimiento de una obligación (cargo) impuesta al beneficiario de un inmueble que transfiere a título gratuito, por ley, el Estado Nacional, en virtud de las facultades del art. 75 inc. 5to. de la Constitución Nacional.

La normativa constitucional indica que corresponde al Parlamento "disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional". En virtud de esta norma, y por iniciativa de diversos legisladores, se sancionan leyes que transfieren a título gratuito inmuebles de propiedad del Estado Nacional a municipios, provincias, a veces otras personas jurídicas, y en algunas oportunidades, a ocupantes legítimos de esas tierras, para que las adquieran en propiedad.

La decisión de los legisladores no siempre se realiza por las mismas motivaciones. En algunas ocasiones las tierras a transferir no son de utilidad actual para el Estado Nacional, están en desuso y se estima que la provincia o el municipio podrán darle destino útil. En estos casos no suele imponerse cargo alguno. Sin embargo, en muchas oportunidades la transferencia se dispone precisamente en función de la finalidad o uso que se le dará a esa tierra. Muchas transferencias se realizan con cargo de construir en la propiedad transferida una escuela, o un polideportivo, o un espacio de actividad cultural, o un instituto de rehabilitación. Estos casos determinan la imposición de un "cargo" a la transferencia que el adquirente deberá necesariamente cumplir.

Hasta la fecha no existe ningún mecanismo de control para el cumplimiento de los cargos legalmente impuestos, y que en caso de ser desatendidos permitirían habilitar el camino de la retrocesión. Ello significa que ante una transferencia dispuesta por los legisladores con la voluntad de que en el inmueble se construya, por ejemplo, una escuela, actualmente puede burlarse dicha voluntad sin que tome conocimiento el cuerpo.

Parece necesario instrumentar un mecanismo que habilite este control para que no se frustren los proyectos para el bien público que en su caso motivaran, precisamente, la decisión de realizar la transferencia.

He entendido pertinente que dicho control quedara a cargo de la Auditoría General de la Nación, como órgano de control externo del sector público nacional y dependiente del Congreso de la Nación. A cargo de dicho cuerpo dejo la obligación de informar anualmente la fiscalización de los cargos a los cuales hice referencia.

En virtud de ello, es que solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.