La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitar que informe, a través de los organismos correspondientes, sobre distintas cuestiones referidas a la distribución de la publicidad oficial en medios de comunicación durante el año 2012:

1. Monto total de pauta oficial distribuida.

2. ¿Qué organismos estatales ejecutaron campañas publicitarias y:

2.1. ¿en qué medios fueron difundidas?

2.2. ¿cuáles fueron los fundamentos de bien público que llevaron a la toma de las decisiones en la elección del espacio publicitario de un programa u otro, en un medio u otro y los montos a asignar en cada medio o programa?

2.3 ¿cuál fue la finalidad de la publicidad en cada caso y cómo se planeó el tipo de segmentación al que se quiso llegar?

3. ¿Cuáles fueron los medios de comunicación que se presentaron como aspirantes a recibir publicidad oficial durante 2012 y no la obtuvieron. ¿Cuáles fueron las razones que sustentaron las respectivas denegatorias?

4. Señale si han existido modificaciones entre 2010, 2011 y 2012 con respecto al porcentaje de pauta oficial otorgada a los grupos Veintitrés, Crónica, y Página 12.

5. ¿Cuál fue el porcentaje de pauta recibida durante el año 2012 por los diarios La Nación, Clarín, Olé, La Razón y Perfil? ¿Se ha incrementado o disminuido su participación con relación a 2011?

6. Detalle las actuaciones administrativas que oficializaron transferencias de partidas presupuestarias durante el año 2012 para ejecutar en concepto de publicidad oficial.

7. Informe si el Estado Nacional cuenta con estudios sobre la segmentación del mercado que le permitan conocer a la población que se pretende informar.

8. A partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Editorial Río Negro SA" y "Editorial Perfil" ¿qué medidas se tomaron para evitar que el manejo de la pauta publicitaria oficial perjudique el libre ejercicio del derecho de libertad de prensa en la Nación y en las localidades del interior del país.

Señor presidente:

Nuevamente nos dirigirnos al Poder Ejecutivo para solicitar informes sobre un tema que nos preocupa de manera sustancial y que desde 2003, período parlamentario tras período parlamentario, no ha recibido un tratamiento legislativo acorde a su importancia y menos aún respuesta oficial que aclare sus términos.

Se trata del gasto en publicidad oficial, y más aún, de la distribución de la pauta oficial; ambas cuestiones denunciadas permanentemente por su arbitrariedad en los medios audiovisuales perjudicados, y numerosas veces planteadas sin éxito en esta Cámara a través de proyectos de pedidos de informe nunca respondidos.

Pese a la importancia cualitativa y cuantitativa del reparto de la pauta oficial, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien está a cargo de su reparto no proporciona la información relacionada en tiempo y forma. No se cuentan con cifras oficiales actualizadas sobre su distribución, los últimos datos cargados en la página web de la Jefatura de Gabinete, corresponden al año 2011.

Esta falta de inmediatez entre la ejecución del gasto y la rendición de cuentas no nos impide observar que año a año esas cifras aumentan considerablemente. Los datos de 2011 demuestran que el Gobierno gastó $ 771.157.683 (es decir, un 18% más que en el año 2010).

De todos modos, además de las escandalosas cifras que se gastan en publicidad oficial, nos preocupa la forma en que se distribuye esa pauta entre los medios de comunicación; ya que a través de una distribución arbitraria se cercena la Libertad de Expresión de los medios de comunicación independientes y se viola el derecho humano a la información que tienen los ciudadanos, ya que éste sufre una merma cuando el gobierno utiliza la pauta para premiar y castigar editoriales.

Coincidiendo con las palabras del informe 2003 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decimos que "la carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión".

No podemos dejar de reseñar la importancia de los antecedentes judiciales emanados del Máximo Tribunal que intentaron frenar el accionar arbitrario del Gobierno, y decimos intentar porque el fallo "Editorial Rio Negro S.A.", de septiembre de 2007, en el cual la Corte Suprema sostuvo "que la actora carece de un derecho implícito o explícito basado en la Constitución Nacional a recibir la distribución de publicidad oficial, lo que no obsta a admitir la revisión judicial frente a las decisiones administrativas adoptadas en casos de exclusión negativa de publicidad oficial, cuya arbitrariedad ha sido invocada, mediante el remedio del amparo." (Fallos: 330:3908), sigue aún sin ser cumplido por el Estado Nacional.

Asimismo, en la causa "Jefatura de Gabinete de Ministros - SMC s/ amparo ley 16.986", la Corte Suprema confirmó la sentencia de la sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que a su vez había citado como fundamento los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver el caso del diario Río Negro: "nuestro más Alto Tribunal ha recordado que el Estado -si dispone la realización de publicidad de sus actos y de la concreción de sus proyectos- no puede asignar los recursos disponibles de manera arbitraria, en base a criterios irrazonables".

A nuestro análisis, debe sumarse el reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el que se cuestiona seriamente la falta "de parámetros objetivos y precisos para su distribución" y sostuvo además que no hay constancia de que el Gobierno haya utilizado criterio objetivo alguno. Es decir que, según el relevamiento de la AGN, no se pudo determinar qué herramientas utiliza la dependencia para aprobar o rechazar un pedido de pauta publicitaria.

También la AGN encontró que de un universo de 356 medios del rubro gráfico, sólo 5 percibieron un 59,52% de lo invertido en publicidad oficial gráfica para el año 2009, cuyo monto total asciende a $233.666.790,36.

En un informe del Diario La Nación (realizado en base a estudios del sector privado, ya que no se cuenta con información oficial del año 2012) se señaló que sólo nueve empresas se quedaron con el 80% de la pauta oficial y que los grupos Telefé, Canal 9 y Manzano-Vila, fueron los más favorecidos. Asimismo, se revela que la inversión del Gobierno Nacional en publicidad en diarios y revistas, radio AM y FM, televisión abierta y paga, Internet y vía pública superó los $ 1900 millones, un 43% más que en 2011 y que el 95% de esos recursos se concentraron en TV y prensa gráfica. Según este relevamiento, los grupos de medios que en porcentaje más aumentaron su facturación de dineros públicos fueron el de Cristóbal López (300% más), que pasó de 15 millones a 61 millones de pesos brutos; Szpolski-Garfunkel, 62%; Ámbito Financiero, 54,3%; Telefé..

En contraposición, el mismo informe señala que otras empresas periodísticas prácticamente no reciben pauta oficial, como LA NACION, Editorial Perfil, El Cronista y el Grupo Clarín, entre otros. En el caso de Perfil hay un dato adicional: el gobierno nacional aumentó casi 10 veces la pauta invertida en las revistas de la editorial Televisa/Atlántida (Gente y Para Ti, entre otras), su principal competidor, que pasó de menos de un millón de pesos en 2011 a más de 8,5 millones brutos en 2012.

Por su parte, El Comité Mundial para Proteger el Periodismo realizó un crítico informe sobre la situación de la libertad de prensa y el accionar del periodismo en la Argentina. Apuntó contra "la desequilibrada repartición de la pauta oficial" por parte del Gobierno y la generación de un "clima de polarización" que provoca que

Sobre la distribución de la pauta oficial en nuestro país, el reporte de la ONG Human Rights Watch para 2011 expresa que: " La falta de criterios transparentes en la asignación de contratos de publicidad oficial en el ámbito federal y en algunas provincias genera un riesgo de discriminación política contra medios que critican a funcionarios gubernamentales".

Aunque la presidenta Cristina Kirchner, ha expresado más de una vez en Cadena Nacional la importancia del derecho a la información y recalcado que este derecho abarca a "toda la información", no ha enviado al Congreso ningún proyecto sobre Acceso a la Información Pública, ni sobre publicidad oficial.

Reclamamos la aprobación de una Ley de Publicidad Oficial que permita acordar democráticamente criterios objetivos para la distribución de la publicidad del Estado Nacional; eliminando la mecánica arbitraria actual, que la utiliza para premiar y castigar en función de las líneas editoriales. Asimismo, en el marco determinado de una ley, la publicidad se circunscribiría a comunicar cuestiones que interesen y deban conocer los ciudadanos y no se utilizaría para hacer campaña partidaria. Sería un paso importante en la tan proclamada calidad de las instituciones por parte del propio gobierno.

Sin más, queda fundamentado este proyecto de resolución solicitando a nuestros pares su pronto tratamiento y la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional.